Nogui Acosta pide salvar crédito de $400 millones, pero pone sus condiciones

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, pidió ayuda a los diputados para evitar la pérdida de un crédito de $400 millones con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

No obstante, la solicitud no solo choca con la premura, sino también con la divergencia de criterios entre el gobierno y los legisladores sobre el porcentaje de estos recursos que se utilizará para abonar la deuda del Estado con la CCSS. Sobre este último aspecto, Acosta puso de antemano sus condiciones: no aceptará que más de un 10% se asigne a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mientras que los diputados ya habían aprobado un 40%.

Según advirtió el jerarca, si antes del 16 de junio no está aprobado el expediente legislativo 23.502, que contiene el contrato de financiamiento, se perdería el préstamo internacional, tal como se lo dijo Matthieu Robin, representante de la AFD en Costa Rica.

La principal discusión sobre este proyecto ha girado en torno al rubro para la CCSS después de que los legisladores asignaron $160 millones, que equivalen a un 40% del financiamiento. La decisión sobre este abono a la deuda del gobierno con la CCSS molestó tanto a Nogui Acosta, en enero, que el ministro amenazó con renunciar al crédito. Sin embargo, ahora retomó la solicitud al Congreso, pues dijo que estos recursos son fundamentales para financiar la deuda en el Presupuesto Nacional 2024.

“No solo es el crédito, es lo que trae aparejado, cooperación técnica no reembolsable del BID y cooperación técnica de la AFD. Esto busca darle contenido a ese presupuesto con base en una serie de acciones que ya el país ha venido acometiendo”, dijo.

En una carta fechada el 6 de mayo pasado, Matthieu Robin indicó que el 16 de junio se cumple la fecha límite de desembolso del crédito, al menos de los $100 millones que aporta la Agencia Francesa dentro del financiamiento. A partir de esa fecha, si no está aprobado el proyecto, “no podrá haber más desembolsos”. La única manera para que el contrato se mantenga sería una renegociación que tornaría más caros los intereses.

Aparte de los $100 millones de la AFD, el crédito conlleva $250 millones aportados por el BID y otros $50 millones del Gobierno de Corea del Sur, también a través del BID, como parte del apoyo al Plan Nacional de Descarbonización de Costa Rica. El expediente fue dictaminado por la Comisión de Asuntos Económicos en noviembre del 2023 y superó la etapa de mociones de fondo a finales de enero de este año.

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Este jueves, en la reunión de los jefes de las fracciones políticas, Nogui Acosta adujo que el compromiso de pagar la deuda de la CCSS trasladando un porcentaje de los créditos internacionales fue asumido por el gobierno de Carlos Alvarado y no es una promesa de Rodrigo Chaves.

No obstante, argumentó que el Poder Ejecutivo está dispuesto a negociar, pero solo para trasladar un 10% del crédito BID-AFD, y no el 40% que exigen los diputados.

Ante las advertencias y solicitudes de Nogui Acosta, los jefes de las fracciones de Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, y de la Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo, manifestaron que están de acuerdo en que se apruebe el financiamiento, pero destacaron que es importante pagarle el porcentaje a la Caja.

Izquierdo aseguró que están dispuestos a negociar para alcanzar un punto medio, mientras que el jefe del Frente Amplio (FA), Antonio Ortega, manifestó que la responsabilidad de negociar la tiene la Comisión de Asuntos Económicos, por lo que el Ejecutivo debería acudir a ellos.

Ortega también enfatizó que hay una contradicción entre lo que le manifestaron de parte de la fracción oficialista, que apostaba por devolver el proyecto a comisión y hacerle la reducción del porcentaje para la CCSS en ese órgano, mientras que el ministro Acosta señaló este jueves que no hay tiempo para eso.

Sin definir una posición sobre el porcentaje que se trasladaría a pagar la deuda del Estado con la seguridad social, finalmente el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, fijo como plazo el próximo martes, para definir una posición respecto a ese financiamiento internacional.