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La FIV se aplicó aquí de 1995 hasta el año 2000, cuando fue declarada inconstitucional. | ADRIÁN ARIAS
San José
Costa Rica enfrenta una segunda denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por no permitir la aplicación de la fertilización in vitro (FIV) en el país.
La directora Jurídica de la Cancillería, Gioconda Ubeda, explicó que se trata de un segundo caso presentado por seis parejas contra el Estado costarricense desde el 2004.
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El caso llevó todo el proceso interno durante 11 años ante la CIDH y en enero de este año ese organismo internacional envió a Costa Rica un informe de fondo para que el Estado responda.
De acuerdo con Ubeda, Costa Rica pidió dos prórrogas para responder el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la segunda denuncia y esperan enviar la respuesta a mediados de setiembre.
El caso se tramita bajo el expediente 12.798 ante la CIDH y es diferente al que presentaron 23 parejas en el 2010, que concluyó con la condena a Costa Rica en diciembre del 2012 por prohibir la aplicación de la FIV.
Una vez que la Comisión Interamericana reciba la respuesta de Costa Rica, emitirá un informe final de recomendaciones entre las cuales podría pedir que se eleve la denuncia por FIV a un nuevo juicio contra el país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
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El abogado de las seis parejas, Hubert May, aseguró que están dispuestos a negociar con el Gobierno para llegar a un acuerdo que permita reglamentar la FIV en el país y concluir este tema.
"Estaríamos dispuestos a quitar la denuncia, para que el país no enfrente un segundo proceso, siempre y cuando se reglamente la FIV en el país por decreto, como lo propusimos al presidente Luis Guillermo Solís", aseveró May.
El abogado que representó a un grupo de parejas en el proceso que terminó en el 2012, Boris Molina, dijo que esta nueva denuncia pone a Costa Rica a las puertas de una segunda condena por no permitir la aplicación de la FIV.
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"Aunque es un proceso que se puede tardar al menos año y medio, el Estado se expone a llegar a un segundo juicio ante la CorteIDH por incumplir la primera sentencia", agregó Molina.
Segunda condena por FIV. En diciembre del 2012 la CorteIDH sentenció a Costa Rica por prohibir la FIV y le ordenó regular la técnica reproductiva para introducirla en los sistemas de salud pública y privada.
La fertilización in vitro fue prohibida por la Sala Constitucional en el 2000 luego de considerar que su aplicación era contraria al derecho humano a la vida.
El próximo 3 de setiembre, el Estado costarricense -representado por la Procuraduría General de la República (PGR)- debe explicar el cumplimiento de esa sentencia casi tres años después de que fuera emitida.
Decreto o ley. Las 23 parejas que ganaron el proceso legal a Costa Rica ante la CorteIDH, pidieron al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, regular la FIV por decreto debido al atraso que enfrenta el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa.
La solicitud de las parejas se dio el pasado 4 de marzo.
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El mandatario aseguró que "valora" la posibilidad de regular la técnica reproductiva mediante un decreto ejecutivo, que debe explicar la forma en que se aplicará la técnica el país, para los centros médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y para las clínicas y hospitales privados.
Mientras la Dirección Jurídica de Casa Presidencia analiza el borrador del decreto, para definir si es viable regular la FIV por es vía, el proyecto de ley que regularía esa técnica se encuentra estancado en la Asamblea Legislativa.
El expediente fue convocado por el Gobierno para el periodo de sesiones extraordinarias que va del 1° de agosto al 31 agosto. Durante este mes, el Ejecutivo tiene la potestad de definir los proyectos de ley que se discuten en el plenario y las comisiones legislativas.
El pasado 19 de agosto 27 organizaciones de derechos humanos de América pidieron al Gobierno de Costa Rica cumplir la sentencia de la CorteIDH y regular la FIV.
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