El Gobierno pretende que la Dirección de Tributación Directa pueda embargar los bienes y las cuentas bancarias de los contribuyentes que califique como morosos, sin que medie la orden de un juez.
Ese es uno de los excesos que el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa encontró en el Proyecto de Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, primera reforma legal impulsada por la administración de Luis Guillermo Solís para combatir el déficit de las finanzas públicas.
El informe, concluido esta semana, advierte de que se podrían afectar los derechos a la propiedad y a la intimidad de las personas porque los funcionarios de Tributación podrían tomar posesión de cualquier dinero depositado en cuentas bancarias, ingresos provenientes de salarios y pensiones.
También, sin orden judicial, esa dependencia del Ministerio de Hacienda podría embargar bienes y entrar a negocios o establecimientos.
El documento también advierte sobre la potestad que tendría la Administración Tributaria para ejecutar los embargos mediante la subasta, el concurso o la adjudicación directa.
“Esta asesoría considera que podría ser inconstitucional que administrativamente se disponga de los bienes de una persona, pues se podría violar el artículo 45 constitucional (que establece que la propiedad es inviolable) y el principio de separación de poderes. Reiteramos que es al Poder Judicial a quien le compete conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso-administrativas”, señala.
Según el estudio, que no es vinculante, la propuesta contiene una serie de normas que rozan con la Constitución Política o bien, que podrían resultar irracionales.
La presidenta de la Comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, la socialcristiana Rosibel Ramos, se opone a que Hacienda “decrete y administre” embargos. Alega que esa es potestad de los tribunales de justicia.
“La Administración Tributaria sería juez y parte. En la fracción (del PUSC) acordamos que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y no vamos a permitir que este proyecto se apruebe así como está. Se le daría armas a Hacienda para que sean dueños de este país, de la empresa privada”, aseguró Ramos.
El viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, adujo que la reforma no es un “invento” del Ministerio, sino que se basa en estudios técnicos de otros países, especialmente en uno elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Agregó que la intención es darle a Tributación armas para cobrar a los evasores cuyas deudas estima hoy en ¢58.000 millones: “Esos procesos deberían ir moviéndose del plano judicial al administrativo, que sean las mismas administraciones tributarias las que tengan esa potestad de ejercer el cobro coactivo”.
“Cuando se trata de recuperar el dinero a veces tarda tanto el proceso judicial que, cuando ya llegamos, la sociedad o la empresa no existe, el negocio se le vendió a otra empresa, ya no hay nadie a quién cobrarle, no hay patrimonio, ni cuentas que se puedan embargar, y evidentemente eso nos está llevando a perder plata para el fisco”, declaró Rodríguez.
El Ministerio de Hacienda estima que, con la aprobación de este proyecto, los ingresos fiscales aumentarían en ¢100.000 millones anuales; es decir, un 0,3% del producto interno bruto (PIB).
Otros excesos. Servicios Técnicos cuestiona que Hacienda pueda notificar a los deudores mediante correos electrónicos que estos podrían desconocer, porque la misma Tributación los crearía. La notificación sería válida independientemente de si fue leída o no. El informe califica esto de inconstitucional, debido a que viola el derecho al debido proceso.
Además, considera que sería “arbitrario” que al contribuyente no se le permita definir el lugar dónde va a ser notificado.
Asimismo, calificó de contrario al secreto bancario que Hacienda, sin orden judicial, pueda pedir a los bancos los peritajes de bienes que las personas pagaron para gestionar créditos.
El viceministro Fernando Rodríguez dijo desconocer el informe de Servicios Técnicos, pero reconoció que el texto del proyecto puede ser modificado.
“Aquí no importa si el gato es negro o blanco, lo importante es que cace ratones, no importa si el texto dice lo que nosotros pusimos o dice otra cosa que en la Asamblea decidieron ponerle. Lo que importa es que salga y que cumpla la función que estamos previendo que cumpla. Si Servicios Técnicos señala que hay que arreglar algunas cosas, nosotros hemos estado desde el principio en la mejor disposición de revisarlas y lo importante es corregirlas y que sigamos adelante, que no dejemos que esto se empantane, sino al final terminamos perdiendo todos”, afirmó Rodríguez.
