Con el proyecto de ley sobre empleo público recién salido del horno, los diputados reaccionan tímidos ante la propuesta presentada por el gobierno de Carlos Alvarado este lunes. Las primeras declaraciones de representantes de las bancadas de la oposición son de prudencia y análisis.

Específicamente, diputados de Restauración Nacional respondieron que apenas tienen en lectura de sus asesores las iniciativas, en particular aquella que introduce la modalidad del salario único. Así lo informaron Carlos Avendaño, jefe actual de la bancada, y Eduardo Cruickshank, el jefe entrante.

“Es un tema grande, un tema país, que quedó en paralelo a la reforma de las finanzas públicas. Se debería analizar antes de decidir si requiere un trámite rápido o normal”, comentó Avendaño.

Cruickshank manifestó que espera un “manejo adecuado” de parte de las autoridades del Gobierno, porque considera que las iniciativas serán “conflictivas”. Añadió que espera que no dividan al país, “como sucedió con el plan de fortalecimiento de las finanzas públicas”.

El diputado evitó opinar si las iniciativas presentadas son las necesarias, aunque aceptó que se debe “analizar seriamente” la situación del empleo público en el país.

En la Unidad Social Cristiana (PUSC), aún desconocen los detalles, lo que significa que prefieren un estudio más detallado del texto presentado por la ministra de Planificación, Pilar Garrido.

No obstante, el vocero de la Unidad, Erwen Masís, indicó que le parece bien que se inicie la discusión sobre el empleo público y sobre la visión que se desea sobre la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

“Es muy importante porque con Recope se ha querido avanzar, pero sin decirnos cuáles son las metas, los objetivos, cómo se atendería la demanda, la productividad. Todo eso era, hasta ahora, un secreto”, dijo el socialcristiano.

Pablo Abarca, también del PUSC, consideró que el reacomodo del empleo público es fundamental para “tomar decisiones de cara a asuntos importantes en el país”.

“Esperamos que se pongan orden y se le permita al país tener un ordenamiento administrativo y de personal contundente”, puntualizó. Añadió que la idea del salario único es la posición correcta, para no supeditar el crecimiento a un porcentaje o, incluso, hacerlo a un porcentaje más razonable.

Silvia Hernández, futura jefa del Partido Liberación Nacional (PLN), explicó que esperaba no solo una explicación de los detalles sobre recurso humano, reclutamiento y plazas, sino también sobre cuánto ahorro le van a significar al Estado esas propuestas.

“Esperaba que se centrara en decir qué tiene para hacer un uso más eficiente de los recursos públicos, el impacto, escuchar de parte de Hacienda qué pasa con la evaluación pública, cómo empata lo hecho en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas con esto de ahora”, comentó.

Hernández manifestó que es necesario, para los legisladores, saber si un proyecto es mejor que otro, o si es mejor hablar de contención de gasto en ciertos temas. A la diputada le parece que se apunte hacia el salario único por el problema de la disparidad salarial en el sector público.

El liberacionista Roberto Thompson afirmó, consultado por la TV Legislativa, que es necesario tomarse el tiempo para analizar con cuidado el proyecto.

“Este tema forma parte de un esfuerzo nacional que debe hacerse para reformar la institucionalidad. Es la oportunidad para que también se aporte desde el punto de vista del Estado, no solo al mejoramiento de las finanzas, sino también a un mejoramiento de las finanzas”, comentó el verdiblanco.

El exalcalde de Alajuela sostuvo que el salario único es una propuesta correcta, “en términos generales”, para reordenar.

“Uno de los problemas es el desorden que ha habido en esta materia (empleo público)”, finalizó el legislador.

Empresarios confían en plan de empleo público; sindicatos dudan de propuesta

Entre las primeras reacciones que lanzaron los empresarios sobre la iniciativa presentada, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) manifestó que confían en que el plan sobre empleo público permita una mayor eficiencia estatal.

Los voceros del sector productivo comentaron que es urgente ordenar el servicio público y tener una ley efectiva, cuya tramitación no distorsionen los diputados.

Los empresarios creen que lo primordial es ordenar la dispersión de las 323 instituciones del Estado, a través de una base única de empleados públicos y que ello permita movimientos entre instituciones.

“Debemos acabar con esquemas desmotivantes en el sector público, pues esto ahuyenta el talento de ciudadanos comprometidos que podrían aportarle mucho, pero en ocasiones la sociedad termina siendo administrada no precisamente por la gente más competente, comprometida y motivada con su trabajo”, dijo Álvaro Sáenz, vicepresidente de la Uccaep.

A través de un comunicado de prensa, la Unión de Cámaras considera que se debe promover mayor coherencia y equidad en las condiciones de ingreso y despido, “así como hacer una evaluación por competencias de modo que el ingreso al sistema sea por concurso”.

“El país debe implementar la posibilidad de recompensar a los buenos funcionarios y tener un mecanismo que permita identificar y sacar del sistema a los que no producen, siempre respetando el debido proceso”, considera la Uccaep.

Por su parte, la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) alegó que hay aspectos anunciados por la ministra de Planificación, Pilar Garrido, que consideran inaceptables.

En particular, señalaron que no aceptan la modalidad de salario global “que modifica la estructura salarial de los nuevos empleados del sector educación”; ni el “congelamiento de componentes salariales”; ni la derogatoria de varias normas del Estatuto de Servicio Civil en cuanto a evaluación y calificación del desempeño.

“Empezamos un camino muy duro, con el ingreso de estos proyectos en la Asamblea. (...) Nos mantendremos atentos y en defensa de la clase trabajadora del Magisterio Nacional”, dijo Gilberto Cascante, presidente de la ANDE.

El director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica, Francisco Camboa, aseguró que la iniciativa legal va en la dirección correcta, por su sentido de ordenar y unificar el régimen de empleo, porque aseguró que eso significaría un impacto en la sostenibilidad de las finanzas públicas.

A diferencia del criterio sindical, alabó el salario global y la mejora esperada en los sistemas de reclutamiento y selección. “Es importante que es solamente para los nuevos empleados, por lo que los trabajadores actuales no se verían afectados”, dijo Gamboa.

Albino Vargas, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), argumentó que las autoridades del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) mienten, porque “no hay una sola sigla sindical que puedan decir que legitimó este proyecto”.

Adujo que el Ejecutivo no les contestó las propuestas sobre empleo público que ellos enviaron y que se enteraron de la iniciativa en su presentación.

“El proyecto no es sostenible financieramente, si no se corrige el sistema tributario, la gravedad del deterioro de las finanzas públicas, con el nivel de endeudamiento que tenemos en este momento”, dijo.