La cantidad total de empleados de sector público aumentó en 1.558 personas en lo que va de este gobierno, lo que equivale a un crecimiento inferior al 0,5% en un plazo de 20 meses.

En mayo del 2018, el país tenía 322.741 trabajadores públicos, mientras que, en diciembre del 2019, la cifra era de 324.299.

Entre esas dos fechas, incluso, hubo un momento en que el número bajó a poco más de 318.500, en diciembre del 2018.

Estas cifras engloban al “total de trabajadores del sector público”, según informó el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el cual registra a todos los asalariados del país.

En el Estado, todos los empleados son formales, es decir, cotizan para la CCSS, por lo que el Sicere los puede contabilizar constantemente.

Las aumentos en las cifras de trabajadores públicos pueden deberse tanto a la creación de nuevas plazas como a la reactivación de puestos que estaban vacantes por pensiones o despidos.

Los datos del Sicere sobre la cantidad de personal en el Estado distan de los expresados por diputados que basaron su criterio en publicaciones de los periódicos Extra y La República, los cuales divulgaron el jueves 20 de febrero que el gobierno de Carlos Alvarado permitió la contratación de 37.000 funcionarios más.

Esas publicaciones se fundamentaron en una desagregación de los datos de la Encuesta Continua de Empleo, del Instituto Nacional de Estadística (INEC), comparando los resultados de los últimos trimestres del 2018 y el 2019.

Natalia Morales, investigadora del Estado de la Nación, explicó que la Encuesta Continua de Empleo no está diseñada para contabilizar con precisión la cantidad de personas que trabajan en el sector público.

Afirmó que el fin de este instrumento es registrar datos generales sobre población ocupada y desocupada en las regiones del país, pero tiene un margen de error y, si se empieza a desagregar por otras variables, los datos pierden precisión.

Morales también expuso que a algunos encuestados se les registra de forma incorrecta porque mencionan que trabajan para el Instituto Nacional de Seguros (INS), pero en realidad son subcontratados, o porque responden que trabajan en una escuela, pero no mediante la planilla del Ministerio de Educación.

El Ministerio de Planificación agregó que una cosa es planificar un evento y hacer una estimación de cuánta gente podría haber asistido y otra es registrar efectivamente cuántas personas llegaron.

Se intentó conocer la versión del INEC al respecto, sin embargo, para el cierre de esta edición no se contó con su respuesta.

Diputados estiran datos

Pedro Muñoz, cojefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dio por cierto en La Republica el dato de que la planilla estatal creció en 37.000 empleados públicos entre el 2018 y el 2019. “No es una buena señal que el gobierno esté contratanto tantísima gente”, dijo.

Consultado al respecto, Muñoz dijo que su declaración inicial se basó en los datos que le presentó La República, con base en el INEC, pero que ahora mantiene sus críticas con base en los datos que obtuvo del Sicere y que están “en un análisis en un tuit”.

El socialcristiano dijo que el crecimiento real es de 17.400 personas, según un reporte del Sicere que incluye Gobierno Central e instituciones autónomas.

No obstante, ese dato lo obtiene al comparar enero del 2018 con diciembre del 2019, aunque en enero del 2018 el presidente era Luis Guillermo Solís, no Carlos Alvarado.

“No me toca a mí defender la metodología que usó La República, por eso publiqué los datos que me parecen reveladores del sector público, incluso cuando contienen cuatro meses del gobierno de Solís”, indicó.

Muñoz agregó que él responsabiliza a Carlos Alvarado por el crecimiento en su periodo y a las administraciones del PAC por el total de los 24 meses de enero del 2018 a diciembre del 2019.

Con los datos con que cuenta el legislador, si se compara el periodo de mayo del 2018 a diciembre del 2019, el crecimiento en la planilla estatal es de 6.200 personas.

En La República, también, la diputada Yorleny León, de Liberación Nacional, acusó al gobierno de “doble discurso” por el crecimiento de la planilla.

Consultada por sus declaraciones, León alegó que su opinión se refería a un periodo de análisis más extenso, de hasta 36 meses, y no únicamente al periodo estrictamente del gobierno de Carlos Alvarado.

"Yo sigo acuerpando los datos dados por el INEC, por la rigurosidad metodológica y el trabajo de campo que hacen. Si podemos evidenciar a partir de las tablas del INEC, por la rigurosidad metodológica de la encuesta, queda un espacio para preguntar por la diferencia entre el Sicere y el INEC, para investigar y aclarar por qué el distanciamiento en los datos", adujo.

León se extrañó de la amplia diferencia entre el dato publicado por dos medios, basados en el INEC, y el de la CCSS. “Requiere de un ejercicio de consulta sobre las razones de esa diferencia. Una diferencia tan grande me genera muchas dudas”, apuntó.

Plazas nuevas creadas

De acuerdo con los documentos de la Autoridad Presupuestaria, entre el segundo trimestre del año 2018 y el último del 2019, esta oficina del Ministerio de Hacienda autorizó la creación de 3.217 plazas.

De estas plazas, 984 corresponden al Gobierno Central y 2.233 a las instituciones descentralizadas.

La autorización de plazas se refiere a la habilitación de un espacio para un posible nuevo empleado, pero no significa que el trabajador es contratado de inmediato.

También, es posible que, a la misma vez, plazas desocupadas no se repongan o sean eliminadas.

El 41% de las nuevas plazas fue otorgado al INEC, mientras que el 25% al Ministerio de Educación.

Presupuesto de salarios se redujo

El presupuesto para remuneraciones del Gobierno Central disminuyó en casi ¢12.000 millones en el 2020 en comparación con el 2019, rompiendo por segundo año consecutivo la tendencia al alza de los últimos años.

Durante el año 2018, la planilla estatal reportó una desaceleración en las plazas ocupadas como consecuencia de la contención en la contratación.

Esto se debe a la aprobación de dos decretos ejecutivos que frenaron la contratación, lo que también limitó el uso de las plazas vacantes.

Para enero del 2018 solo se permitió el uso del 50% de las plazas disponibles, en julio de este mismo año solo se autorizó el uso del 25% de las vacantes con las que se contaba.

Estas medidas se dieron con afán de disminuir el presupuesto para remuneraciones del Gobierno Central, que incluye ministerios, Poder Judicial, Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo de Elecciones, Contraloría y Defensoría.

LEA MÁS: Crecimiento de planilla del Estado se desaceleró en 2018