Así lo establece el convenio firmado entre la jerarca del Gobierno y el nuevo procurador general, Iván Vincenti, el 17 de mayo, casi un mes después de que los diputados lo ratificaron en el cargo.
En ese documento, del cual la PGR facilitó copia a La Nación, se explica que las labores del funcionario se centran en todos los asuntos propios de Derecho Administrativo que se vinculen con las tareas y acciones del Ministerio de la Presidencia.
El procurador nombrado para esos efectos es Luis Fernando Cartín Gulubay.
El convenio establece que Cartín puede brindar asesoría legal en cualquier otro asunto que, “desde el ámbito legal, contribuya a la institución pública rectora, a dar fiel cumplimiento a los principios aplicables a la función pública”.
Aunque al funcionario se le exige responder de sus actuaciones ante el jerarca de la PGR, debe “atender las instrucciones y responsabilidades que le sean giradas por la jefatura inmediata”, que para el caso es la ministra Natalia Díaz.
El plazo de vigencia del convenio va del 17 de mayo del 2023 hasta el 7 de mayo del 2026, o bien, cuando los administradores del convenio acuerden darlo por terminado.
Como justificación del traslado del funcionario de la Procuraduría al Ministerio de la Presidencia, el documento establece la necesidad de una colaboración permanente de un procurador en las instalaciones de la Casa Presidencial para dar asesoría.
El acuerdo le permite al procurador designado conservar sus obligaciones como “mandatario judicial” en los juicios que se le hayan asignado de parte de la coordinación de la Procuraduría General de la República.
Si bien Cartín estará bajo la jerarquía de la ministra Natalia Díaz, la PGR seguirá manteniendo su responsabilidad en cuanto al pago de salario y la aplicación de cualquier acción de personal que el procurador solicite.
Desde que la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa entrevistó a Vincenti como aspirante a procurador general de la República, él había comentado sobre la posibilidad de aplicar dicha figura.
De hecho, el ahora procurador general manifestó que él había laborado como procurador asesor para el Poder Ejecutivo, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002).
El convenio establece como responsabilidades del procurador Cartín que emplee todos sus conocimientos y experiencia para la ejecución satisfactoria de las funciones que se le encomienden.
En cuanto al Ministerio de la Presidencia, el documento firmado indica que este debe coordinar para que las labores de Cartín sean las establecidas “dentro del marco de acción institucional y que sean definidas directamente por su jefatura inmediata, según lo demande la gestión e implementación del convenio”.
