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El presidente Luis Guillermo Solís calificó como un logro histórico para Costa Rica la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordena la entrada en vigencia del decreto que regula la fertilización in vitro (FIV) en el país.
"El Poder Ejecutivo siempre ha mantenido su firme voluntad de respetar los derechos humanos de los habitantes (...) Esta resolución es de acatamiento obligatorio para todas las instituciones y personas, no puede haber ninguna duda de la contundencia del fallo", dijo el mandatario en conferencia de prensa.
Solís agregó que los recursos para que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud implementen la técnica se buscarán de alguna forma, con el objetivo de hacer efectivo el mandato de la Corte IDH.
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La norma técnica que regulará la FIV en el país está a un 90% de avance, afirmó Marvin Carvajal, asesor jurídico de Casa Presidencial. "La norma tiene un altísimo grado de avance, en cuestión de semanas estará lista", expresó.
Con Carvajal coincidió el ministro de Salud, Fernando Llorca, quien manifestó que en un máximo de un mes tendrán la normativa finalizada.
En la elaboración de ese reglamento participan las autoridades de Salud, el Colegio de Médicos, así como otros expertos y órganos, que forman parte de una comisión intersectorial y multidisciplinaria.
"Existen dos rutas de aplicación. En el sector privado se aplicará en función de la obtención de permisos que tengan laboratorios para hacerlos. Esos permisos los otorga el Ministerio de Salud según el cumplimiento de requerimientos.
"En el caso de la CCSS, se les dio un plazo prudencial para que se prepararan, no solo en materia de infraestructura y equipo capacitado para hacerlo, sino también para presupuestaran fondos suficientes para aplicar la técnica", agregó el jerarca de Salud.
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Sobre este tema, Carvajal dijo que el reglamento establece claramente que la implementación de la FIV en el ámbito público será de manera gradual, en un plazo máximo de dos años.
Ley o decreto. El presidente Solís comentó que aunque existe la posibilidad de que la Asamblea Legislativa emita una Ley que perfeccione el decreto debe apegarse a los estándares internacionales.
"Respeto la Asamblea Legislativa y la posibilidad que tienen los diputados de emitir una ley, que es un instrumento de rango mayor que el decreto y que puede estar más completa, pero esa posibilidad se aplicará solo si se apega a las disposiciones internacionales a las cuales el estado costarricense está condenado", finalizó Solís.
