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El acceso público a las playas Blanca y Mantas, en Garabito, mantiene enfrentado al alcalde de esta localidad con la empresa turística Punta Leona Beach Club & Nature Resort.
El conflicto ha escalado a tal punto que el jerarca municipal, Francisco González Madrigal, ha amenazado con demoler parte de la estructura del hotel para hacer cumplir la Ley 6.043 (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre) que prohíbe la explotación de los 50 metros posteriores a la marea alta.
En respuesta, el centro turístico lo denunció penalmente por presunto abuso de autoridad y ha solicitado medidas cautelares para que ni él ni la Municipalidad de Garabito realicen acciones en contra de las propiedades.
Según el alcalde, su objetivo es brindar acceso libre a estas playas. En tanto, el resort alega que todas sus infraestructuras se encuentran en propiedad privada, y que además existe acceso público a playa Blanca a través de playa Mantas.
Origen del conflicto entre alcalde de Garabito y Punta Leona
Aunque el conflicto para acceder a estas playas en Puntarenas es de larga data, el alcalde asegura que existen resoluciones que abrieron estas playas.
La disputa reciente se inició el pasado 2 de julio, cuando el jefe municipal llegó a las instalaciones del hotel con un equipo multidisciplinario que incluía Fuerza Pública y la Policía Municipal para supervisar que se cumpliera la distancia entre el hotel y marea alta.
El club denunció que el alcalde pretendió derribar una aguja en la entrada del local. Según el alcalde, ese dispositivo es el que impide el acceso público a la playa porque se encuentra en terreno público, mientras que la empresa asegura que es una propiedad “debidamente titulada”.
Ese día, González Madrigal le dio un ultimátum a la empresa –que se cumplió el jueves 10 de julio– para que removiera parte de su infraestructura a fin de dar acceso a las playas.
Explicó que, si el hotel no cumplía, iba a proceder a expropiar o demoler la estructura que se encuentra en el espacio que él considera público. “Lo que esté construido en los 50 metros restringidos debe demolerse”, afirmó.
El hotel Punta Leona recurrió ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de Goicoechea, que acogió dos medidas cautelares provisionalísimas que presentó la empresa para impedir que la Municipalidad ejecute acciones contra la propiedad.
¿Por qué la denuncia penal contra el alcalde Garabito?
Este jueves, el hotel Punta Leona presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Garabito contra el alcalde de este municipio, Francisco González Madrigal, por presunto abuso de autoridad, con motivo de los hechos ocurridos el 2 de julio, cuando el alcalde supuestamente quiso derribar la aguja de la entrada del centro turístico.
El alcalde negó que haya llegado a derribar la aguja, sino que espera que la quite la propia empresa. No obstante, los socios de Punta Leona presentaron medidas cautelares provisionalísimas en contra del alcalde para que se abstenga de hacer acciones contra la propiedad.
¿Cómo se resolverá el diferendo?
El jueves 10 de julio, al cumplirse el plazo que dio a la empresa, el alcalde de Garabito se presentó en las instalaciones del hotel para entregarle, a los representantes de Punta Leona, las resoluciones judiciales que ordenan a la Municipalidad abrir el paso hasta playa Blanca.
Añadió que estas resoluciones datan desde el 2002, pero que ninguna de las administraciones municipales anteriores ejecutaron esta sentencia. El alcalde González Madrigal dijo que él se está encargando de acatar esta orden.
Existen antecedentes de que este conflicto se inició en 1995, y se resolvió con una sentencia que declaró público un camino que se utilizaba en 1938 para llegar a las playas.
Los socios del club argumentaron que las resoluciones ya son conocidas por ellos, y que las instalaciones están a derecho porque se inscribieron antes de la vigencia de la Ley 6.043, creada en 1977 “y por tanto, sus disposiciones no son aplicables a propiedades inscritas con anterioridad”.
Según el gerente general de Punta Leona, existe un plano constituido en 1970, es decir, siete años antes de la creación de la Ley 6.043, que establece los límites de la propiedad.
Hasta el momento la Municipalidad de Garabito no se ha referido sobre la judicialización de este caso para determinar cuál de las partes tiene la razón.
