Montserrat Solano dice estar segura de no querer reelegirse como defensora de los habitantes. Cuando cumpla cuatro años, en el 2018, se irá.
Sí, ya se sabe que apenas está cumpliendo su primer año en el cargo (un enorme ramo de flores conmemorativas adornaba su oficina este jueves en la noche), pero su intención de no reelegirse es sobre todo una declaración de principios.
“Por la independencia de la Defensoría, es mejor evitar la reelección”, contestó. Es una proclama de cómo quiere trabajar y cómo asegura haberse desempeñado en estos 12 meses: distante de las banderas partidistas, huyendo de condicionantes políticos y apegada a su especialidad en Derechos Humanos, pero sin activismos.
Por ejemplo, a Solano no se verá de mariscal de la marcha de la diversidad, como sí lo hizo su antecesora Ofelia Taitelbaum.
Son cosas que tiene más claras ahora, un año después de que fue juramentada, luego de una rara elección de alguien que no viene de ningún partido. Es más, de alguien que tenía una década de vivir fuera del país en ese hábitat de organizaciones internacionales de derechos humanos.
Los diputados contrataron a una técnica sin kilometraje político y así ha trabajado, aunque ella asegura tener cierto olfato, para tampoco ser un alma inocente en medio de los poderes criollos.
Ese olfato le dice que mejor sigue trabajando igual en los tres años restantes y decir adiós en el 2018, para no comprometer sus funciones a cambio de votos de los diputados para reelegirse hasta el 2022.
Al menos esto lo dice ahora, sabiendo que resulta ser un factor político aunque no quiera. Tampoco puede resultar neutral alguien quien dice cosas como un martillazo sobre la mesa.
Dice cosas como “este es un país más racista y homofóbico de lo que se puede pensar” y “la Caja de Seguro Social perdió su norte y su capacidad de gestión y prioriza un pedazo de plástico (el carné de salud) por encima del derecho del acceso a la salud”.
La sexta defensora de los habitantes en Costa Rica, una experiodista y abogada especialista en Derechos Humanos, prefiere que se le vea como una técnica enfocada contra la discriminación de minorías, aunque sostiene que también ve por la mayoría.
¿Minoría o mayorías? “Pueden ver el informe sobre el déficit fiscal y la alerta para que nuevos impuestos no caigan sobre los hombros de los más pobres. Hemos señalado problemas con la infraestructura, hemos dicho que el desempleo asusta y hemos hecho ver que el servicio de buses es un desastre”.
También mencionó temas que no estaban en el espectro cuando se postuló, como el maltrato a las mujeres que paren en hospitales públicos. También recordó casos que le han sacado las lágrimas, como el del niño de dos años de Los Chiles, quien murió torturado con agujas .
“Creí que en Costa Rica no se morían las víctimas (de violaciones a derechos humanos) y cae lo del Hospital México (fallas en Cardiología) . Creí que no vería aquí atrocidades y cae lo del niño en Los Chiles”.
“El trabajo en derechos humanos es frustrante en un 90% de las ocasiones, pero ya sé que así es en todo el mundo”.
Y como ocurre en todo el mundo, siempre hay gente insatisfecha. Entre ellos está el diputado Otto Guevara, para quien la Defensoría (con un presupuesto de unos ¢5.200 millones) debería trascender el trabajo por sectores minoritarios y entrar a temas más globales, de interés para él.
“Debe ir más allá. No está impactando como debiera en las libertades de los costarricenses. Debería poner más atención en la justicia pronta y cumplida, en el tema de monopolios y oligopolios y en la defensa de los derechos de propiedad”, comentó Guevara.
Aquí tocó un tema sensible, pues Solano se ha involucrado en el conflicto en el territorio indígena de Salitre, pero “desde la óptica que desconoce el derecho de propiedad”, según el legislador, en alusión a propiedades supuestamente de “blancos”.
“La estimo, tiene alto perfil y vocación de derechos humanos, pero hay que replantearse el rol y el tipo de derechos que debe observar”, añadió Guevara, en una línea distinta a la de congresistas como Ottón Solís (PAC) y Johnny Leiva (PUSC).
Ellos alabaron la tarea de Solano y su trabajo despolitizado, ceñido a la técnica en derechos humanos. “Me gusta que no es militante ni anda promoviendo reformas que corresponden a los diputados. Se conduce con prudencia y seriedad”, opinó Solís.
Para Leiva, uno de los mayores méritos es el trabajo en el terreno, fuera de la oficina en barrio México de San José. Salitre vuelve a servir de ejemplo, pero también Nicoya o Limón, entre otros.
La mano virgen. El trabajo de Solano va más allá de dirigir la atención de denuncias o servir de garante en el cumplimiento del Estado.
Registra al menos tres conflictos en los cuales ha servido como mediadora. El primero de ellos y, quizás el más notable, le llegó antes de cumplir un mes en funciones: la huelga en los puertos de Limón, en octubre del 2014.
Gobierno y sindicato estaban enfrentados y el parlamentario Gerardo Vargas (Frente Amplio) pidió a Solano mediar.
“Participamos solo si hay margen para negociar, si creemos que podemos ayudar a una solución pacífica”, comentó la defensora, quien sostiene que en la relación con el gobierno de Luis Guillermo Solís, la prioridad es equilibrar rigurosidad con el mantenimiento de espacios de diálogo.
A su favor tiene la ausencia de anticuerpos políticos o “cuentas pendientes” y el crédito de distintos sectores. En contra, la falta de experiencia como mediadora e incluso el desdén por su edad (39 años) o sexo, admite ella. “Puedo sortearlo. No le tengo miedo”, añadió.
Y vuelve sobre sus prioridades. Dice intentar trabajar por resultados y se ufana de que cuando llegó había más de 900 denunciar pendientes de atención y ahora apenas superan las 30.