Proyecto de ley reconocería costo del cuido en pensiones alimentarias

La propuesta fue dictaminada de forma afirmativa, el miércoles 24 de agosto, por los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales. Ahora, avanza al plenario de la Asamblea Legislativa.

El plan busca que quien demande para solicitar una pensión tenga derecho a solicitar al juez que se estime, en la sentencia, el valor económico del aporte no remunerado de los cuidados que realiza en favor de los menores de edad.

Catalina Montero, exdiputada del Partido Acción Ciudadana (2018-2022) y proponente de la iniciativa, explicó que el proyecto pretende que, al establecer una sentencia para el pago de una pensión, el juez defina el costo del cuido del menor, con el único fin de que pueda legalmente reconocerse.

Montero aclaró que esto no generaría recargos ni aumentos en las pensiones, solamente se permitiría valorar el trabajo del cuido de parte de la persona a cargo de los menores.

“Pretende poner en evidencia, comparativamente, cuanto es el aporte efectivo de una persona proveedora frente al monto que significa los cuidados 24/7 que atiende la otra persona, con las personas menores.

“No se va a remunerar; ese sería un paso mucho más avanzado que no estamos todavía para dar por las circunstancias económicas de muchos proveedores de la pensión.

“Pero sí, que quede en evidencia, en un expediente judicial, que si el proveedor está aportando una pensión de ¢100.000, la contraparte, que se encarga de cuidar a las personas menores, estaba aportando dos millones por lo que cuestan esos cuidados, con el lavado de ropa, alimentación, aseo de la casa, hacer las tareas, acompañamiento a reuniones, trasnochar , llevarles a una clínica, salir corriendo a emergencias, todo eso”, comentó la exlegisladora.

Para estimar el reconocimiento del cuido, el proyecto plantea una tabla con diversos factores, donde se colocarían los costos dependiendo del tipo de cuido y las necesidades del menor.

Para ello, se contaría con la ayuda del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Banco Central de Costa Rica y con la asesoría técnica especializada del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y del Poder Judicial. Los montos serían actualizados cada cinco años.

Según explica la motivación del proyecto, el objeto es conseguir el reconocimiento del valor monetario de los cuidados, especialmente en un ámbito de la vida social que es “injusto” .

Al respecto, el texto indica que el único derecho que se reconoce en las pensiones es el de alimentarse, y se omite que, en muchos casos, la madre es la que dedica su tiempo para el cuido de sus hijos, labor que no es paritaria en algunos casos.

“Si monetizáramos el valor de los cuidados aportados por muchas madres en el ejercicio solitario del cuidado de sus hijos y le comparamos con el monto de la pensión alimentaria promedio aportada en los cientos de miles de pensiones fijadas en nuestro país, nos daremos cuenta de que ese trabajo no pagado a las madres es muy superior al aportado por los padres, a pesar de que a estos se les considera ‘la parte alimentante’” , expresa el proyecto.