Poder Judicial pide estos 6 proyectos contra el crimen
Planes versan sobre delincuencia organizada, registro de antecedentes penales e intervenciones telefónicas
En la foto el jerarca legislativo, Rodrigo Arias, Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el presidente de la República, Rodrigo Chaves, quienes se reunieron este jueves para hablar de seguridad.
Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pidió al Gobierno y a los diputados apoyar seis proyectos de ley para atacar la criminalidad y mejorar la seguridad pública.
Así lo planteó durante una reunión con el presidente de la República, Rodrigo Chaves; y el jerarca de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias.
El primero de los planes planteados por Aguirre es el expediente legislativo 23.090, que permitiría la operación de una Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en el Poder Judicial.
El segundo es una reforma al artículo 11 de la Ley del Registro y Archivos Judiciales, a fin de que el Registro Judicial mantengan por más años los antecedentes penales de las personas que han cometido delitos.
Por ejemplo, hoy el asiento es borrado al término de la condena si esta fue inferior a tres años o por delitos culposos. Con la reforma, el Registro mantendría el dato por tres años más a partir de ese momento.
Asimismo, para delitos con penas superiores a cinco años, el antecedente se mantendría por diez años en todos los casos al cumplirse la sentencia. Hoy, el plazo oscila entre tres y diez años según la condena.
La tercera reforma versa sore el Código Procesal Penal y tiene por objetivo dar prioridad al señalamiento de audiencias y juicios en las que se haya ordenado la protección de víctimas o testigos.
El cuarto plan es un ajuste a la Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, para permitir las escuchas telefónicas en investigaciones sobre femicidios y soborno transnacional.
La quinta iniciativa es otra reformaal Código Procesal Penal, para fijar plazos a la resolución de las solicitudes de anticipo jurisdiccional de la prueba y determinar que lo resuelto por el juez carece de apelación.
Ante la solicitud del Ministerio Público, el juez deberá ordenar la diligencia y convocar a las partes en un máximo de cinco días hábiles.
El anticipo jurisdiccional de la prueba se puede utilizar cuando se presuma que una declaración, por algún obstáculo difícil de superar, no podrá recibirse durante el juicio, o cuando exista probabilidad de que el testigo olvide circunstancias esenciales sobre lo que conoce. También, se aplica cuando la víctima o testigo corra riesgo por motivo del proceso y se estime que su participación en el juicio no será posible por el riesgo que implica.
Según la Corte, esta es una herramienta fundamental para obtener prueba en casos en donde esta podría perderse. Tal es el caso de declaraciones de testigos que podrían olvidar los hechos, en casos de delitos sexuales, por ejemplo.
Por último, el sexto proyecto permitiría que, en los accidentes en carretera que provoquen una muerte, cuando se trate de delitos culposos, la Policía Judicial pueda levantar el cuerpo sin necesidad de la presencia de un juez.
Rodrigo Arias, Orlando Aguirre Gómez y Rodrigo Chaves, presidentes de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, reunidos en la Corte Suprema de Justicia, en San José. Foto: (Rafael Pacheco Granados)
