El ministro de Turismo, Mauricio Ventura, cobró unos ¢25 millones por el incentivo de prohibición que se le paga a los altos jerarcas del Estado, a pesar de que no cumplía con todos los requisitos para disfrutarlo.
Si bien Ventura ostenta un máster en Administración de Empresas, él incumple el requisito de estar adscrito al colegio profesional respectivo, lo cual es indispensable para ejercer libremente su profesión. Por ende, no podía cobrar el plus salarial de poco más de ¢1 millón mensuales, equivalente al 65% de su sueldo.
La obligatoridad de estar colegiado la dejó en claro la Procuraduría General de la República en un pronunciamiento emitido el 7 de abril, ante una consulta del Ministerio de la Presidencia.
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Alberto López, gerente general del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) –entidad que dirige Ventura–, alegó que el pago erróneo recibido por el ministro obedeció una "omisión" por parte del departamento de Recursos Humanos de la institución, que no verificó que el ministro estuviera incorporado al Colegio de Ciencias Económicas.
"El departamento de Recursos Humanos omitió solicitar la documentación relacionada con la incorporación al colegio profesional respectivo, situación que provocó el error descrito", dijo López en un correo ante una consulta de La Nación.
Agregó que el "error" ya había sido detectado y que desde la segunda quincena de abril se les comenzó a pagar un salario diferente.
Un plus por otro, le piden devolver ¢3,6 millones
No obstante, el gerente afirmó que Ventura no tiene que devolver los ¢25 millones que ya se le pagaron por prohibición, entre mayo del 2015 y abril del 2017, sino que solo se le ordenó devolver ¢3,6 millones. ¿Por qué? Según el funcionario, el ICT considera que, si bien el ministro no podía cobrar prohibición, sí se le podía pagar el incentivo de dedicación exclusiva, el cual le será reconocido de manera retroactiva.
Entonces, a la vez que se le pide devolver la prohibición que equivale a un 65% del salario base, se le reconoce un 55% de dedicación exclusiva. La diferencia es de ¢3,6 millones.
Además del porcentaje, la diferencia entre prohibición y dedicación exclusiva es que la segunda no es inherente al cargo; es decir, no es obligatoria, sino que queda a consideración de la institución y del empleado.
Esta tarde, en una llamada telefónica, el gerente López aseguró que para pagar la dedicación no se requiere de la colegiatura.
En el caso del régimen del Servicio Civil, sí es requisito estar incorporado al colegio profesional respectivo para los profesionales que deseen cobrar la dedicación exclusiva. Así consta en la resolución DG-254 del 2009.
Además, la obligatoriedad también se establece en el decreto ejecutivo 23669-H de 1994, el cual cubre a las empresas amparadas por el régimen de la Autoridad Presupuestaria.
'Yo no he cobrado, a mí me han pagado, es un clarísimo error'
En declaraciones a La Nación, a las 7:45 p. m., Ventura afirmó que él no cobró la prohibición, sino que se la pagaron por "clarísimo error" del departamento de Recursos Humanos, donde alguien "no estaba haciendo bien su trabajo", pues se dio por "un hecho" que él estaba colegiado.
Añadió que ha luchado contra los beneficios excesivos en el ICT e resaltó en que se dieron cuenta del "error" por una investigación solicitada por el presidente Luis Guillermo Solís.
"Yo no he cobrado, a mí me han pagado", machacó el ministro Ventura, quien alegó que nunca ha revisado el desglose de su salario y que tampoco lo hizo cuando surgieron cuatro casos similares, pero de viceministros.
Él sostiene que lo que se le pagó de más son ¢3,6 millones y no ¢25 millones, según el criterio de Recursos Humanos, oficina que dijo que se le pagaría la dedicación exclusiva. Al consultársele si procede pagar ese plus de manera retroactiva, respondió: "Ni siquiera me han dicho que es retroactivo, lo que me han dicho es 'a usted se le pagó el 65% y se le debió pagar el 55%'. Aquí hubo un error de 10%, eso es lo que me dicen, aquí hubo un error del departamento, se equivocaron".
