El viceministro de Paz, Víctor Barrantes, podría sumarse a la lista de altos funcionarios del gobierno de Luis Guillermo Solís que cobraron un 65% de más en su salario mensual, por un incentivo al que no tendrían derecho.
Barrantes carece del requisito indispensable de estar agremiado al colegio profesional respectivo para devengar ese plus, según la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
En criterio de la procuradora general adjunta, Magda Inés Rojas, los viceministros egresados de la licenciatura en Derecho no están cobijados por esa ley porque, al no estar incorporados en el Colegio de Abogados, no pueden ejercer libremente la abogacía.
En el caso del viceministro de Paz, durante los primeros 20 meses de su gestión fungió siendo solo egresado en Derecho y fue hasta el 29 de febrero del 2016 que obtuvo el título de licenciatura. A la fecha, no se ha inscrito en el colegio profesional respectivo.
Fue el propio Barrantes quien hizo público el eventual pago de más mediante un comunicado de prensa. Él alega que lo sucedido podría tratarse de una mala interpretación del departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Justicia y Paz.
En la nota, él dice tener dudas de la legalidad del pago y por eso solicitó revisar ese plus salarial al director de esa dependencia, desde el 23 de febrero.
Barrantes hizo la solicitud luego de que el portal de noticias elmundo.cr reveló que la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, estaba cobrando el incentivo por prohibición, a pesar de que, al igual que él, incumplía el requisito de estar incorporada en el Colegio de Abogados.
"Mi solicitud surge a raíz de los acontecimientos sobre presuntos pagos erróneos que pudieran estar percibiendo algunos funcionarios públicos por concepto de prohibición. Habiendo realizado la consulta a la Dirección de Recursos Humanos, logré constatar que, en mi caso particular, el cálculo y la asignación del incentivo se realizó bajo criterios que han sido cuestionados y no es posible derivar de dicha respuesta que el procedimiento seguido haya sido históricamente el correcto, sino más bien que podría tratarse de un error recurrente y del cual podrían derivar responsabilidades", declaró Barrantes.
De confirmarse el caso del jerarca de Paz y de su similar de la Presidencia, serían cuatro los viceministros que cobraron ese plus de manera anómala.
El primer caso fue el de la viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz, quien recibió ¢11 millones hasta mediados del 2015.
El segundo fue el de la segunda a bordo en Vivienda, Ana Cristina Trejos, quien debió alcanzar un arreglo en diciembre del 2016 para devolver ¢8 millones.
EL CASO EN GOBERNACIÓN: Carmen Muñoz devolverá a pagos giro erróneo de ¢11 millones
EL CASO EN VIVIENDA: Viceministra achaca a Ministerio pago indebido de ¢8 millones en su salario
Pronunciamientos. La ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, ordenó iniciar a lo interno de la institución una investigación para eventualmente sentar responsabilidades por el caso del viceministro de Paz, al tiempo que solicitó un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República y de la Contraloría General de la República.
"No estamos persiguiendo a ningún funcionario de esta administración ni de administraciones pasadas, sino que es necesario determinar si se ha venido haciendo un cálculo indebido, al amparo de una interpretación legal, que deberá corregirse, si es del caso y gestionar las devoluciones que procedieran", dijo Sánchez.
Mientras la Procuraduría y la Contraloría se pronuncian, Barrantes solicitó que se le deje de pagar un 20% de ese incentivo y afirmó estar dispuesto a devolver lo que se le pagó de más si se comprueba la irregularidad.
Si bien la procuradora Rojas afirma que la Ley contra la Corrupción no aplica para los egresados en Derecho, los viceministros en esas condiciones sí podrían cobrar una compensación distinta, pero de un 45%.
Según Rojas, el artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los alcances de la Ley de Compensación por Pago de Prohibición, ley 5867 y sus reformas, sí permiten el pago por prohibición a los abogados del Poder Ejecutivo "egresados de programas de licenciatura, maestría o doctorado en Derecho".