PUSC y PLN optan por el silencio para permitir la reelección automática de magistrado

Jesús Ramírez Quirós, de 74 años, ha sido magistrado por 11.680 días, o sea, por 32 años. Ha sido reelegido tres veces en el cargo y aspira a una cuarta reelección para ajustar 40 años ocupando una de las cinco sillas de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, que resuelve en alzada los juicios penales.

Y los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC) optan por dejar que el silencio permita la reelección automática de Ramírez Quirós, sin discusiones incómodas que remuevan denuncias de hace 20 años en los micrófonos del plenario.

No es lo común que, a la hora de decidir la continuidad de los más altos jueces, los legisladores eludan sus funciones de supervisión y fiscalización para permitir la reelección automática de un miembro de la Corte Suprema de Justicia; no es lo común ni lo establecido en el libreto legislativo.

En las últimas 11 ocasiones en que los magistrados han solicitado la reelección, a todos se les ha recibido en audiencia en la Comisión de Nombramientos y, además, se ha puesto a votación su continuidad en el plenario.

Así consta en los archivos y actas legislativas, donde está en evidencia que Luis Guillermo Rivas, de la Sala I, fue a escrutinio en marzo del 2015 y se le aprobó en el plenario la reelección, en abril de ese año.

También pasaron por el tamiz parlamentario Carlos Chinchilla, de la Sala III, entre noviembre y diciembre del 2014; y la actual presidenta de la Corte, Zarela Villanueva (Sala II), entre setiembre y octubre del 2013.

Lo mismo ocurrió con Orlando Aguirre, de la Sala II; Fernando Cruz, de la Sala IV; Carmenmaría Escoto, de la Sala I; y Rolando Vega Robert, de la II.

Sin embargo, para allanar el camino de Jesús Ramírez, el diputado socialcristiano Jorge Rodríguez, actual presidente de la Comisión de Nombramientos del Congreso, dejó claro que haría lo posible por evitar ese escrutinio y para eso se alió con los liberacionistas Julio Rojas y Maureen Clarke.

El punto es que, tal como lo establece la Constitución Política, si a la fecha de vencimiento del nombramiento de un magistrado al menos 38 diputados no se han pronunciado en contra de que continúe, el juez podrá seguir en su cargo por ocho años más.

Emilia Molina y Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), intentaron por los medios posibles hacer que Ramírez fuera a la Comisión de Nombramientos y cuestionarle asuntos del pasado y del presente.

"Ese es el truco que no se vale. Aquí nosotros tenemos que tener la oportunidad de tomar la decisión cada uno de nosotros y nuestras fracciones de votar a favor o en contra de esa reelección", dijo Molina el 24 de enero, en el plenario.

La intención de la oficialista se siguió quedando en eso, porque el socialcristiano Rodríguez insistió en que es amigo de Ramírez desde hace más de 40 años y que nació en su cantón, en Paraíso. También, se ufanó de ser el voto que evitó, en el año 93, que Ramírez fuera sacado de la magistratura.

En ese año, 37 congresistas votaron en contra de la reelección, faltó uno para impedir la continuidad.

Era la primera vez que el magistrado se presentaba a examen, estando fresco el informe de la Comisión Investigadora del Tráfico de Drogas del Congreso que, en 1988, recomendó no permitir nunca más que Ramírez fuera magistrado.

LEA el informe que en 1988 recomendó no reelegir nunca más a Jesús Ramírez

Hoy, 29 años después, él no solo sigue en el cargo, sino que los diputados han ignorado tres veces la solicitud de aquella comisión investigadora que determinó que Ramírez había protegido de varias maneras al exjefe de Investigación Criminal del OIJ, Ricardo Umaña, quien fuera investigado en sedes judicial y legislativa por su amistad cercana con el narcotraficante argentino Roberto Fionna.

En la contestación que Ramírez hizo sobre el caso Fionna, en enero del 89, alegó desconocer la relación entre Umaña y el narco, además de alegar que rechazaba todas las acusaciones sobre supuesto favorecimiento al exjefe del OIJ.

El caso de Fionna y Umaña no fue el único en que se mencionó el nombre de Jesús Ramírez, pues luego, en 1989, fue reprendido por la Corte Plena por supuestamente haber ejercido presiones sobre una jueza de apellido Bolaños en favor de un empresario de automóviles.

En el 2001, 29 de 52 parlamentarios presentes en el plenario votaron en contra de la reelección. En el 2009, el silencio fue el que se impuso y permitió la reelección en automático del magistrado que hoy tiene un salario de ¢8,5 millones y una pensión aprobada por ¢7,7 millones.

Para la reelección actual, la dirección de Gestión Humana del Poder Judicial emitió un documento donde se certifica que Ramírez no tiene sanciones disciplinarias dentro de su expediente.

A criterio de Molina y Solís, la rendición de cuentas del magistrado penal es pobre, tal como lo dejan ver en su informe de minoría contrario a la reelección. En particular, les preocupa a los legisladores que sea un informe de labores "escaso".

AQUÍ la respuesta del magistrado Ramírez a las acusaciones de la Comisión de Narcotráfico

"Desde el año 1975, en el que por primera vez ocupa un cargo como alcalde (judicial) a la fecha (41 años), sólo ha participado en 10 actividades. Las actividades más antiguas se realizaron en 1977 (40 años de antigüedad) y la más reciente se llevó a cabo en el año 1992 (25 años de antigüedad), lo que denota una escasa actividad en este aspecto", comentan los diputados.

Además de eso, consideran que tener solamente cuatro publicaciones, tres de ellas sin referencias bibliográficas, no es conveniente para un magistrado de tantos años en la Sala III.

Ante la presión por que se discuta la intención de Ramírez, la jefa liberacionista, Maureen Clarke, dijo que no se trata de que el silencio sea el que facilite las cosas, sino que está en manos del presidente legislativo poner el tema a discusión.

No obstante, las mociones que se han planteado para debatir ese tema en sesión extraordinaria (fuera del horario regular), no han tenido un apoyo unánime entre los liberacionistas.

"No tengo nada que decirle de Jesús Ramírez. ¿Va a haber silencio positivo? Quién dice, eso depende del presidente, por qué ustedes (prensa) pierden de vista quién maneja la agenda del plenario. (…) No es solo eso lo que está en juego en este momento. ¿Para qué íbamos a traerlo (al magistrado a audiencia)? Ahora estamos en campaña y muchos de mis compañeros no tienen tiempo", dijo la verdiblanca ante consulta de La Nación.

También el Frente Amplio intentó que se diera una sesión extra para debatir el caso de Ramírez y, pese a que se dio un acuerdo entre jefes de fracción el 2 de marzo, para tener la discusión, finalmente los votos no alcanzaron y el acuerdo se cayó, por acción de los liberacionistas.

"Quiero unir mi voz de protesta ante lo que considero un espectáculo bochornoso, montado por las compañeras y los compañeros de los partidos del bipartidismo. Han blindado al señor magistrado Ramírez y han de nuevo provocado el escenario en donde va a tener la poco honrosa reelección por silencio positivo de los diputados y de las diputadas", reclamó Patricia Mora, en el plenario.

La última oportunidad para que el plenario debata la continuidad de Jesús Ramírez en el cargo será entre lunes y martes, porque su nombramiento vence este 14 de marzo (martes) y si el plenario no se pronuncia, como apuntan las señales políticas, el magistrado tendrá un nuevo periodo de ocho años en el puesto.