El proyecto 21.336 fue aprobado en primer debate el 17 de junio, con 32 votos a favor y 15 en contra, y ya fue sometido a consulta de la Sala Constitucional.

Sobre el texto aprobado, los magistrados constitucionales evaluarán si el plan incurre en los vicios de fondo que alegaron 15 diputados.

Únicamente después de que la Sala IV se pronuncie sobre esa y otras eventuales consultas, se conocerá el futuro del expediente.

Figueres declaró que los 30 días de plazo que tiene el Tribunal Constitucional para pronunciarse abre un periodo para revisar e, incluso, cambiar el contenido de ese proyecto.

“Mientras lo revisa la Sala IV, revisémoslo entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios para mejorarlo. Una vez revisado el proyecto de ley y corregidos los yerros que pueda tener para no cometer injusticias, el proyecto debe aprobarse”, escribió el expresidente y aspirante a repetir en Zapote.

No obstante, técnicos legislativos vinculados a diferentes partidos políticos confirman que abrir a revisión un expediente ya aprobado en primer debate implicaría, básicamente, un entierro de la reforma legal, tomando en cuenta que la construcción del plan demandó dos años y dos meses de trabajo legislativo, así como la discusión de 1.200 mociones, desde su presentación en abril del 2019.

En este punto, cualquier modificación que se le pretenda hacer al plan exigiría devolverlo a una etapa previa, con lo que pierde efecto la votación hecha en primer debate, lo que tradicionalmente ha sepultado proyectos.

Así pasó, por ejemplo, con la iniciativa de ley sobre recurso hídrico que, al regresar con observaciones de la Sala Constitucional en marzo de 2017, fue archivada en octubre de ese mismo año. Dos redacciones nuevas de ese plan intentaron revivir la propuesta, pero se archivaron este 2021.

Cambiar un proyecto de ley ya aprobado en primer debate requeriría crear comisiones dictaminadoras o abrir el plenario a comisión, opciones que facilitarían una inundación de mociones que entrabe el proyecto.

Las comisiones dictaminadoras pueden tener plazo fijo o pueden carecer de él. La opción sin plazo implicaría que los cambios se debatan por semanas o meses, incluso hasta un periodo fatal para la propuesta: la campaña electoral.

En todo caso, el plan tendría que ser sometido de nuevo a primer debate y podría ser enviado de nuevo a consulta en la Sala IV.

Todo eso pasará, precisamente, si la Asamblea se ve obligada a resolver observaciones de fondo al plan de empleo público, previo estudio de la respuesta constitucional en la Comisión sobre Consultas de Constitucionalidad del Congreso.

Durante el debate de precandidatos del PLN en Repretel, el 2 de junio, Figueres también afirmó que la Sala IV había exigido 38 votos para aprobar la reforma al empleo público, lo cual no había ocurrido.

Con base en esa afirmación, Figueres dijo que, ante un Congreso fraccionado como el actual, “ahora necesitamos ir a un amplio proceso de conversaciones, de diálogos” para avanzar con la iniciativa.

Lo que realmente ocurrió que fue la Corte Plena, con el voto de 17 de los 22 magistrados, declaró que la reforma de empleo público “afecta el funcionamiento y la organización del Poder Judicial”, lo que exigiría 38 votos para ser aprobada.

No obstante, serán los miembros de la Sala IV quienes tengan la última palabra sobre ello sobre una eventual afectación al Poder Judicial.

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¿Qué dice el PLN?

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) ve difícil la posibilidad de revisar el contenido del proyecto de empleo público, en la etapa actual de trámite de la iniciativa, tal como lo plantea su candidato presidencial.

La jefa de la bancada legislativa, María José Corrales, y el exjefe Luis Fernando Chacón, coinciden en que, si el expediente sale limpio de la Sala Constitucional, irá camino directo a la votación en segundo debate.

Según lo explicó la jefa verdiblanca, “no se puede modificar nada en este momento al texto aprobado, ni alterar el procedimiento que corresponde, sino hacer la debida consulta ante los magistrados”.

Solo en el caso de que los magistrados encuentren vicios de inconstitucionalidad, Corrales cree que habría opciones para hacer alguna modificación.

Para la diputada Corrales, en realidad “sería poco realista dar una posición en este momento, sobre posibilidades de modificación, pues todo dependerá de la respuesta que dé la Sala Constitucional a la consulta, o consultas, que se le hagan.

Tanto la jefa del PLN como Chacón matizaron la posición de Figueres, pues la primera dijo que la intención del candidato no es modificar, sino “tener acercamientos con diferentes sectores, en el lapso de la consulta constitucional, para entender las principales preocupaciones y eventualmente ver cambios”.

“Pero todo está supeditado a la respuesta de los magistrados”, enfatizó ella.

Luis Fernando Chacón agregó que “don José María lo que ha dicho es que empleo público debe ir y debe darse por el bien del país” y que “él estaría de acuerdo de que, en el debido proceso en que estamos, en función de las recomendaciones de la Sala IV, tendríamos espacio para buscar mejora”.

Él acotó que eso solo pasaría en caso de que lleguen “claras marcaciones de parte de la Sala”, pues, de lo contrario, se efectuaría la votación de segundo debate y se blindaría con 38 votos.

La Nación intentó ahondar en las intenciones de Figueres, pero al cierre de este artículo no se había recibido respuesta a las consultas enviadas 24 horas antes.

El oficialista Víctor Morales Mora, quien presidió la Comisión Legislativa de Gobierno y Administración, donde se tramitó el plan sobre empleo público, dijo que él no entiende la propuesta de renegociar el texto, pues enfatizó que si los magistrados advierten de cosas por arreglar, todo eso se tendría que enmendar en el Congreso.

“Cuando me hablan de renegociar, yo no lo entiendo, solo que la Sala indique que haya asuntos de fondo y se tengan que revisar en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad”, apuntó.