Nueve candidatos al Congreso afrontaron serios casos penales

Dos de ellos fueron declarados culpables, tres conciliaron para evitar una sentencia y en cinco casos los acusados fueron absueltos o sobreseídos porque los delitos prescribieron (casi todos tras una acusación) o porque el denunciante abandonó la causa.

Entre los delitos investigados están violación agravada, peculado, estafa, malversación de fondos, receptación de cosas de procedencia sospechosa, fraude de simulación y cohecho.

Así se desprende de una búsqueda que hizo la Unidad de Inteligencia de Datos e Investigación de La Nación en los archivos del Poder Judicial. Durante casi cuatro meses se revisaron 1.700 expedientes judiciales en los que figura el nombre de alguno de los 340 postulantes a un puesto de elección popular que tienen probabilidad de ser elegidos en febrero.

Se incluyeron los casos en los que se tiene certeza de cómo terminaron. Decenas de expedientes más, en los que algún candidato era imputado, fueron destruidos por el Archivo Judicial (se hace después de 10 años) y no quedó registro de su desenlace.

También se tomó en cuenta la condena por estelionato y falsedad ideológica de Ólger Guzmán, aspirante del Movimiento Libertario que esta semana renunció a su aspiración legislativa.

En total, La Nación encontró 26 expedientes penales contra alguno de los candidatos inscritos.

Otros 12 aspirantes enfrentaron procesos penales por delitos como difamación, especulación, incumplimiento de deberes y retención indebida. Siete de ellos fueron condenados.

Violación y pagos a un juez. Entre los casos penales archivados están el del abogado Hugo Navas Vargas, quien encabeza la lista de candidatos a la Asamblea Legislativa del Partido Igualdad y Democracia San José.

El 8 de octubre del 2003, el Tribunal Penal de Juicio de la Zona Sur lo condenó a ocho años de prisión, por ofrecer dinero a un juez a cambio de una sentencia favorable para dos narcotraficantes. Navas apeló y resultó absuelto, pues la Sala Tercera consideró que prescribió el delito por el que lo condenaron.

“Los hechos nunca fueron ni parecidos a los que la Fiscalía me acusó (...) la gente que me conoce sabe quien soy y no me siento deslegitimado (para ocupar un cargo público)”, afirmó Navas.

Otro caso es el del postulante guanacasteco del Movimiento Libertario Henry Valerín Castellón, un educador al que un tribunal condenó por violación y abusos sexuales en perjuicio de una menor de edad, alumna suya. Él también salió libre, pues la Sala III anuló parte de la sentencia y reenvió el caso al tribunal para que fundamentara mejor el fallo. Luego, la denunciante desistió del reclamo.

“Lo único que yo me siento satisfecho es que mi expediente delincuencial está en blanco. Me absolvieron de la culpa. Indiferentemente de lo que haya sucedido, yo estoy libre de toda pena sobre la acusación que se me puso”, dijo Valerín.

Quien sí fue condenado es Rolando Sánchez Cabezas, segundo lugar de la nómina por Puntarenas del partido Nueva Generación.

En 1981, el Tribunal Superior Penal de Alajuela le impuso tres años de prisión por estafa. Los jueces comprobaron que él sustrajo tres cheques en blanco de su patrono, los endosó utilizando un sello con la firma del jefe y los cambió por un monto total de ¢24.700, según consta en el expediente.

El imputado, entonces de 22 años, estuvo en prisión preventiva casi siete meses. Este diario le preguntó por su condena, pero él declinó referirse al asunto . “Eso ya pasó”, argumentó.

La mayoría de casos hallados se relaciona con aspirantes del Partido Unidad Social Cristiana (siete expedientes de cuatro personas).

En tres casos, los acusados conciliaron; otros dos prescribieron y en otro el imputado fue hallado culpable por el delito de especulación.

Usted puede ver los casos en la aplicación #NOVOTOACIEGAS en www.nacion.com