Pago de anualidades ahora dependería de cumplimiento de metas de instituciones públicas

Así lo establece el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el capítulo donde se proponen reformas al mecanismo para otorgar los incentivos salariales a los empleados del Gobierno.

También lo ratificó el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, por vía teléfonica, consultado por La Nación.

La iniciativa de reforma fiscal, que se tramita en la Asamblea Legislativa, endurecería en general los requisitos para que los empleados puedan obtener el pago de la anualidad, que en teoría se trata de un incentivo a la excelencia laboral.

Específicamente, se agregan varios artículos a la vigente Ley de Salarios de la Administración Pública. Entre ese nuevo articulado, los que van del 42 al 47, establecen que no solamente se deba evaluar el desempeño individual del funcionario.

"Los instrumentos para la evaluación del desempeño se aplicarán una vez al año y deben garantizar, por una parte, la contribución de los funcionarios públicos a los objetivos, metas y acciones concretas definidas en los planes y programas institucionales y, por otra, el desempeño individual", se lee en el artículo 44 propuesto.

Según el viceministro de la Presidencia, el punto es que no tiene sentido que, en una institución pública, el 99% de sus empleados reciban un incentivo salarial por su excelente o muy buena labor, cuando esa entidad solo cumpla el 60% de sus metas.

Igualmente, se eleva la calificación mínima para poder acceder al pago por anualidad. Ya no se les pagaría dicho incentivo a los empleados que reciban una calificación de 'bueno' o su correspondiente numérico, sino para los que alcancen el "muy bueno" como mínimo.

Como el trámite legislativo del proyecto aún no concluye, Luis Paulino Mora advierte de que, incluso, hay mociones que plantean otorgar el incentivo salarial solamente a los empleados 'excelentes', lo cual daría un "porcentaje muy reducido de los funcionarios públicos".

El instrumento que se tendrá que aplicar para la evaluación de los funcionarios debe fundamentarse en criterios cuantitativos y cualitativos de la gestión de los empleados y estará a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), en coordinación con la Dirección General del Servicio Civil (DGSC).

En el caso de las instituciones autónomas que serán afectadas por las reformas legales, tendrán que fijar su propio instrumento de evaluación, pero con base en los parámetros establecidos en la nueva ley.

Aparte de estas nuevas normas para el otorgamiento del incentivo por buen desempeño laboral, se fijó un tope para las anualidades, que por decisión de los diputados quedó en un 1,94%.

Mora detalló que no se trata de quitar beneficios a nadie, pues las anualidades que ya obtuvo un funcionario son su derecho y apuntó que, a partir de la entrada en vigencia de la nueva legislación, tendrán que calcularse con el nuevo porcentaje.

A criterio del viceministro, también se afectarán las anualidades de las instituciones que tengan convenciones colectivas, cuando el porcentaje sea mayor al establecido por la ley.

"La idea es racionalizar la erogación pública a un porcentaje que pueda asumir el Estado de forma razonable, porque la situación de las finanzas públicas no parece poder seguir con un sistema en que por aumentos periódicos se neutralice la inflación, pero con incentivos como las anualidades, se dé un aumento en espiral", explicó el funcionario.

Añadió que la situación actual no es rentable para el Estado, con entidades como la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope), donde las anualidades son del 7%.

"Si bien eso no se aplica a instituciones que no se financian por el Presupuesto Nacional, lo cierto es que la reforma debe tener legitima ante la sociedad y eso pasa por tener reglas justas para el pago de las nuevas contribuciones, que la sociedad perciba que no hay desperdicio en las instituciones", dijo Luis Paulino Mora.

Aparte de endurecer las reglas para el otorgamiento de las anualidades, también las jefaturas deben fundamentar las calificaciones que les otorguen a sus empleados, pues si se comprueba que hubo desviación de poder, tendrán responsabilidad civil.