San José
La Sala Constitucional acogió una acción de inconstitucionalidad contra el decreto que emitió el Poder Ejecutivo para regular la fertilización in vitro (FIV) en el país.
Tal decisión implica que la técnica de reproducción asistida no se podrá implementar hasta tanto la Sala no resuelva la acción, tarea para la cual no tiene un plazo establecido.
La acción la acogieron para su estudio los magistrados este miércoles 7 de octubre por votación de cuatro contra tres.
Fue en el 2000 cuando la propia Sala IV decidió por mayoría de sus magistrados prohibir la implementación de la FIV en Costa Rica.
La normativa estableció un plazo de seis meses para que el Ministerio de Salud creara la normativa técnica y los protocolos para la transferencia de óvulos, y dio a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) un plazo de hasta dos años para empezar a implementar la FIV. Esos plazos empezaron a correr al momento de la publicación del decreto.
El diputado Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), quien es uno de los firmantes de la acción que acogió la Sala, dijo estar satisfecho con la decisión de los magistrados que, según él, demuestra que los alegatos del bloque de diputados cristianos son razonables.
Redondo explicó que la acción se sustenta el cuatro pilares.
Primero, los legisladores cuestionan consideran que la regulación de la FIV se puede realizar únicamente mediante la aprobación de una ley por parte de la Asamblea Legislativa y no mediante un decreto ejecutivo, como lo hizo el gobierno de Solís.
El segundo argumento es que dicho decreto violenta la autonomía de la CCSS, al imponerle cargas financieras por el costo de la técnica de fecundación asistida.
En tercer lugar, los legisladores afirman que el decreto violenta la Convención sobre los Derechos del Niño, que firmó el país y que resguarda el interés superior del menor, así como va en contra del principio constitucional de que la vida humana es inviolable.
Por último, Redondo y los demás diputados cristianos argumentaron que el decreto emitido por el Poder Ejecutivo violentó la división de poderes, al ser competencia exclusiva del Parlamento la promulgación de las leyes.
"Lo más importante de esto es que nos permite salvar vidas humanas, porque cada día que podamos retrasar la FIV estamos salvando la vida a embriones humanos", recalcó Redondo.
Antes de publicarse el decreto, el director jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal, declaró ante los medios de comunicación que el decreto que estaba por publicarse, era lo suficientemente fuerte para superar el tamiz de la Sala Constitucional.
El decreto fue la respuesta del Poder Ejecutivo al incumplimiento en el que cayó el país de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que el 20 de diciembre del 2012 condenó al Estado por haber prohibido la FIV 12 años atrás.
En su sentencia, la Corte IDH exigió la reactivación de la técnica de fecundación asistida, aspecto en el que Costa Rica entró en mora que el gobierno pretendió solucionar con el decreto del presidente Solís.
Al cierre de esta nota Casa Presidencial no había emitido ningún comentario sobre la decisión de la Sala Constitucional.