Ante la Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral, Cruz dijo que un extranjero, el asesor político argentino José Norte, donó información de big data en la campaña del 2022.
Además, dijo que una casa utilizada en San Pedro de Montes de Oca, la cual albergó al equipo de comunicación de Chaves de cara a la segunda ronda, no fue reportada al TSE por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) porque se trató de “una negociación entre empresas privadas”.
La asesoría del extranjero, director de la empresa Reputación Digital, tampoco fue reportada, a pesar de que el Código Electoral prohíbe y castiga tanto las donaciones de foráneos como el ocultamiento de aportes.
Rónald Chacón, jefe del departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, informó de que, “una vez analizadas las declaraciones dadas bajo fe de juramento por el señor Federico Cruz Saravanja”, se dispuso abrir la investigación administrativa preliminar, bajo el expediente n.° DFPP-EE-009-2023).
Chacón precisó que se indagará si se cometieron los delitos tipificados en los artículos 274 inciso b) y 275 inciso b) del Código Electoral.
El primero impone de dos a cuatro años de cárcel al extranjero que realice aportes a una campaña en Costa Rica.
El segundo prevé de dos a seis años de cárcel al dirigente partidario que reciba contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte valiéndose de una estructura paralela para evadir el control del partido político.
El TSE también analizará si se cometieron las posibles faltas electorales sancionadas en el inciso b del 287 y en los incisos a y c del 288.
En el primer caso, se impone una multa de dos a 10 salarios base a quien incumpla el principio de cuenta única para el financiamiento partidario.
Los otros dos incisos exigen una sanción económica a los partidos que incumplan los requisitos de las donaciones privadas y reciban aportes fuera del país.
La multa equivale al doble de la donación ilegal.
