El presidente de la República, Rodrigo Chaves, acudió este viernes 19 de julio a la Fiscalía General de la República para declarar, en calidad de ofendido, en dos procesos penales. Uno de los expedientes se abrió ante una denuncia del mandatario y el otro, de oficio.
La Fiscalía explicó que el primero de esos casos se tramita bajo el expediente 23-000759-619-PE en la Fiscalía Adjunta de San José, Primer Circuito Judicial, contra la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, por el supuesto delito de captación indebida de manifestaciones verbales.
Este caso se abrió luego de que Rodrigo Chaves y el entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, denunciaron en diciembre del 2023 a Patricia Navarro y al diario La Nación por dar a conocer audios en los que se evidencia cómo se fraguó la contratación irregular del empresario Christian Bulgarelli, con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Los audios, captados por la exjerarca durante reuniones en Casa Presidencial, también exponen cómo Rodrigo Chaves propuso tomar el control de los presupuestos publicitarios de las instituciones descentralizadas, con el fin de distribuirlo según su criterio.
Las grabaciones fueron parte fundamental del trabajo periodístico “Los audios de presidencia”, publicado por La Nación durante las primeras dos semanas de diciembre del 2023.
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Zapote argumenta que los audios corresponden a conversaciones privadas. Incluso, Rodrigo Chaves solicitó a la Fiscalía ordenar a este medio detener las publicaciones, en diciembre del año pasado.
No obstante, el Ministerio Público rechazó su petición al señalar que las grabaciones no corresponden a conversaciones privadas, sino que se trata de empleados públicos hablando sobre dinero y contratos públicos. Además, según dijo en aquel momento la Fiscalía, la solicitud de Chaves de detener las publicaciones de los audios constituía una censura previa, acción que está prohibida en Costa Rica.
Tras salir de su cita este viernes, el presidente insistió en que las grabaciones fueron realizadas ilegalmente y en secreto, y criticó que lo citaran hasta seis meses después de que se publicaron.
“Ella empezó a grabar de manera ilegal; me dicen los abogados que la única excusa que ella podría usar es que ella creía que iba a haber un delito, pero creía que iba a haber un delito el primer día de trabajo en la oficina, y grabando a sus colegas tomando café. A mí eso me parece una excusa risible”, aseguró Chaves.
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El segundo caso por el cual el presidente Rodrigo Chaves se apersonó este viernes a la Fiscalía se tramita bajo el expediente 24-000032-0033-PE, en la Unidad de Trámite Rápido (UTR) de la Fiscalía Adjunta de San José.
La investigación se abrió de oficio contra la exfuncionaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Jimena Rueda Ledezma, quien publicó en su Instagram un mensaje amenazante contra el presidente Rodrigo Chaves. A ella se le indaga por el presunto delito de amenaza a empleado público.
El pasado 17 de mayo, Presidencia denunció que Rueda publicó en su Instagram una noticia relativa al mandatario y escribió el comentario “ya esto amerita un francotirador”.
La noticia era un artículo del semanario Universidad sobre declaraciones ofrecidas por Chaves, en las que dijo que el gobierno no destruiría el tesoro natural de la costa sur de Limón, pero tampoco se lo dejaría a la fauna.
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Como consecuencia de la denuncia, Rueda Ledezma, quien laboraba como asistente legal en la Corte IDH, presentó su renuncia el propio 17 de mayo.
La Secretaría de la Corte emitió un comunicado en el que aclaró que la publicación de Rueda fue a título personal. Además, según Zapote, el organismo internacional abrió una investigación contra la funcionaria y se comunicó con el presidente Chaves para ofrecerle las disculpas.
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La Fiscalía explicó que la citación a Rodrigo Chaves tiene como objetivo que las fiscales a cargo de cada expediente le notifiquen sus derechos como víctima, tal como lo establece el artículo 71 del Código Procesal Penal.
Además, dado que la causa contra Rueda Ledezma se abrió por oficio, la fiscal le consultó al presidente si desea brindar su declaración, ya que tiene la posibilidad de ampliar la denuncia.
Al respecto, Chaves indicó que este presunto delito no fue contra él, sino contra la democracia costarricense, ya que eliminar físicamente al presidente del país es violentar la voluntad popular. También, criticó la lentitud de la Fiscalía para iniciar las investigaciones.
El Ministerio Público comunicó que la diligencia se realizó en la Fiscalía General en virtud de que ni en la Fiscalía de San José ni en la UTR existe un espacio idóneo y amplio para recibir al funcionario y a su equipo. “Cabe resaltar que el fiscal general Carlo Díaz no tramita estos casos, y que hoy él no se encuentra en su despacho; se encuentra trabajando fuera de esas instalaciones”, informó.