El dueño de Pedregal demandó al Partido Nueva República, de Fabricio Alvarado, por un préstamo de campaña. Foto: Jorge Navarro
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) retuvo un giro de más de ¢66 millones al Partido Nueva República (PRN), liderado por el diputado Fabricio Alvarado, debido al embargo judicial solicitado por un financista de campaña y a que la agrupación incumplió con la entrega de una auditoría a sus estados financieros.
El dinero corresponde a los gastos de organización hechos por Nueva República en el segundo semestre del 2022.
Fabricio Alvarado, quien además es secretario general del PNR, dijo a La Nación que no contar con recursos afecta la actividad del partido, pero “la mística de los dirigentes ha sido admirable pues realizamos toda la renovación del partido, entre diciembre de 2022 y mayo de 2023, sin contar con recursos económicos por ese motivo”.
“Nuestra gente se puso la camiseta y trabajó con mística para hacer el trabajo. Hablamos de un esfuerzo por hacer las 84 asambleas cantonales en todo el país, las siete provinciales y dos asambleas nacionales”, expresó.
Las causas
Copiado!
El TSE explicó que, en primer lugar, Nueva República incumplió con el requisito fijado en el artículo 135 del Código Electoral, el cual señala que la tesorería de cada partido político debe remitir, a más tardar el mes de octubre de cada año, un estado auditado de sus finanzas con la lista de sus contribuyentes o donantes, para ser publicada por el Tribunal en su sitio web.
Sin embargo, aun si el partido lograra subsanar esta situación, tampoco podría recibir los recursos debido a la orden de embargo que pesa sobre Nueva República por un monto de ¢502 millones, emitida el 9 de enero de 2023 por el Juzgado de Cobro de Heredia dentro del expediente 22-007983-1158-CJ.
Esa es una solicitud de embargo interpuesta por el dueño de Pedregal, Rafael Ángel Zamora Fernández, quien alega el impago de un préstamo que hizo a la agrupación del Fabricio Alvarado Muñoz en diciembre de 2021, durante la campaña previa a las elecciones nacionales del 2022.
La defensa de Zamora sostiene que el préstamo fue por ¢300 millones, y que los ¢202,4 millones restantes son un estimado por intereses y las costas del proceso.
La parte demandante dice tener un pagaré que fue firmado por Francisco Prendas Rodríguez, quien fue presidente de Nueva República durante la campaña y candidato a diputado. Como fiadores, aparecen el tesorero César Zúñiga Ramírez y el otrora estratega de campaña de Fabricio Alvarado, Iván Barrantes.
En enero pasado, Fabricio Alvarado dijo a La Nación que “este es un cobro ilegítimo e improcedente y así se demostrará por parte de Nueva República en el proceso de cobro judicial”.
El partido alega que Zamora recibió bonos de deuda política del PNR, y que estos bonos de deuda política fueron embargados por su mamá en un proceso judicial que ella tiene contra las empresas relacionadas con su hijo.
