Régimen Ortega-Murillo efectúa un trabajo masivo de inteligencia en Costa Rica sin obstáculos, advirtió activista a Rodrigo Chaves

Leiva subrayó que, si bien Costa Rica ha sido históricamente un referente de solidaridad hacia perseguidos políticos, “esa tradición de garantía de seguridad para los exiliados ha sido notoriamente erosionada en años recientes”.

Denunció, ante Chaves, la supuesta presencia en territorio costarricense de agentes de inteligencia, seguridad y sicarios del régimen de Ortega-Murillo, con el objetivo “criminal” de vigilar, secuestrar y atentar contra la comunidad nicaragüense exiliada en el país.

“A causa de la incontenible acción represiva fuera de fronteras, por parte de ese régimen, la soberanía y la seguridad costarricenses se encuentran profundamente comprometidas y, por lo tanto, la vida de los exiliados nicaragüenses está en flagrante peligro”, advirtió.

Además, aseguró que el Estado costarricense “ya no está en condiciones de garantizar la integridad de quienes procuran el exilio en este país”.

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Insistió en que, si bien comunicó de la situación en numerosas ocasiones al expresidente Carlos Alvarado y al mandatario Rodrigo Chaves, sus planteamientos no tuvieron “el eco necesario” entre los funcionarios e instituciones a los que advirtió.

Leiva declaró a La Nación que incluso se reunió con el ministro de Seguridad, Mario Zamora, y se le ofreció colaboración, “pero lo que sucedió más bien fue silencio hasta la fecha”.

“Hubo un compromiso de él, en un momento determinado, de que sí, que podíamos avanzar, pero después, entre el dicho y el hecho, hay mucho trecho. Solo fueron promesas incumplidas”, dijo.

Denuncia infiltración de agentes

Leiva señaló una supuesta “estructura delictiva” de infiltración en el país, en la que los supuestos agentes nicaragüenses ingresan como perseguidos políticos, acceden a la condición migratoria de refugiados y obtienen documentos de viaje que les permiten movilizarse fuera del territorio costarricense.

“Es así como se les facilita que, bajo la falsa apariencia de refugiados políticos, cumplan su ilegal trabajo en otros países —incluido, principalmente, Estados Unidos—, generando una amenaza a la seguridad de esas naciones”, sostuvo Leiva.

Agregó que, presuntamente, además de vigilar y atacar a opositores, estas personas tendrían la misión de “desestabilizar al gobierno de Costa Rica”, sin importar quién esté en el poder. Mencionó que los agentes estarían desarrollando delitos como narcotráfico, comercio ilegal de armas, extracción de oro, lavado de dinero y trata de personas.

Casos de exiliados atacados en Costa Rica

Leiva también alertó que el riesgo ha alcanzado “límites en exceso elevados” y enumeró casos de exiliados atacados en Costa Rica.

Entre ellos, mencionó al opositor Joao Maldonado, víctima de dos intentos de asesinato en Escazú (2021) y en San Pedro de Montes de Oca (2024); en el último, su esposa Nadia Robleto resultó herida.

También citó a Edwin Jiménez Mairena, herido por disparos en julio de 2024 al bajar de un autobús, lo que lo dejó con limitaciones físicas para sostenerse él y su familia.

Finalmente, denunció el asesinato de Jaime Ortega Chavarría, exmiembro de la “contra” y líder campesino, quien tenía estatus de refugiado y fue acribillado en octubre de 2024 en Upala, tras resistirse a un intento de secuestro.

Respecto a este último caso el activista advirtió: “El crimen fue perpetrado frente a la casa de la víctima, una nueva muestra del trabajo de inteligencia que el régimen desarrolla en la comunidad de exiliados-refugiados nicaragüenses en el país”, señaló Leiva.

El jueves pasado, también asesinaron en Moravia al militar retirado Roberto Samcam, un férreo opositor de Ortega.