La alianza opositora le pasó por encima al oficialismo en la Comisión de Hacendarios, esta tarde, donde con siete votos impuso un nuevo texto en el proyecto de Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, ajustando las potestades que se le otorgarían a la Dirección de Tributación a la hora de cobrar o castigar a los contribuyentes.
Con el apoyo de diputados de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario y Alianza Demócrata Cristiana, los opositores introdujeron cambios de fondo en la iniciativa legal promovida por el gobierno de Luis Guillermo Solís.
Entre los principales cambios, están los siguientes:
-Se impediría a la Dirección de Tributación embargar cuentas bancarias a los contribuyentes morosos con la autorización de un juez, potestad que el Ejecutivo pretendía tener.
-Se ampliaría el tiempo requerido para que Tributación pueda practicar un embargo de bienes registrales, a un contribuyente alegando silencio positivo. El Ejecutivo pretendía que, si un juez no respondía la solicitud en tres días, se procediera con el embargo. Con la propuesta de la oposición, el juez tendrá diez días para resolver, cinco de ellos para dar audiencia al contribuyente y cinco para resolver. Más tarde, y luego de horas de negociación, la oposición aceptó la solicitud del Gobierno para establecer la posibilidad de que el juez adopte medidas provisionalísimas de congelamiento de los bienes registrales, ya sea de oficio o por solicitud de la oficina de cobros de Tributación.
-Se cambiaría la definición de beneficiario final de una persona jurídica. Los opositores solo permitirán incluir en el registro de accionistas de sociedades a quienes cumplan estos tres requisitos: ser accionista mayoritario, ser el responsable administrativo de una empresa y ser el representante legal según lo establecido en los estatutos de la sociedad. El gobierno quería que una persona fuese calificada como beneficiaria con solo cumplir uno de esos tres requisitos.
Aunque ayer por la tarde, se había eliminado del texto la posibilidad de que Hacienda pida castigos contra los asesores tributarios de los empresarios que cometan fraude fiscal, en la noche se revirtió esa decisión. Con una moción de consenso, aprobada por el PAC, Frente Amplio, PUSC y Liberación, se incluyó al asesor tributario que prepare la declaración de impuestos de una empresa como uno de los responsables por eventuales delitos tributarios.
Uno de los principales objetivos del proyecto contra el fraude fiscal es permitir a Tributación practicar embargos a los contribuyentes morosos hasta por dos años.
Además, con la creación del registro de accionistas y beneficiarios finales, se le facilitaría a Tributación información sobre los ingresos que las personas perciban a través de personas jurídicas. Tributación tendría acceso irrestricto a esa base de datos siempre que se les notifique a los accionistas de una sociedad que el Gobierno está consultando su información. No ocurriría lo mismo en el caso de que se trate de una investigación del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
También, se crearía la figura del juez de garantías, al cual los accionistas podrían recurrir para tutelar la privacidad de sus datos, si consideran que la información se filtró o fue consultada sin previo aviso. El juez tendría la potestad de despedir a los funcionarios responsables de una filtración.
Además del texto sustitutivo, la oposición también usó sus siete votos, este martes, para aprobar una moción que modifica el artículo 1 del expediente 19.245, con la intención de impedir que las entidades financieras den información tributaria de sus clientes a instituciones públicas, salvo que lo ordene un juez.
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Ante las reformas aprobadas, el gobierno, el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Frente Amplio, que suman cuatro legisladores, intentan una ofensiva para mantener los dientes que Tributación solicita al Congreso para perseguir la evasión y la defraudación tributaria.
Para ello, presentarían de cuatro a cinco mociones que, de no prosperar, serían reiteradas de nuevo en el plenario, una vez que este reciba el proyecto para su discusión.
El gobierno entabló conversaciones con la oposición, en especial, para incluir la responsabilidad de terceros y una frase que permita a Tributación pedir a un juez dictar medidas provisionalísimas para el congelamiento de los bienes registrales.
Ante el anuncio del Ejecutivo, el PAC, el Frente Amplio y autoridades del ICD, de que realizarían una conferencia de prensa para decir que el bloque opositor boicoteaba el proyecto, el PUSC y el PLN pidieron frenar el anuncio y se sentaron a negociar las mociones oficialistas, bajo la promesa de que no se les acusaría de querer debilitar las herramientas que quiere la Administración Tributaria para perseguir el fraude fiscal.
El plazo para que la Comisión de Hacendarios emita un dictamen o dictámenes sobre la iniciativa de ley vence el sábado 27 de agosto, según lo estableció la moción de vía rápida aprobada a este expediente.
Eso significa que el trámite del plan en Comisión no puede pasar más allá de esa fecha e irá a debate del plenario en setiembre, con un mes de plazo.
Al cierre de edición, el ministro interino de Hacienda, Fernando Rodríguez; el director de Tributación, Carlos Vargas; los diputados oficialistas y frenteamplistas, junto con sus asesores, trabajaban en mociones para revertir otros cambios, relacionados con la información tributaria de los contribuyentes a que tiene acceso el Estado y la definición del beneficiario final de las sociedades.