Una polémica surgida este martes, en el plenario del Congreso, frenó la aprobación de la reforma legal que elevaría las sanciones por posesión ilegal de armas.
El debate se encendió en torno a una moción de reiteración del Partido Liberación Nacional (PLN), la cual modificaría el inciso p del artículo 3 de la Ley de Armas y que, según el legislador del PAC, Enrique Sánchez, abre el portillo para tener armas semiautomáticas en el país.
El inciso p del proyecto actual dice que se prohíben las “armas largas, cuyo diseño de plataforma, actualizaciones y sus variantes, se basen en tecnología desarrollada y utilizada en armamento de fuerzas armadas, posterior al año 1939”.
La moción propuesta por el PLN modificaría la redacción para que se prohíban las armas “automáticas largas y cortas”.
Según el diputado Sánchez y el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, esa nueva redacción abriría la puerta para que la gente pueda inscribir y poseer en Costa Rica armas de plataforma AR-15, pero semiautomáticas.
La diferencia entre las automáticas y las semiautomáticas radica, principalmente, en que las primeras disparan en ráfaga y las segundas no, aunque las semis sí se recargan automáticamente sin necesidad de acción humana.
El argumento del oficialista es que armas de ese tipo son las que se emplean en tiroteos en Estados Unidos y, recientemente, en Nueva Zelanda.
Hoy, las semiautomáticas están prohibidas por decreto.
La moción de fondo no se llegó a aprobar, pues los jefes de fracción prefirieron levantar la sesión y continuar la negociación fuera del plenario.
El cambio lo defiende el liberacionista Jorge Fonseca. Con él está toda su fracción, así como la mayoría de la Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional (PRN), Integración Nacional (PIN), Republicano Social Cristiano y el bloque de legisladores independientes separados del PRN.
Zoila Volio, del PIN, fue una de las más vehementes en su argumentación contra el criterio de Enrique Sánchez y Eduardo Solano.
La congresista manifestó que el cambio en el inciso generaría “seguridad jurídica”, pues adujo que el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no están de acuerdo con describir las armas prohibidas como “de apariencia militar”, porque es “muy poco tipificado”.
“Las armas automáticas son prohibidas, siempre han sido prohibidas y se mantienen prohibidas”, enfatizó Volio, aunque no hizo referencia durante su intervención a las semiautomáticas.
“Si no nos gustan las armas largas, ok, es algo muy personal, yo lo respeto. No tienen por qué gustarle a todo el mundo”, agregó.
De acuerdo con la parlamentaria del PIN, si se mantiene el inciso original, las fuerzas policiales no podrían usar armamento de modelo AR-15, ni las personas que practican tiro deportivo podrían tener rifles de tipo Remington.
A ese argumento, Sánchez respondió que no es cierto que se impida a las autoridades policiales el uso de esas armas, pues indicó que se mantienen las excepciones para dar esos permisos, al igual que para los practicantes de tiro deportivo.
El liberacionista Fonseca adujo, ante la polémica surgida, que hay “cosas subterráneas” en el proyecto y alegó que el oficialismo no ha facilitado los acercamientos con el PLN; incluso, dijo que a Gustavo Viales, presidente de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad, le cerraron las puertas.
“¿Por qué las oposiciones de nosotros? ¿Por qué las mociones de nosotros? Porque tenemos la razón”, dijo.
Fonseca agregó que Sánchez insiste en verlo de solo una forma y cada vez se convence más del argumento sobre la supuesta intención de desarmar a la población.
Ante la polémica y el rechazo a la moción de revisión planteada por Sánchez, la presidenta legislativa, Carolina Hidalgo, se reunió con los jefes de las fracciones, quienes finalmente acordaron levantar la sesión y dejar la decisión para el próximo jueves.
La iniciativa legal que enfrentó, esta vez a los diputados, es diferente a otro proyecto de ley que también reforma la Ley de Armas, y cuya principal polémica tiene que ver con la cantidad de armas que puede tener cada persona, donde varias fracciones, incluyendo Liberación Nacional, han bloqueado la reducción de tres armas a una, mientras que el PAC puja por esa limitación, junto con el Ministerio de Seguridad.
Penas más duras, en baño maría
La reforma legal que casi aprueban los legisladores, este martes, busca endurecer las penas por posesión ilegal de armas.
El proyecto elimina el trabajo comunal como castigo y eleva las sanciones según la gravedad del delito.
En el caso de las armas permitidas en el país, poseer una sin tenerla inscrita se castigará con una pena de 3 a 5 años de cárcel. Adicionalmente, tenerla sin tener permiso de portación conllevará de 2 a 4 años de prisión.
En el caso de las armas que, del todo, son ilegales en el país, la portación se castigará con una sanción que oscilará entre 4 y 8 años de cárcel.
El proyecto también impone sanciones económicas para los que no reporten la pérdida o la sustracción de arma. Las multas oscilarán entre ¢446.000 y ¢1,3 millones.
Los cambios se introdujeron mediante una reforma a la Ley de Armas.