El supuesto portillo a las uniones de hecho entre homosexuales incluido en la reforma a la Ley General de la Persona Joven pasará sin problemas por la Presidencia de la República.
Esa modificación legal fue aprobada el lunes en el plenario de la Asamblea Legislativa, aunque los diputados no conocían al detalle la redacción del artículo que generó el supuesto permiso.
El ministro de Comunicación, Carlos Roverssi, aseguró esta tarde que el Poder Ejecutivo no tiene la potestad de interpretar una ley aprobada por 45 diputados de manera unánime.
“Si esa ley tiene algún problema de interpretación, no es a la Presidencia a la que corresponde interpretarlo: es a los diputados o a la vía judicial”, manifestó Roverssi.
El cambio en la Ley General de la Persona Joven establece la unión de hecho entre dos jóvenes (menores de 35 años) “sin discriminación contraria a la dignidad humana”, a diferencia del Código de Familia, que las establece únicamente entre un hombre y una mujer.
El diputado José María Villalta, del Frente Amplio, fue quien incluyó la modificación en el texto.
El legislador aseguró que muchos diputados aprueban leyes sin leer lo que están votando.
La presidenta Laura Chinchilla no tiene problemas en firmar la reforma a la Ley de la Persona Joven, que supuestamente abre una ventana a las uniones gais entre jóvenes menores de 35 años. (Eyleen Vargas)
Por su parte, el diputado Justo Orozco, de Renovación Costarricense, anunció ayer en el plenario del Congreso que tiene preparada una acción de inconstitucionalidad en caso de que la ley sea aprovechada por ciudadanos costarricenses para establecer una unión entre dos personas del mismo sexo.
“No puede ser que una ley sea solo para personas de un intervalo de edad: una ley no puede ser discriminatoria; pero esto no es nada, es un alegrón de burro”, añadió Orozco.
El martes, en el plenario legislativo, por al menos dos horas, hubo confusión entre los legisladores, cuando sospecharon que habían dado el permiso a las uniones gais sin que muchos de ellos realmente quisieran otorgar ese aval.
Ricardo Agüero, de la Unidad de Proyectos, Expedientes y Leyes (UPEL) de la Asamblea, confirmó anoche que el expediente ya está en manos del Poder Ejecutivo.
A partir de hoy, la Presidencia tiene diez días hábiles para hacer un veto si tomase esa decisión. No obstante, Roverssi confirmó que la presidenta espera el texto para firmar y ordenar la publicación.
