El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, impulsará cuatro proyectos de ley en materia de seguridad, entre los jefes de las fracciones legislativas, con el apoyo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y el fiscal general, Carlo Díaz.
Así lo anunció este lunes el jerarca del Congreso luego de reunirse con los representantes policiales del Poder Ejecutivo y del Poder Judicia.
Se trata de cuatro reformas legales, todas ellas ya en corriente legislativa, que básicamente reformarían las leyes contra la delincuencia organizada y reforzarían la capacitación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea, la diputada Gloria Navas, detalló los cuatro expedientes acordados en la reunión.
En primer lugar, el expediente 23.090, que reforma la Ley contra la Delincuencia Organizada, para fortalecer los tribunales especializados en esta materia y afinar los mecanismos para declarar materias dedicadas a este tipo de delincuencia.
Adicionalmente, se establece que todos esos delitos son de acción pública y no privada, así como una ampliación de los plazos para la tramitación de este tipo de investigación judicial.
El segundo expediente es el 22.834, también para reformar la Ley contra la Delincuencia Organizada, que facilita el ataque directo a capitales emergentes de dudoso origen.
“Se trata de una derivación de la extinción de dominio, donde se crean normas para regular los bienes que se obtienen por negocios ilícitos, para capturar los bienes propios de esta delincuencia”, explicó Navas, quien enfatizó que esa potestad la tendría la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
La tercera iniciativa de gestión más urgente, y consensuada entre los voceros de los tres poderes, es el proyecto 21.643, que busca crear un centro de capacitación para el Organismo de Investigación Judicial en terrenos de la Escuela Judicial.
La cuarta iniciativa de consenso es el 22.590, que reforma la Ley General de Telecomunicaciones para sancionar penalmente a quien fabrique, comercialice, transporte y utilice ilegalmente dispositivos de radio frecuencias.
Esos proyectos de ley que unen a las reformas que el Poder Judicial le solicitó al Congreso tramitar
Entre estos están una reforma al artículo 11 de la Ley de Registro y Archivos Judiciales, para que se puedan mantener por más años los antecedentes penales de quienes han cometido delitos.
Otra reforma modifica el Código Procesal Penal para que se dé prioridad al señalamiento de audiencias y juicios en los que se haya ordenado la protección de víctimas y testigos.
Adicionalmente, se pidió un ajuste a la Ley sobre registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones, para permitir las escuchas telefónicas en investigaciones sobre femicidios y soborno transnacional.
También, se impulsa una reforma para que, cuando un accidente en carretera provoque una muerte, la Policía Judicial pueda levantar el cuerpo sin la presencia de un juez.
“Hemos logrado identificar los proyectos prioritarios para darles a los organismos correspondientes los instrumentos legales más eficaces para combatir la delincuencia y el narcotráfico”, declaró Rodrigo Arias.
Calificó el encuentro de este lunes como una primera reunión, porque consideró imposible poder decir que todo se logró en la primera cita.
“Vamos a hacer una reunión con los jefes de fracción, el fiscal general, el presidente de la Corte y doña Gloria, para compartir estos proyectos en que hemos logrado consenso”, dijo el presidente del Congreso.
