Las estrategias de la alianza opositora para modificar el texto del proyecto de Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal le preocupan al presidente de la República, Luis Guillermo Solís.
El mandatario aseguró, esta mañana, que teme una intención del Partido Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC), el Movimiento Libertario y la Alianza Demócrata Cristiana de debilitar los poderes de la Administración Tributaria para perseguir la elusión y la evasión fiscal, así como el defraudamiento al fisco.
"Tengo preocupaciones de que ocurra una degradación del contenido del proyecto contra el fraude fiscal, porque Costa Rica debe ser ejemplar en la persecución de los contribuyentes que evitan los impuestos", aseguró el gobernante.
Solís apuntó que no se puede quitar fuerza a una ley que también establecería la potestad de apoyar el combate al terrorismo y otras formas de crimen organizado "que se cuelan en los intersticios (espacios) de los sistemas legales de las democracias".
Este martes, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, siete diputados del bloque impusieron un nuevo texto de la iniciativa contra el fraude, que eleva de tres a diez el número de días para que un juez responda a Tributación cuando esta le pide aplicar un embargo preventivo a un contribuyente sospechoso de fraude.
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Además, se le impediría a la Dirección General de Tributación solicitar embargos preventivos de cuentas bancarias; solo podrían hacerlo sobre bienes registrales.
Luego de aprobado ese texto, el Gobierno anunció que haría una conferencia para acusar a la oposición de boicotear el plan contra el fraude fiscal y, con ello, supuestamente querer el beneficio de los defraudadores fiscales.
Sin embargo, los opositores le rogaron al oficialismo no hacer ese pronunciamiento público y aceptaron negociar varias mociones, para modificar el nuevo texto de la propuesta. De esa forma, los diputados lograron consensuar tres mociones, con las que el Gobierno estuvo de acuerdo para salvar algo de lo que proponían inicialmente.
Entonces, en una sesión extraordinaria de Hacendarios, se volvió a incluir la sanción a terceros por defraudación fiscal, que para el caso serían los asesores tributarios de los contribuyentes que estén encargados de preparar las declaraciones tributarias de los contribuyentes. Esas sanciones se aplicarían, solidariamente, en el caso de que una declaración tenga inexactitudes.
Además, se incluyó la posibilidad de que el juez al que Tributación le solicita dictar embargos preventivos, pueda dictar medidas cautelares provisionalísimas, mientras decide si dicta el embargo, por sospecha de defraudación tributaria.
El presidente Solís agregó que Costa Rica debe estar a la punta de la normativa contra la evasión fiscal y que es una obligación internacional del país.
"Me preocupa que se pueda producir un entendimiento de establecer un común denominador mínimo para aprobar esa ley. Yo quiero pedir la mayor seriedad de parte de los diputados y a los empresarios que acompañan este proceso, que seamos rigurosos, que no le tengamos miedo a la supervisión y fiscalización de los beneficiarios finales, que ahí donde hay luz, todas las cosas se facilitan", dijo el mandatario.
A la vez, el viceministro de la Presidencia Luis Paulino Mora dijo que están aún negociando con varias entidades para hacer varios cambios, antes de que se pueda celebrar el dictamen del proyecto de ley, cuyo plazo para salir de Hacendarios e irse al plenario se cumple el 27 de agosto.
Entre esos puntos aún por discutir, uno tiene que ver con la información de los contribuyentes que las entidades financieras pueden proporcionar. Para aclarar ese punto, Mora explicó que tuvieron que contactar a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y eso se traduciría en una nueva moción.
Donde aún persiste el debate gramatical es en la definición de beneficiario final que la oposición incluyó en su propuesta. Para la oposición, es necesario que el beneficiario final que se incluya en el registro centralizado de accionistas cumplan con tres requisitos, mientras que el Gobierno exige que esos beneficiarios tienen que cumplir con al menos uno de los requisitos. Entonces, Hacienda quiere que la redacción del artículo que define los beneficiarios lleve una 'o' y la oposición escribió una 'y'.
Si la conjunción fuera la 'o', se entendería por beneficiarios finales: los accionistas mayoritarios de una empresa, o los máximos responsables de la administración de una sociedad o los representantes legales establecidos en los estatutos.
En la propuesta de la oposición, con la conjunción copulativa 'y', el beneficiario final tendría que cumplir con las tres características, y no solo con una de ellas.