Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, calificó la actuación del BN como “uno de los más corrosivos métodos de censura indirecta”.
“El uso antojadizo de la publicidad oficial por parte de jerarcas estatales no sólo es un ataque a la libertad de expresión, sino que configura también un acto de corrupción, pues se trata del manejo ilegítimo de dinero público (que pertenecen a todos los ciudadanos) en beneficio de los circunstanciales administradores públicos”, sentenció Paolillo.
El también director del semanario uruguayo Búsqueda no solo cuestionó la reacción del Banco Nacional, sino también la del gobierno de Luis Guillermo Solís en general.
Así lo hizo en un comunicado de prensa que distribuyó entre sus 1.300 miembros y que colgó en la página principal del sitio web de la SIP .
En su criterio, la labor de la actual administración atenta contra los avances alcanzados en sentencias judiciales, en favor de la libertad de prensa.
“Nos sorprende y alarma que las autoridades del Banco Nacional y, en general, el Estado costarricense, desconozcan esa jurisprudencia, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las reiteradas advertencias de los relatores para la Libertad de Expresión de la OEA (Organización de Estados Americanos) y de la ONU (Organización de Naciones Unidas)”, continuó el jerarca de la SIP.
En particular, hizo hincapié en el incumplimiento a los principios seis y siete de la Declaración de Chapultepec , un compromiso en favor del derecho fundamental a la libertad de expresión, que el propio presidente Luis Guillermo Solís firmó en mayo del 2015.
En ese documento se establece que “los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan” y que “la concesión o supresión de publicidad estatal no debe aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”.
“Claramente, de acuerdo con la información recibida por la SIP, las autoridades del Banco Nacional de Costa Rica (aunque esa institución pública no es la única) han ignorado esos principios y, también, el hecho de que el presidente de la República los haya hecho suyos hace poco más de un año en un acto oficial”, expresó Paolillo.
La Declaración de Chapultepec ha sido suscrita por decenas de presidentes de todos los países de América, desde 1994.
El gerente general del Banco Nacional, Juan Carlos Corrales, reconoció que su entidad decidió dejar de pautar publicidad en este medio debido a los reportajes críticos de los últimos meses .
Además, el BN emprendió otra serie de acciones contra La Nación como acometer presiones sobre miembros de la Junta Directiva y funcionarios del Banco para que renunciaran a su derecho a la privacidad, y así, tener acceso a sus computadoras y correos electrónicos, en busca de quién filtró información.
El Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), del cual el BN es dueño de un 49%, también fingió una exigencia de Estados Unidos para tratar de investigar la filtración de un documento.
