El Partido Acción Ciudadana (PAC) ha utilizado fondos públicos para pagar las consecuencias de desaciertos en el manejo de su organización y de la propia deuda política.
Con su reserva para gastos de organización, el PAC salda deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por omisiones en planillas, préstamos de campaña no cubiertos y hasta la defensa legal del proceso en el que fue condenado por estafar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La reserva es un porcentaje del aporte que el Estado hace a los partidos políticos.
La situación la confirman las liquidaciones trimestrales de gastos que la agrupación, como cualquier otro partido, debe presentar ante el TSE para que le sean reconocidos los gastos de organización y capacitación, recursos a los cuales obtuvo acceso por los votos obtenidos en elecciones anteriores a las del 2022.
El PAC es el bloque político que más gastos permanentes cobra y eso se explica, en parte, utiliza su reserva para pagar errores que arrastra la agrupación desde hace años.
En gastos permanentes, los rojiamarillos han consumido más de la tercera parte del total liquidado por 15 partidos políticos, por encima del Partido Liberación Nacional (PLN) o el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), entre el 2014 y el 2022.
Préstamos electorales
El PAC asumió un préstamo de ¢836 millones con Banco Lafise para la campaña de Luis Guillermo Solís en el 2014, un crédito todavía pendiente de pagar y que tiene un saldo de ¢668 millones, pese a que el obtuvo derecho a cobrar ¢5.000 millones por los resultados electorales de esos comicios.
Aunque en principio los gastos electorales no se pueden saldar con las reservas de gastos de organización y capacitación, las reglas electorales sí reconocen a los partidos políticos la posibilidad de pagar intereses de préstamos con ese dinero.
Es así como el PAC cobra hasta ¢20 millones mensuales en intereses para cubrir el préstamo de Lafise y otro con Coopealianza, que fue de ¢60 millones para las elecciones municipales 2016.
Fabián Solano, presidente de dicha agrupación, explicó que, para la campaña del 2014, el partido cometió errores a la hora de liquidar los gastos electorales, por lo que muchos de ellos no fueron reconocidos y no fue posible pagar el préstamo como se tenía previsto en ese momento.
Arreglos de pago
El PAC convino con la CCSS un arreglo de pago por ¢450 millones por omisiones en su planilla.
Solano detalló que, luego de que el PAC fuera sentenciado judicialmente por el caso de estafa por contratos de servicios especiales simulados en la campaña electoral del 2010, la Caja cobró a la agrupación política los pagos del seguro social de esas planillas.
Para el jerarca rojiamarillo, se trata de una contradicción, pues la condena penal obedeció a que se demostró la inexistencia de sus contratos, dijo.
Sin embargo, el cobro de la CCSS está siendo asumido por la agrupación política con los gastos de organización y capacitación que tienen otros fines.
En el 2017, los magistrados electorales declararon a favor un reclamo del PAC para que se le reconociera este pago debido al interés público que se asume por tratarse de cobros para esta entidad.
Para ese mismo año, el partido presentó como gastos de organización otro pago a la CCSS por ¢47 millones por una omisión de planilla de un colaborador, una denuncia que no fue objetada por el partido político.
Defensa por caso estafa
En el 2019, el PAC contrató los servicios del abogado Erick Gatgens para defenderse en el proceso judicial por la estafa de ¢627 millones de los contratos de servicios especiales.
En los informes de liquidaciones se confirman dos contratos: uno por $8.000 y otro por $25.000. Algunas de las liquidaciones trimestrales reflejan esos pagos, aunque no fue posible obtener a través del TSE la sumatoria de todas las erogaciones.
Solano confirmó que el PAC contrató a Gatgens para ese fin.
Casos judiciales
Además de estas deudas, el partido tiene pendiente el pago de un acuerdo extrajudicial con Producción Jaulares que, en el 2014, para la campaña de Luis Guillermo Solís, prestó servicios que luego no fueron reconocidos por el Comité Ejecutivo.
El PAC acordó darle a Jaulares los ¢100 millones que le adeudan y los abonos a ese saldo los incluyeron como gastos de organización, aunque esa liquidación aún no ha sido reconocida por el TSE.
Existen precedentes en los cuales la entidad electoral se ha negado a reconocer asuntos judiciales al PAC que, consultó en algún momento, si podían pagar la condena al Estado por ¢627 millones con las reservas de gastos de organización, posibilidad que les fue rechazada.
A partir de allí, Solano afirmó que esa condena sería saldada con recursos de sus mismos militantes, aunque sí se cobró al Estado el costo de la defensa.
También, la agrupación cobró al TSE ¢1 millón de una cena que organizó, en octubre, para recaudar fondos para pagar un abono al Estado, cobro que le fue rechazado en primera instancia.
Gastos totales
Entre el 2014 y el 2021, el PAC reclamó al Tribunal ¢3.200 millones en gastos de organización y capacitación, cifra muy por encima de los otros 15 partidos políticos que han adquirido derecho a esta reserva que se calcula a partir de los votos recibidos en elecciones presidenciales.
Por debajo, le sigue Restauración Nacional con ¢1.900 millones; el PLN, ¢1.400 millones; y el Frente Amplio, con poco más de ¢1.000 millones.
Sin embargo, en el 2022, tras las elecciones presidenciales, el PAC redujo considerablemente sus gastos trimestrales que pasaron desde ¢300 millones, hasta ¢35 millones.