Según dijo Acosta en la mañana, ante la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios, la reasignación propuesta por el Partido Liberal Progresista (PLP) llevaría al incumplimiento de la meta de superávit primario, fijada por los propios legisladores el año pasado, como condición para la emisión de $1.000 millones en eurobonos en el mercado internacional.
Por la noche, los diputados del mismo foro rechazaron la propuesta del PLP.
Para el 2024, el Ministerio de Hacienda tiene planeado alcanzar un superávit primario de ¢934.628 millones (diferencia entre ingresos y gastos sin contar el pago de intereses de la deuda pública), equivalentes a un 1,88% del producto interno bruto (PIB).
Sin embargo, Acosta estimó que el superávit primario bajaría a ¢845.287 millones (1,7% del PIB) si se aumentaba el gasto corriente en seguridad en ¢38.343 millones, tomando en cuenta que la rebaja en el marchamo redujo los ingresos tributarios en ¢51.000 millones.
Además, el ministro señaló que la reasignación de recursos pondría en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal.
Explicó que el 56% del espacio disponible para aumentar el gasto sin infringir esa norma fue absorbido por un aumento presupuestario de ¢22.302 millones para seguridad, otro de ¢72.098 millones para pensiones y ¢74.747 millones para Educación, ya contemplados en el plan de gastos.
El margen que queda para distribuir en el resto de las instituciones sería muy poco, dijo.
Según el jerarca, la adhesión al CAF permitiría al país acceder a financiamiento en mejores condiciones y el pago de la membresía está fuera de las restricciones de la regla fiscal debido a su naturaleza de inversión.
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El PLP propuso tomar los recursos del CAF para destinar ¢17.544 millones adicionales al Ministerio de Seguridad Pública, ¢2.500 millones al Ministerio de Justicia para mejorar el sistema penitenciario y ¢5.861 millones a la Fiscalía para la creación de 150 nuevas plazas, que incluyen fiscales y técnicos judiciales.
Por último, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) habría recibido ¢12.437 millones, de los cuales ¢4.451 millones se destinarían a recursos operativos y ¢7.986 millones para la creación de nuevas plazas operativas.
Acosta también advirtió sobre los efectos negativos en las finanzas públicas que implicaba utilizar recursos del pago de intereses de la deuda pública para aumentar el presupuesto en seguridad, educación e infraestructura.
Diputados de la Comisión de Hacendarios, liderados por el Partido Liberación Nacional (PLN), tienen la intención de agregar ¢24.700 millones a infraestructura, ¢10.333 millones a Cultura y Educación, ¢20.000 millones a Seguridad, así como asignar fondos al Congreso, Cruz Roja y la Defensoría de los Habitantes, lo que suma ¢57.000 millones en total.
De estos, ¢51.000 millones provendrían de un recorte en la partida para el pago de intereses de la deuda pública, y ¢6.000 millones de la emisión de eurobonos de este año.
Acosta agregó que las tasas de interés están en constante presión al alza y que el tipo de cambio del dólar es muy volátil, lo que podría afectar el presupuesto nacional si ambos factores aumentan a la vez.
Por ejemplo, un aumento del 1% en las tasas de interés de la deuda del Gobierno aumentaría el gasto en ¢79.241 millones y elevaría el saldo de la deuda en ¢25.400 millones. Asimismo, un aumento de ¢10 en el tipo de cambio del dólar incrementaría el pago de intereses en ¢14.615 millones y elevaría el saldo de la deuda en ¢227.813 millones.
