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La Procuraduría General de la República advirtió de que un proyecto de ley que trasladaría recursos de la Unión de Gobiernos Locales (UNGL) a las municipalidades, para invertir en infraestructura educativa, presenta vicios de legalidad porque transfiere competencias que son exclusivas del Ministerio de Educación Pública (MEP).
El abogado del Estado explicó que el expediente legislativo 23.488 crearía un nuevo inciso en la Ley sobre la Venta de Licores, para permitir a las municipalidades utilizar los recursos del gravamen a estas bebidas en para “la atención o mantenimiento de obras y equipamiento educativo en cada cantón”.
La modificación también contempla que los fondos se puedan aprovechar para el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad municipal.
Según la Procuraduría, con dicha redacción “podría entenderse que se está realizando una transferencia de competencias del Ministerio de Educación a los gobiernos locales”, por lo que previno a los legisladores que, de ser esa la pretensión, se estaría ante un evidente choque de legalidad.
El criterio explicó que la Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades (8801) prohíbe la transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las municipalidades, en materia de educación.
La reforma es impulsada por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y establece una modificación, para que un 30% del 40% que recibe la UNGL por concepto del impuesto de venta de licores, pase a las municipalidades.
El representante legal del Estado sugiere que el proyecto se redacte en términos de que las municipalidades pueden “coadyuvar” al Ministerio de Educación Pública (MEP), estableciendo con claridad que dicha labor sería “únicamente viable si es realizada en coordinación” con el Ministerio.
Se solicitó una posición a la fracción del PUSC, pero al cierre de edición no se había recibido una respuesta.
Problema recurrente
Según la exposición de motivos del proyecto, uno de los problemas que más aqueja al país es la incapacidad para atender de manera efectiva las demandas de mejoras en la infraestructura educativa y su equipamiento en cada uno de los cantones del país.
Un informe publicado en octubre del año anterior por la Contraloría General de la República, señalaba que el MEP es incapaz de atender las necesidades de construcción y mantenimiento de los centros educativos.
“El MEP no tiene la capacidad para atender todas las necesidades de infraestructura del sistema educativo, o bien estas se atienden de forma inoportuna, particularmente en lo que respecta a la atención de órdenes sanitarias”, dijo el órgano el contralor en el documento OE-CAP-IF-00012-2022.
Tan ineficaz es la gestión de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del MEP, que construye centros educativos en zonas donde no hay matrícula. De acuerdo con el órgano contralor, la mala gestión no es por la falta de recursos económicos, ya que del 2017 al 2021 ha transferido ¢179.723 millones a las Juntas de Educación y Administrativas para infraestructura.
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Otros señalamientos
En cuanto al uso de recursos para mejorar la seguridad ciudadana, la Procuraduría indica que no existe impedimento para ello, por el contrario, la normativa actual así lo habilita y lo ordena.
El proyecto también tiene otro problema de fondo, indica el órgano, y es que la exposición de motivos carece de argumentos o criterios técnicos que respalden la necesidad de aumentar los recursos percibidos por las municipalidades, ni siquiera se menciona la cantidad de fondos públicos que en la actualidad reciben los gobiernos locales y que puedan justificar por qué serían insuficientes.
Al respecto, la Procuraduría cita la opinión jurídica N° 054 del 30 de marzo de 2022, en la cual expresa que “estos problemas de técnica legislativa son graves, afectando el procedimiento legislativo como la decisión que ha de tomar el legislador”.
