La Sala Constitucional anuló la concesión para explotar oro en una mina en las Crucitas de Cutris, en San Carlos.
El máximo tribunal avaló el planteamiento de tres vecinos sancarleños, quienes argumentaron que la extracción de oro en la zona amenazaba su derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Textualmente, el voto del 26 de noviembre pasado señala: "declara con lugar el recurso de amparo por violación al artículo 50 de la Constitución Política y en consecuencia se anula la resolución R-578-2001 que otorga la concesión de explotación minera a Industrias Infinito S. A."
Por un lado, los recurrentes y el Frente Regional de Oposición a la Minería aplauden el fallo; mientras que los voceros de la minera se declararon sorprendidos y deseosos de una aclaración.
El recurso de amparo fue presentado desde el 1° de abril del 2002 por el profesor pensionado Carlos Murillo Ulate y sus hijos: el abogado Douglas Murillo y la relacionista internacional Diana Murillo.
Tras el fallo, Carlos Murillo dijo sentirse "alegre", como si hubiese obtenido un "regalo adelantado de Navidad".
"Nosotros no tenemos nada contra ninguna compañía extranjera, solo nos interesa defender los recursos naturales de la zona", agregó el profesor.
Al mismo tiempo, Sara Obando, del Frente Regional de Oposición a la Minería, agregó que "no estaremos tranquilos hasta no tener certeza de que el proyecto no se llevará a cabo".
La mina Las Crucitas fue concedida por el Ministerio del Ambiente a Industrias Infinito desde el 17 de diciembre del 2001.
La empresa, respaldada por capital canadiense, pretende extraer unas 650.000 onzas de oro en 10 años de explotación. Para ello aplicaría un sistema de lixiviación con cianuro.
A la fecha, el proyecto tiene pendiente de aprobación su Estudio de Impacto Ambiental, que está en análisis de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
Piden una aclaración
Tras la resolución de la Sala IV, Industrias Infinito colocó en Internet un comunicado de prensa de cinco párrafos en el que asegura que la compañía cumplió con todos los compromisos legales para operar en Costa Rica.
"La única explicación posible es que dicho fallo responda a un error o a la mala interpretación del estado actual de la concesión, que fue otorgada bajo las leyes y los reglamentos vigentes en el año 2001.
El comunicado agrega que la firma está a la espera de que el Ministerio del Ambiente y Energía "tome pronto y positivamente las acciones tendientes para solicitar a la Sala IV la revisión del fallo a la luz de los derechos adquiridos".
Anoche, el ministro del ramo, Carlos Manuel Rodríguez, aseguró que no estaba enterado del voto de la Sala y que preferiría referirse al caso en cuanto esté redactado el fallo completo.