Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia declararon que el proyecto de ley para regular el lobby (o cabildeo) incide en la organización y el funcionamiento del Poder Judicial, lo que exige a los diputados reunir 38 votos para su aprobación en el eventual caso de que la Sala Constitucional ratifique esta postura.
La determinación fue tomada este lunes por mayoría; 13 de los altos jueces votaron a favor de que existe una afectación en el Poder Judicial, mientras que otros seis magistrados se manifestaron en contra.
La propuesta de ley obliga a que el presidente de la República, diputados, magistrados, alcaldes y otros altos funcionarios publiquen en tiempo real sus respectivas agendas y consignen en ellas las reuniones o audiencias que concedan a lobistas, así como los temas abordados durante estos espacios de interacción.
Igualmente, los jerarcas y altos jueces tendrán que divulgar datos sobre los viajes que realicen al extranjero, entre los cuales se incluye la agenda de trabajo, el costo total del periplo y el origen de su financiamiento. Los regalos o donativos también tendrán que ser hechos públicos.
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El texto incluye un “periodo de enfriamiento” para los integrantes de los poderes de la República, de tal forma, que no puedan realizar actividades de cabildeo por un periodo de tres años después de haber dejado el cargo.
Esa medida también cubriría a los titulares de la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Defensoría de los Habitantes, reguladores, superintendentes y miembros de juntas directivas de la administración pública.
Asimismo, se les impediría laborar o prestar servicios a entidades privadas que operan en el ámbito de las funciones del puesto que ejercieron.
El texto otorga a la Procuraduría General de la Ética Pública las funciones de prevención, detección y sanción definidas en la propuesta de ley, excepto para los altos funcionarios del Poder Judicial, cuyos castigos seguirán bajo competencia de la Corte Suprema de Justicia.
Un reciente informe anticorrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) llamó la atención a Costa Rica por incumplir con los estándares definidos por ese organismo internacional para regular las actividades relacionadas con el lobby (o cabildeo).
Ocho propuestas infructuosas
En la Corte, el expediente 24.111 fue expuesto por Jorge Leiva, magistrado de la Sala Primera. Según indicó, el texto busca regular la actividad del lobby, los conflictos de competencia y las puertas giratorias en el sector público. Añadió que, en total, se han presentado ocho iniciativas sobre la misma materia, sin que alguno de estos textos haya logrado convertirse en ley de la República.
Leiva dijo coincidir con el criterio de la Dirección Jurídica del Poder Judicial, de que la iniciativa sí genera una afectación.
“No digo que de manera negativa, pero sí incide en la organización y funcionamiento del Poder Judicial, en lo que tiene ver con las actividades de esta Corte, particularmente de los magistrados”, expresó Leiva.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, dijo que la propuesta contiene una invasión a la independencia del Poder Judicial, por las competencias que, en su criterio, se le darían a la Procuraduría de la Ética Pública para ordenar a los magistrados que se inhiban de conocer sobre determinados casos, ante un conflicto de interés.
“Estamos poniendo a un órgano externo a definirle la competencia a un magistrado para conocer un caso concreto”, advirtió el presidente del Poder Judicial.
Magistrada cuestiona que exista afectación
Las conclusiones de Leiva fueron cuestionadas por la magistrada de la Sala Segunda, Roxana Chacón. “Me parece que no afecta en nada, es una cuestión de transparencia”, apuntó.
Chacón consideró prudente que, cuando los magistrados participan en cursos o actividades internacionales, se verifiquen aspectos como de dónde provienen los dineros, si la organización financia el viaje, si el Poder Judicial debe realizar una erogación y si el evento tiene incidencia sobre la actividad de la institución.
“Yo, particularmente, sí creo que el proyecto de ley es importante y que hay que dar cuentas de cosas que uno hace”, mencionó Chacón.
La magistrada también pidió a Leiva una explicación más amplia de por qué se estimaba que la iniciativa incide en el Poder Judicial.
Ante este requerimiento, el juez de la Sala Primera añadió que el proyecto exigiría que el Poder Judicial, por ejemplo, modifique sus sistemas electrónicos, su página web y sus sistemas de agenda.
“Lo que estoy señalando es que hay una incidencia en el quehacer de este poder de la República”, agregó.
Chacón insistió en la necesidad de remitir a la Asamblea Legislativa una posición más explícita sobre la postura de los magistrados respecto al proyecto de ley, ya que considera que, cuando se envía una respuesta indicando solamente que un expediente incide en el quehacer del Poder Judicial, los diputados interpretan que la Corte Plena “está en contra y no saben por qué”.
“Hay que decir con claridad en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo, por qué sí afecta y por qué no afecta. Porque tenemos una visión completamente diferente a lo que se espera en la Asamblea Legislativa”, precisó Chacón.
Sobre este debate, Fernando Lara, magistrado suplente de la Sala Constitucional, dijo que los magistrados no se deberían oponer o manifestar afirmativamente sobre un proyecto de ley, debido a que, ante la posibilidad de introducir textos sustitutivos, no se tiene certeza sobre el resultado final de la iniciativa, una vez concluya su trámite en el Congreso. “Puede entrar un conejo y salir una ardilla”, señaló.
Al respecto, Orlando Aguirre aclaró que los criterios emitidos por los magistrados se circunscribe solamente a los textos consultados.