El proyecto de ley que se tramita en el Congreso, con el objetivo de endurecer los castigos a los sobornos nacionales y transnacionales, permitiría que se juzgue a las personas jurídicas sin la presencia de sus representantes.
Así lo establece el artículo 17 del expediente 21.248, donde dice que si una persona jurídica no tiene un impedimento grave para acudir a audiencia judicial, se le declarará en rebeldía.
Ante la ausencia de algún representante de la empresa procesada por alguno de los delitos de soborno, cohecho o corrupción, el tribunal tendría que nombrarle un defensor público, para que ejerza su representación legal como curador del proceso y la defensa penal de la persona jurídica.
El proyecto permitiría que, asignado el defensor público y pese a la ausencia de un representante legal directo de la persona jurídica, un proceso judicial pueda realizarse.
Aparte de estar en contra de que se juzgue a las empresas en casos de soborno, por la vía penal, la Defensa Pública manifestó a través de un oficio enviado a los diputados que se opone a asumir la representación de personas jurídicas.
"Desde ya debe indicarse que esto implica un adicional vicio que deviene en inconstitucional, pues resulta contrario con el derecho fundamental de defensa, que prohíbe los juzgamientos en ausencia.
“Esta posibilidad resulta violatoria del debido proceso y el derecho de defensa y no se subsana con la supuesta ‘curatela’ que se propone mediante la participación de la Defensa Pública”, alegó Diana Montero, jefa interina de esa entidad.
En su lugar, se propone que sea obligatorio que comparezca el agente residente de una persona jurídica, que legalmente debe ser un abogado, y que sea la figura que asuma la representación de una empresa acusada de soborno.
Según el criterio defendido por Montero, no habría razón alguna para que el Estado destine recursos para la defensa de personas jurídicas que bien podrían tener capitales muy grandes, cuando originalmente se prevé la Defensa Pública para ayudar a poblaciones vulnerables.
En consecuencia, consideran que la iniciativa legal, requisito para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), desnaturalizaría la Defensa Pública como servicio público para costarricenses en condición de vulnerabilidad.
“La solución, desde la óptica de la Defensa Pública, sería que el agente residente de la sociedad o persona jurídica involucrada en el hecho, que al asumir ese cargo se convierte en el ‘responsable de negocios’ de esa persona jurídica, asuma su función a plenitud, pues es quien ha estado en contacto con los representantes de la persona jurídica y conoce los negocios realizados”, dice el criterio emitido sobre el proyecto.
Benavides: Hay otros criterios
Consultado al respecto, el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, enfatizó que, si bien la opinión de la Defensa Pública es “muy respetable”, los miembros de la comisión especial se guiaron por otros criterios.
En particular, el liberacionista explicó que la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público han opinado muy diferente a la Defensa Pública.
“Es innegable que la responsabilidad de las personas jurídicas por hechos delictivos es muy controversial, porque la tesis clásica en el mundo entero es que solo las personas físicas son responsables y no las jurídicas”, comentó Benavides.
Añadió que en Occidente ha ganado terreno la teoría de que las personas jurídicas pueden y deben hacerse responsables de la comisión de delitos por parte de sus representantes y sufrir consecuencias económicas graves.
“Evidentemente no pueden ir a la cárcel, pero sí pueden perder sus derechos”, agregó.
Por su parte, ante las dudas surgidas en la Unidad Social Cristiana, el jefe del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Mora, indicó que ya el jueves, durante varios recesos en plenario, se le explicó a los legisladores dudosos que no era cierto que fuera a juzgarse en ausencia.
Precisamente, el argumento que se le presentó a Pedro Muñoz y compañía es que, al asignarse ese tipo de casos a la Defensa Pública, no habría tal indefensión.
Morales añadió que esperan conversar con los socialcristianos el lunes, luego de que revisen sus dudas sobre la iniciativa, pues recalcó que ya no hay tiempo para aplazar el proyecto.
El Gobierno deberá informar, en junio, sobre el avance de los proyectos de sanciones a empresas que cometan soborno doméstico y transnacional y otros que ya fueron aprobados en el Congreso.
