Nogui Acosta, ministro de Hacienda, criticó con severidad el proyecto de ley aprobado en una comisión legislativa para rebajar el monto del marchamo hasta en un 67%. Estimó que esta medida tendría consecuencias devastadoras.
Según dijo, en caso de que el plenario avale en definitiva la reforma, el país entraría en riesgo de incumplir las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año, debido a una caída en la recaudación. Tal es el caso del superávit primario (diferencia entre ingresos y gastos sin contar intereses de la deuda).
Acosta agregó que tampoco se cumplirían las metas fijadas para emitir $1.000 millones en eurobonos en el mercado internacional, el próximo año. Además, según aseveró, aumentarían el déficit fiscal y la deuda pública.
De acuerdo con el ministro, la propuesta presentada por el Partido Liberal Progresista (PLP) generaría un déficit de ingresos tributarios estimado inicialmente en ¢117.300 millones.
En un principio, Hacienda estimaba recaudar ¢210.208 millones con el marchamo del 2024, pero Acosta alega que la cifra bajaría a ¢92.906 millones.
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Dicho faltante equivaldría a un 0,25% del producto interno bruto (PIB), lo que resultaría en una baja del superávit primario, pasando del 1,6% del PIB al 1,3% hacia finales de 2023.
Acosta hizo hincapié en que el impacto financiero podría ser aún mayor, ya que aún no se ha calculado el descuento propuesto en el proyecto para los vehículos con seis años de antigüedad o menos, basado en criterios de contaminación y peso.
“El incumplimiento de las metas acordadas con el FMI y el impacto en la emisión de eurobonos acarrearían consecuencias devastadoras para el país”, adviertió el jerarca.
Asimismo, sostuvo que los nuevos balances primarios con la reducción del impuesto podrían comprometer la reducción de la deuda por debajo del 60% en 2025, lo que retrasaría la flexibilización de la regla fiscal destinada a controlar el crecimiento del gasto de las instituciones.
Aumentarían deuda y déficit fiscal
El Ministerio de Hacienda estima que la deuda pública se situaría en un 58,9% para el año 2025, en condiciones actuales. No obstante, aseguró que con la reducción del marchamo esta cifra aumentaría a un 59,4%.
Por otra parte, estimó que los déficits fiscales con el proyecto se ubicarían en -3,7% para este año, -3,9% para el próximo, y en un -2,6% para el 2025.
El proyecto fue aprobado afirmativamente por un grupo mayoritario de diputados pertenecientes al PLP, Partido Liberación Nacional (FA) y Frente Amplio (FA) en la comisión especial encargada de discutir la rebaja en el marchamo.
La iniciativa propone una reducción de hasta el 67% en los impuestos para vehículos con un valor de mercado inferior a los ¢12 millones. Para los vehículos con valores de entre ¢13 millones y ¢30 millones, la reducción oscilaría entre el 48% y el 22%.
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‘Progresividad del proyecto es nula’
El ministro Acosta argumentó que el proyecto carece de progresividad. Para respaldar su afirmación, dijo que la depreciación a 10 años propuesta por la iniciativa carece de relación con la realidad.
Con esta propuesta, por ejemplo, el dueño de un Hyundai Elantra del año 2000, con un valor de mercado de ¢960.000, pagaría ¢23.000 en impuesto.
Según el jerarca, el mismo monto de impuesto se pagaría por un Porsche 911 del mismo año, con un valor de ¢11,5 millones, o un BMW X5 con un precio de ¢9,3 millones.
“La mejora en el coeficiente de Gini (que mide la desigualdad) es insignificante, no existe. Esto tendría un impacto significativo en la recaudación”, afirma Acosta.
El Gobierno presentó su propia iniciativa, pero al carecer de apoyo político se sumó a la del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) que propone una rebaja moderada en el impuesto para los carros de menor valor, que constituyen el 93% de la flota vehicular, y un aumento para el restante 7% más costoso.
Choque PLP y Gobierno
Consultado al respecto, Jorge Dengo, diputado del PLP e impulsor de la iniciativa que fue dictaminada, sostuvo que la rebaja propuesta no afectaría el superávit primario.
“Lo que el ministro podría considerar es no agravar la regla fiscal. Eso es más importante que esta discusión. Él está buscando qué institución puede excluirse de la regla fiscal”, aseveró Dengo.
Por otro lado, Eli Feinzaig, jefe de bancada del PLP, justificó en principio que Hacienda tuvo un superávit de ¢745.000 millones en 2022, el cual podría compensar la falta de ingresos por marchamo durante varios años.
No obstante, el ministro Nogui Acosta señaló que estos fondos forman parte del superávit acordado con el FMI y no pueden utilizarse.
Feinzaig agregó que la reducción en los ingresos no podría alcanzar los ¢117.000 millones si el año pasado se recaudaron ¢186.000 millones del impuesto.
Justificó que el proyecto plantea reducciones en el orden del 15% al 25% para los vehículos de más alto valor, donde se concentra la recaudación del tributo. “Aritméticamente, imposible. El debate público acerca de las políticas públicas merece más altura”, señaló el diputado.
En tanto, Acosta explicó que una parte de ese impuesto se recauda entre noviembre y diciembre de cada año, pero que a lo largo del año lo pagan los vehículos nuevos y aquellos rezagados, por lo que la recaudación aumenta.
Feinzaig dijo que no todos los carros del año 2013 pagarían una tarifa mínima. Agregó que la depreciación hace una rebaja máxima de 80,31% a lo largo de diez años.
Del mismo modo, Feinzaig pidió al ministro no apoyar el proyecto que plantea excluir de la regla fiscal la parte comercial de las empresas públicas como la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) o la Fábrica Nacional de Licores (Fanal).
Esta propuesta, planteada por el Gobierno, implicaría pasar de tener un 92% del gasto público sometido a las regla, a alrededor de apenas un 60%, de acuerdo con el FMI. Feinzaig sostuvo que sería una debacle.
Por su parte, Monserrat Ruiz, diputada del PLN que votó a favor de la iniciativa para reducir el monto del marchamo, afirmó que no es clara la metodología de Hacienda para calcular el faltante del ingresos.
Además, Ruiz comparó a la administración actual con la anterior en que, según dijo, se guardan el dinero de los superávits, cuando bien se le puede retribuir a los contribuyentes por medio de un ahorro.
