El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, junto con ocho diputados más, acogió el proyecto de Ley de Ejecución de la Pena remitido a la Asamblea Legislativa por la Corte Suprema de Justicia, el 20 de octubre pasado.
Se trata de una propuesta construida por la Sala de Casación Penal, la Fiscalía General de la República y la Defensa Pública, con el apoyo de jueces especializados en ejecución de la pena.
La iniciativa busca llenar el vacío legal existente desde 1973 en normativa sobre el cumplimiento de las penas impuestas por el sistema judicial, luego de la aprobación del Código Penal, ese año.
Tal como lo detalla la exposición de motivos del expediente 20.419, el proyecto define los principios rectores presentes de forma transversal de la fase de ejecución de la pena.
Asimismo, describe los derechos y deberes de las personas sentenciadas, para brindar un marco de seguridad jurídica a ese procedimiento, y plantea un desarrollo sobre las funciones del Sistema Penitenciario Nacional, como dependencia del Ministerio de Justicia y Paz que tiene a su cargo el control y vigilancia de la efectiva ejecución de la sanción penal.
En ese sentido, se describen las funciones de los órganos administrativos, las modalidades y niveles de atención, valoraciones profesionales, ubicación y régimen disciplinario encargados de la ejecución penal.
La iniciativa evita entrar en detalles sobre la organización del Sistema Penitenciario, puesto que ese asunto es resorte enteramente del Ministerio de Justicia.
El proyecto también contiene regulaciones del procedimiento incidental que pueda responder a gestiones diversas y peticiones de las partes, así como las funciones de vigilancia que deben cumplir las personas juzgadoras sobre la actividad penitenciaria.
En su planteamiento, la Corte destacó que se trata de un proyecto eminentemente técnico, que es “no solo una necesidad, sino una obligación de parte del Estado” para contar con un instrumento jurídico con carácter de ley que “determine la manera en que se ejecutarían las sanciones y medidas de seguridad” en el país.
Aparte de Arias, firman la iniciativa Gloria Navas Montero, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico; los liberacionistas Alejandra Larios y Gilbert Jiménez; Horacio Alvarado, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Gilberto Campos, del Liberal Progresista (PLP); los oficialistas Jorge Rojas y Alexánder Barrantes, y Priscilla Vindas, del Frente Amplio.
El presidente del Congreso destacó los ajustes y enfoques renovados para ejecución de las penas que contiene la propuesta de la Corte, con el establecimiento de medidas más efectivas para enfrentar y reducir la criminalidad, enfocándose en la rehabilitación y reinserción de los infractores.
De paso, Rodrigo Arias le pidió al presidente de la República, Rodrigo Chaves, que convoque el proyecto de ley en este periodo de sesiones extraordinarias, en las que el Poder Ejecutivo tiene el control de la agenda parlamentaria.
“El proyecto pretende ser un paso significativo en la construcción de un sistema de justicia penal más eficiente y justo, buscando garantizar tanto la protección de la sociedad como la reintegración de aquellos que hayan cometido delitos”, destacó.
Por su parte, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, puntualizó que recién se enteró hoy de la existencia del proyecto y alegó que deben revisarlo y estudiarlo, pues tendrían que definir si es la propuesta adecuada, o si tendrían que construir otro a partir de esta propuesta del Poder Judicial.
