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Noventa y seis horas tardó el gobierno pasado en girar ¢1.500 millones al Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) para concretar la polémica compra del INBioparque, hecho que se dio a solo un mes de dejar el poder.
El depósito se hizo el 4 de abril, tres días después de que la Junta Directiva del INBio aprobara la venta del terreno al Estado para salvarse de la quiebra.
Ese mismo día, la Procuraduría General de la República firmó la escritura que traspasó las tierras a manos del Estado.
Édgar Gutiérrez, actual ministro de Ambiente, informó de que se investiga si hubo alguna anomalía en el proceso porque este se dio “a paso acelerado”.
El 1.° de abril, antes de que la Junta Directiva del INBio autorizara la venta, el Minae depositó los ¢1.500 millones del pago inicial en la Caja Única del Estado. Además, la entonces oficial mayor del Minae, Cynthia Morales, ordenó a la Dirección Financiera presupuestar los pagos restantes.
El Ministerio había pedido permiso a la Contraloría para comprar los terrenos en octubre del 2013.
Según el exministro de Ambiente René Castro, la adquisición se hizo de forma expedita para evitar la quiebra del INBio, afectado por una caída en la cooperación internacional, pues debía ¢6.600 millones y el Banco Nacional planeaba embargarlo.
“El INBio vivía una emergencia. Se tomaron decisiones de emergencia en el marco de la ley. Se trataba de que la colección de insectos de Costa Rica no se perdiera y que el INBioparque no cerrara, o peor aún, que al ser rematado, se convirtiera en un mall ”, expresó el exjerarca.
Promotor. Castro reconoció que fue él quien promovió la compra.
Entre 2008 y 2009, antes de formar parte del gabinete de Laura Chinchilla, él ocupó una silla con voz y voto en la Asamblea General de Asociados del INBio, organización sin fines de lucro, dedicada a la investigación y promoción de biodiversidad del país.
Esa asamblea general dicta los lineamientos administrativos y financieros que ejecuta la Junta Directiva, explicó su director general, Randall García.
No obstante, Castro negó participación alguna en decisiones financieras previas a la crisis económica del Instituto. Argumentó que fue “miembro honorario”, en calidad de exministro (1994-1998) por una recomendación del presidente del INBio, Rodrigo Gámez.
“Yo no tengo ni tuve conflicto de intereses; el INBio no es una institución de lucro. Es como si dijeran que el presidente de la República, profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR) con permiso, tiene conflicto de intereses porque le aprueba el presupuesto a la UCR”, agregó el exjerarca.
Bajo la lupa. La investigación sobre la compra está a cargo de la Dirección Jurídica de la Presidencia. Según Gutiérrez, el fin es conocer si se cumplió con el trámite y las consultas correspondientes. La decisión de investigar fue tomada en el Consejo Nacional Ambiental, presidido por Solís.
“Si las cosas fueron mal actuadas, vamos a tomar las decisiones correspondientes (...). Queremos saber con claridad qué paso, por qué se llevó a un paso acelerado, nos sorprende el tiempo récord en que se hizo”, dijo Gutiérrez.
El Estado adquirió la tierra pese a que el INBio –incluso hasta ayer– debía ¢53 millones al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le cobraba otros ¢58 millones, pero ya está al día.
Irina Delgado, de la Notaría del Estado, aseguró que eso no fue un impedimento para comprar, porque la propiedad estaba a nombre del Banco Improsa en un fideicomiso. “Legalmente, el banco sí está al día con sus obligaciones sociales”, explicó.
