Rodrigo Chaves, presidente de la República, no considera lógico un nuevo auxilio del Gobierno a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), para que encare una nueva crisis financiera.
En conferencia de prensa, el mandatario dijo que “meterle más plata” a Japdeva para ajustar sus desequilibrios financieros “no es una proposición obvia”, aunque sí se comprometió a buscar una solución al problema, en el marco de una ley anterior a su administración que obliga reestructurar a la entidad portuaria.
“¿Inyectarle recurso? ¿Cuántos? ¿De qué periodos? ¿De qué fuentes? ¿Para hacer qué? ¿Para que los pierdan? ¿Solo para el muelle?”, cuestionó el mandatario.
Chaves afirmó que la institución cuenta con aproximadamente 300 empleados, de los que solo 80 trabajan en el muelle, cuando la ley de reestructuración indica que se requiere de 275 empleados para lograr el equilibrio financiero.
“Habría que empezar por ver cuál es la rentabilidad”, añadió. El mandatario aseguró que, para lograr equilibrio financiero, la entidad portuaria del Caribe tendría que aumentar de ¢10.000 millones a ¢25.000 millones los ingresos anuales.
Esta situación lo lleva a preguntarse de dónde saldría la cantidad de barcos que debe atender y con cuál tarifa, para alcanzar esos ingresos, por lo que calificó el problema de retador.
El mandatario se refirió a Japdeva por la consulta de si su administración daría un nuevo auxilio a la institución.
Para empezar, reiteró, a la entidad la quebraron muchas personas con políticas públicas.
Luego dijo que, como parte del monitoreo de la situación, se enteró este martes 15 de noviembre de que la reparación del daño que sufrió una grúa pórtica, por lo que consideró un mal manejo portuario, cuesta $7,5 millones y que su adquisición nueva vale igual.
Para colmo, señaló el mandatario, se enteró de que la institución tiene $59 millones del canon pagado por APM Terminals, concesionaria de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), los cuales no están siendo usados y tampoco ganan intereses en el banco.
Pese a la crisis, descartó revertir los contratos con la empresa concesionaria porque expondría al país al pago de indemnizaciones en un arbitraje internacional o demanda.
Japdeva aún resguarda en sus cuentas bancarias un total de ¢5.080 millones para el pago de liquidaciones a sus empleados. A principios del mes de octubre, La Nación reveló que la entidad tenía 436 trabajadores, cuando el plan de reestructuración indica que a esa fecha debía estar funcionando con 275 empleados para alcanzar un mayor equilibrio en sus finanzas.
A principios de ese mes el presidente Chaves dijo que Japdeva acumula deudas por ¢47.000 millones y que en varios años ha perdido hasta ¢21.000 millones.
La entidad no genera suficientes ingresos para amortiguar sus deudas.
El informe de labores de la anterior jerarca de la institución, Andrea Centeno, dice que la brecha entre ingresos y egresos de Japdeva pasó de ¢2.650 millones mensuales, en el 2019, a ¢640 millones mensuales, a inicios del 2022.
