El proyecto de ley para regular los préstamos gota a gota superó este jueves la etapa de comisión y el próximo lunes llegará, con una nueva redacción, al plenario legislativo para iniciar su trámite de primer debate.
La iniciativa propone sancionar con penas de cárcel a aquellos prestamistas que empleen tácticas intimidatorias, amenazas graves, privación de libertad o causen lesiones para obligar a sus clientes a pagar las deudas.
El expediente es parte de los 10 proyectos prioritarios acordados por una comisión integrada por los supremos poderes para combatir la ola de inseguridad que azota al país.
Los préstamos gota a gota son créditos informales de fácil acceso ofrecidos por individuos particulares. Se distinguen por sus tasas de interés elevadas, lo que a menudo resulta en cobros extorsivos por parte de los prestamistas.
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El proyecto de la diputada Gloria Navas, del Partido Nueva República (PNR) avanzó al plenario con algunos ajustes que eliminan la propuesta original de aumentar las sanciones para los créditos usureros.
En su primera versión, el texto proponía castigar los préstamos concedidos con tasas excesivamente altas y aprovechando la necesidad económica, la pobreza o la calamidad de los solicitantes
La nueva redacción, incorporada este jueves mediante la aprobación de un texto sustitutivo, se enfoca en castigar los cobros extorsivos mediante la inclusión de un artículo 214 bis al Código Penal.
Dicho numeral propone una pena de prisión de 4 a 8 años para aquellos que utilicen amenazas e intimidación de forma personal, a través de terceras personas o cualquier medio de comunicación, para obligar a un deudor o a sus familiares a pagar.
Sin embargo, se especifica que la pena será de 5 a 10 años cuando la amenaza o intimidación se dirija a una persona menor de edad, adulta mayor o con alguna situación o condición de vulnerabilidad; o si el hecho es cometido por dos o más personas.
El agravante de la pena aplicaría en caso de que el autor o autores agredan física o psicológicamente a la víctima, o si el hecho es cometido con armas o mediare daños a una propiedad.
Por otra parte, las sanciones alcanzarían los 15 años de cárcel en el caso de que el delito sea cometido por bandas del crimen organizado.
De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre enero del 2020 y finales de setiembre del 2022 se registraron 689 denuncias de préstamos gota a gota.
La Oficina del Consumidor Financiero (OCF) reveló en la segunda Encuesta Nacional de Endeudamiento, aplicada en el tercer trimestre del 2023, que aproximadamente 221.000 personas han accedido a este tipo de financiamiento.
Sobre usura y cobros extorsivos
La diputada Gloria Navas, quien también preside la comisión legislativa de Seguridad y Narcotráfico, explicó que decidieron separar los delitos de usura del cobro extorsivo, debido a que la fusión de ambos conceptos confundía la distinción entre préstamos ordinarios y abusivos, con los cobros realizados mediante intimidación y violencia.
“Más bien, se trata de una extorsión porque se envuelve en el engaño. Este caso en particular, se refiere a la extorsión cobratoria, donde se pretende el cobro utilizando violencia e intimidación, y en el fondo están implicados otros delitos relacionados, como el crimen organizado”, explicó Navas.
Gilbert Jiménez, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), señaló que el cambio realizado en la redacción del proyecto obedece a que el delito de usura ya está sancionado por el Código Penal.
