De manera "inmediata", la Caja Costarricense de Seguro Social deberá iniciar todos los estudios necesarios para aplicarle la técnica de fecundación in vitro (FIV) a una pareja, cuyo tiempo se acorta para convertirse en padres.
Así lo establece una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo en contra del Estado y la Caja tras conocer el proceso que planteó el matrimonio. Los demandantes pidieron reservar su identidad.
El fallo es de acatamiento "urgente", debido a que la demandante tiene 39 años y se ha comprobado que la tasa de éxito de la FIV disminuye en mujeres mayores de 40 años.
"Lo anterior adquiere relevancia en el caso concreto, dada la incidencia que la edad de la demandante pueda tener en la aplicación del procedimiento; más aún que el Protocolo de Atención Clínica para el Diagnóstico de la Pareja o Mujer sin Pareja con Infertilidad y Tratamiento con Técnicas de Alta Complejidad en la Red de Servicios de Salud de la CCSS indica que si bien las mujeres deben ser menores de 50 años para someterse a esa técnica de reproducción asistida, ...la edad superior para realizar fertilización in vitro con óvulos propios es de 42 años...", dice el documento.
En la sentencia se indica que en caso de resultar candidatos positivos a aplicarse la FIV, se debe aplicar en las seis fases que comprende su ciclo y además aclara que si para la fecha que hubiere adquirido firmeza el fallo no ha entrado en funcionamiento el servicio de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad, la entidad deberá financiar la totalidad del procedimiento.
Además de la orden de aplicar la técnica con rapidez, el Tribunal condenó al Estado a pagar por el daño moral y el costo de los dos procedimientos aplicados: el primero en Colombia, en el año 2009, que dio como resultado el nacimiento de su hija, y en el 2014 en Panamá, cuyo resultado fue negativo.
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En relación con esos viajes, se obliga a cubrir el transporte aéreo, alimentación y hospedaje. También se les deben reintegrar los gastos médicos para la aplicación de la técnica FIV, que los demandantes costearon entre enero y julio del 2014, tanto en Costa Rica, como en Panamá.
En el caso del procedimiento realizado en Colombia, el Tribunal estimó que los gastos relacionados no deberían cancelarse por tratarse de un procedimiento anterior al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), de diciembre del 2012, por lo que de no haber existido la prohibición (por voto de la Sala Constitucional del 2000), en ese momento la Caja no habría estado obligada a dar el procedimiento.
Dichos montos serán establecidos en fase de ejecución de la sentencia.
El Tribunal sí fijó el pago de ¢15 millones para cada uno de los esposos por concepto de daño moral.
Los jueces declararon el asunto como "trámite preferente".
De acuerdo con Hubert May, abogado de la pareja, esto implicaría que, en caso de que la Caja o el Estado apelen la sentencia ante la Sala Primera de la Corte (que conoce la casación en materia contencioso-administrativa), tendría un plazo máximo de 10 días para resolver dicho recurso.
Según May, en vista de que se siguen acumulando los casos en donde se le ordena a la CCSS iniciar con el procedimiento, solicitaron audiencia a la presidencia ejecutiva de esa institución para que se les aclare por qué se sigue omitiendo el servicio.
En su solicitud de audiencia, el abogado le recuerda a la Caja que hay 35 casos llevados a la esfera judicial por falta de respuesta de la entidad.
La Procuraduría General de la República por su parte informó que tanto el Estado como la CCSS apelarán la sentencia en los Tribunales.
Mediante su oficina de comunicación, afirmaron que ya el Estado ha ganado otras sentencias sobre FIV.
Plazo vencido
Tanto en el fallo del Contencioso Administrativo, como en la última resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos los jueces recordaron a la Caja que el plazo fijado en el decreto ejecutivo que revivió la aplicación de la técnica en el país, venció el pasado 11 de setiembre.
Fue en esa fecha cuando se cumplieron los dos años que la CCSS había estipulado para capacitar el personal y contar con la infraestructura necesaria para la aplicación de la técnica.
"Si por diversos factores la CCSS no ha logrado en más de cuatro años y ocho meses (desde el fallo de la Corte IDH), tener disponible para ninguna persona dentro de sus servicios, ni se hayan materializado pasos concretos que evidencien que próximamente se brindará la FIV dentro de sus programas de salud... o que incluso, a la fecha de dictado de esta sentencia, no haya transcurrido el plazo máximo de dos años previsto en el Transitorio I del Decreto Ejecutivo 39210-MP-S (que vence el 11 de setiembre del 2017), para que la FIV entre en pleno funcionamiento en los programas de salud de la CCSS y a cuyo efectiva observancia el Estado Costarricense se comprometió, en el acuerdo amistoso homologado por la CIDH en sentencia del 29 de noviembre del 2016...; considera este Tribunal que dichas circunstancias no tienen la virtud de justificar, el no cumplimiento de la obligación que fue declarada por la CIDH en sentencia del 28 de noviembre del 2012", cita el fallo del Contencioso.
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En tanto, el acuerdo homologado en noviembre del año pasado también hace referencia a dicho plazo como parte de uno de los compromisos asumidos por el Estado y por los demandantes en un acuerdo amistoso.
"Lo anterior implica que el 11 de setiembre de 2017, dicho tratamiento debe estar disponible dentro de los programas y tratamientos de infertilidad en su atención de salud, de conformidad con el deber de garantía con respecto al principio de no discriminación"; cita el fallo.
Avance lento
A pesar de la presión judicial, la Caja aún no está lista para aplicar el procedimiento, aunque ya hay avances.
La gerenta médica de la institución, María Eugenia Villalta, aseguró que ya se realizaron los dos protocolos para la atención de las parejas.
El de baja complejidad, explicó, es el que inicia en el primer nivel de atención (los Ebáis) y ya se está desarrollando en los hospitales México y Nacional de las Mujeres, que los reciben.
Mientras que para el de alta complejidad, que es el que requiere la aplicación de la técnica, se encuentran en la elaboración de las fichas técnicas donde se indican cuáles insumos y medicamentos se van a requerir.
"En cuanto al recurso humano, tenemos cuatro especialistas en medicina reproductiva que con ellos podríamos empezar, tenemos una embrióloga formada de previo y otro capacitándose que regresaría en setiembre del próximo año", añadió.
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La Caja, además, requiere de que se construya un centro especializado, el cual se levantará en terrenos del Hospital de las Mujeres en San José y cuyo costo es de $6 millones.
Villalta aseguró que actualmente se encuentra en etapa de diseño de los planos para iniciar la fase de construcción y equipamiento. Se estima que estaría listo en noviembre del próximo año.