López también aseguró que el caso del ministro Ventura no es el único, pues también se detectó un pago irregular del incentivo al subgerente de Mercadeo, Alejandro Castro Alfaro.
A él también se le ordenó solo devolver la diferencia entre la prohibición y la dedicación exclusiva, es decir, ¢3,8 millones.
"El departamento de Recursos Humanos determinó que, a partir de la segunda quincena de abril 2017, los señores Castro y Ventura se ubicarán salarialmente en el nivel de pago correspondiente a la categoría que no exige título académico y, por ende, tampoco la incorporación al colegio profesional respectivo. La información señalada fue comunicada al señor Castro y al señor Ventura el 7 de abril y hasta hoy (28 de abril) se les notificó la suma a devolver", declaró López.
Sin embargo, el gerente del ICT adelantó que, una vez que los funcionarios cumplan con el requisito de la colegiatura, se les volverá a asignar el 65% por prohibición.
López también dijo que los dos casos se detectaron ante una solicitud de investigación que hizo el presidente Solís y libró de responsabilidades a Ventura y Castro. Aseguró que se decidió abrir una "investigación para sentar las responsabilidades que correspondan a los funcionarios que cometieron estos errores" y se ordenó crear "los procedimientos para que esta situación no vuelva a ocurrir".
La semana pasada, la Procuraduría aclaró los alcances del artículo 14 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, donde se tutela el pago de prohibición para los altos jerarcas públicos, entre ellos, los ministros.
"Para tener derecho a la compensación económica derivada de esa prohibición –que consiste en un 65% calculado sobre el salario base– es indispensable ocupar uno de los puestos afectados por la restricción (en este caso ministro), ostentar una profesión liberal, y estar en posibilidad efectiva de ejercerla, lo que implica estar incorporado al colegio profesional respectivo, en los casos en que así se requiera para el ejercicio liberal de la profesión", señaló el abogado del Estado en la conclusión N.° 2 del oficio C-075-2017.
Mientras, la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas establece, en su artículo 15: "Solamente los miembros activos, los temporales, los asociados y los honorarios del Colegio podrán ejercer la profesión en los campos de competencia de las ciencias económicas, tanto en el sector público como en el sector privado".
Otros casos
Con Ventura, ya son cinco los casos de altos jerarcas de la actual administración que recibieron el pago por prohibición de manera irregular.
El primer caso fue la viceministra de Gobernación, Carmen Múñoz, quien hasta mediados del 2015, cobró ¢11 millones de más. Después, le siguieron los casos de sus homólogas de Vivienda y la Presidencia, Ana Cristina Trejos y Ana Gabriel Zúñiga, respectivamente, así como el viceministro de Paz, Víctor Barrantes.
Zúñiga recibió ¢30 millones de más y Trejos ¢11 millones a diciembre del año pasado.
Múñoz y Trejos debieron llegar a un acuerdo con la administración para devolver esas sumas al erario. La primeralo hizo en tractos y la segunda sacó un préstamo para cancelar la deuda.
Víctor Barrantes está en el proceso administrativo respectivo, mientras que Zúñiga informó este viernes, que devolverá el 20% de los casi ¢30 millones pagados de más.
Ella llegó a un acuerdo para devolver ¢8 millones, informó la Casa Presidencial en un comunicado de prensa, sin dar mayores detalles.
Por su propia voluntad, Zúñiga decidió devolver ese porcentaje, con base en el dictamen de la Procuraduría de principios de mes, donde se establece que sí podría cobrar un 45% por prohibición, pues el abogado del Estado aclaró que a los egresados de la licenciatura en Derecho, como es el caso de la viceministra, no los cobija la Ley contra la Corrupción, pero sí las leyes de Compensación por Pago de Prohibición y la Orgánica del Poder Judicial.
La Dirección Jurídica de Casa Presidencial aún no concluye el proceso administrativo contra ella.
Esta noticia fue actualizada a las 8 p. m.
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