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Un alajuelense, de apellido Benavides, le cobró a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ¢2 millones por los 10 años que esperó para que el hospital San Rafael de Alajuela le realizara una cirugía de hernia inguinal.
Este reclamo surgió luego de que el afectado ganara un recurso de amparo, en 2015. En el voto número 2015015132, la Sala Constitucional obligó a la institución a realizarle la intervención y a pagarle los daños y perjuicios causados por el tiempo de espera.
Espera médica
Mario Zamora, abogado del alajuelense, narró que el 20 de octubre del 2005, Benavides acudió al centro de salud y, tras las revisiones y recomendaciones médicas, fue incluido en la lista para la operación. En el hospital le indicaron que lo llamarían para darle la fecha de la intervención. Sin embargo, pasó el tiempo y nunca le avisaron.
Benavides se comunicó con el centro médico en varias ocasiones, pero le indicaron que debía seguir aguardando.
“En 2015 tenía molestias por la hernia, fue al hospital con su orden de internamiento, pero le indicaron que debía esperar porque estaban depurando las listas de espera. Se procedió a la presentación del recurso del amparo, el cual se ganó y ahora, en la ejecución de sentencia, se condenó a la Caja, en junio de este año, al pago de los ¢2 millones”, explicó el abogado.
Representantes de la Caja objetaron el monto ante la Sala I.
“El 20 de julio del 2016 presentamos el recurso de casación. Esa sentencia no está en firme ni puede ser ejecutada. La posición de la Caja va en contra de que al sujeto se le otorgue esa cantidad, porque creemos que es demasiado, pero no se discute que se va a otorgar una indemnización”, manifestó Mario Cajina, jefe del área de gestión judicial de la CCSS.
A mediados de este año, la entidad informó que las listas de espera quirúrgicas crecen a un ritmo de 15.000 pacientes por mes. Para entonces, había 153.000 personas en espera de una operación.
En los últimos cinco años, las listas de pacientes en espera de un examen médico superaron las 300.000 personas.
Derecho a la salud
En su voto del 2015, la Sala Constitucional consideró que cualquier retraso de los hospitales, clínicas, y demás unidades de atención de la Caja pueden repercutir negativamente en la preservación de salud y la vida de los usuarios. Explicó que las clínicas y hospitales de la CCSS están en el deber de adoptar e implementar cambios organizacionales, de contratar personal médico o auxiliar y adquirir los materiales y equipos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas.
“Los jerarcas no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las listas de espera para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere”, consideró la Sala.
