Representantes de los tres supremos poderes acordaron este lunes impulsar con urgencia, en la Asamblea Legislativa, tres iniciativas de ley destinadas a fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana.
El acuerdo se deriva de una mesa de trabajo inaugurada a finales del año pasado, que sesionó por primera vez este lunes 8 de enero.
La primera reforma, que se tramita bajo el expediente legislativo 23.746, propone modificar la Ley de Registro y Archivos Judiciales.
El objetivo es ampliar a diez años o más el periodo durante el cual debe constar las condenas recibidas por las personas, a partir del momento en que terminen de cumplir la sentencia, según explicaron la diputada Gloria Navas, coordinadora de la mesa, y el fiscal general Carlo Díaz. Actualmente, los registros se eliminan en periodos que van de cero a diez años, dependiendo de la gravedad del delito.
El proyecto busca evitar que individuos sentenciados, una vez eliminados del registro, cometan un nuevo delito como delincuentes primarios y reciban beneficios carcelarios, de acuerdo con el fiscal Díaz.
La segunda propuesta, tramitada en el expediente 23.800, está vinculada a la Ley de Opciones y Naturalizaciones. En este caso, se pretende evitar otorgar la naturalización a extranjeros que hayan sido condenados por delito doloso, con pena de prisión superior a los tres años en los últimos diez años, sea en Costa Rica o en el extranjero.
También, se anularía la naturalización en los casos en que la persona gestionante tenga procesos judiciales penales pendientes, siempre y cuando la conducta ilícita sea reconocida como tal dentro de la legislación costarricense y el sujeto sea imputable.
La tercera iniciativa tiene como objetivo agilizar el proceso de decomiso de activos vinculados al narcotráfico, con la intención de redistribuir estos recursos entre las fuerzas policiales. Este enfoque busca fortalecer las capacidades operativas de las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado. Se tramita bajo el expediente 22.834.
La diputada Navas, del partido Nueva República (PNR), lidera la mesa de trabajo, contando con la participación del presidente legislativo, Rodrigo Arias, quienes representan al Poder Legislativo en este esfuerzo conjunto.
Asimismo, la mesa incluye al fiscal general Carlo Díaz, en representación del Poder Judicial; y a la ministra de la presidencia, Natalia Díaz, junto con el director del Instituto Costarricense de Drogas (ICD), Fernando Ramírez, por parte del Poder Ejecutivo.
En la última sesión, la mesa consensuó avanzar en el análisis de una reforma constitucional que permita la extradición de delincuentes nacionales solicitados por otros países. Esta propuesta, presentada por el Ejecutivo, cuenta con el respaldo del fiscal general, quien señala la posibilidad de avanzar especialmente en casos relacionados con el narcotráfico.
Además, se acordó avanzar en una reforma a la prisión preventiva, tema en el cual la ministra de la Presidencia ha hecho hincapié, junto con la necesidad de revisar la ley de armas.
En relación con la prisión preventiva, el fiscal general subrayó la importancia de considerar la jurisprudencia que establece la necesidad de demostrar peligro de obstaculización o fuga para imponer esta medida cautelar. La propuesta de reforma busca simplificar este proceso, eliminando la obligación de que el juez evalúe el riesgo de obstaculización o fuga, centrándose únicamente en la probabilidad de comisión del delito, según explicó el fiscal.
