La Sala Constitucional acogió para su estudio un recurso de amparo contra el decreto que permitiría la homologación de medicamentos, normativa que fue firmada el 22 de junio por el presidente Rodrigo Chaves y la ministra de Salud, Joselyn Chacón.
Según el Gobierno, con esta medida se reduciría de año y medio a 30 días el proceso de inscripción de medicinas en Costa Rica, lo que, según dijeron, permitiría a los costarricenses tener acceso “de manera automática” a tratamientos probados en países como los europeos, Japón o Estados Unidos
Esta disposición, sin embargo, preocupa a la Federación de ONG de Pacientes que acudió a la Sala por considerar que este decreto “permitiría la venta de medicamentos sin estudios técnicos”.
“El decreto ejecutivo N°43950-S habilita la posibilidad de que por medio de una declaración jurada emitida por el representante legal del titular del medicamento en Costa Rica, se confirme que las formas farmacéuticas que se desean registrar o renovar corresponden a la fórmula cuantitativa y cualitativa (...) con el fin de otorgar la respectiva autorización para la comercialización del producto”, cita el recurso.
“El Gobierno debe asegurar reducir el costo de los medicamentos pero no a costa de su calidad, la ciudadanía merece medicamentos que garanticen su calidad”, puntualizó Vivian Leal, presidenta de la Federación ONGs Pacientes de Costa Rica.
Esta gestión se presentó en conjunto con el Trabajo Comunal Universitario (TCU) 758 de la Universidad de Costa Rica (UCR), llamado “Acompañamiento del Derecho de Acceso a la Salud en Comunidades Costarricenses”.
“Se estaría permitiendo el ingreso de cualquier medicamento, procedente de cualquier país del mundo, aunque ese país no sea una autoridad estricta ante la Organización Mundial de la Salud. Tampoco existiría algún departamento de control y fiscalización. Se deja a la libre”, expresó Freddy Arias, asesor de la Federación, farmacéutico y coordinador del TCU 758 de la UCR.
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También se denuncia que el Decreto fue promulgado sin ser sometido a consulta previa a los colegios profesionales en salud, ni industria farmacéutica.
La normativa cuestionada fue publicada en La Gaceta el 30 de junio y entraría a regir en seis meses.
Al acoger para estudio el amparo, el 9 de setiembre, los magistrados le dieron tres días a la ministra Chacón para que responda a los alegados de los recurrentes.
“(El informe se considerará dado bajo juramento, de manera que cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir a la informante en las penas del perjurio o del falso testimonio, según la naturaleza de los hechos contenidos en él y que la omisión en informar causará que se tenga por ciertos los hechos y se pueda declarar con lugar el recurso, para cuyos efectos deberá rendirlo personalmente y no por medio de apoderado”, adviirtió la Sala.
Más documentos
Cuando el decreto se firmó, también el Colegio de Farmacéuticos había señalado la existencia de procesos que todavía deben ser cumplidos para homologar productos. Para Santiago Rodríguez, vicepresidente del Colegio, la medida impulsada por el Ejecutivo favorecerá aquellos fármacos innovadores que son, de por sí, los más caros.
“No sé el tema de los 30 días, no sé de dónde sacaron eso. Pero realmente no todos los documentos que se deben presentar se van a poder homologar, pues hay muchos que tienen que ver con la calidad y se tiene que presentar (por ejemplo) un certificado de análisis y documentos de origen”, declaró Rodríguez.