El Ministerio Público solicitó este martes una pena de ocho años de prisión para el extesorero del PAC, Maynor Sterling Araya, por una presunta estafa de casi ¢364 millones en contra del Estado, que habría ocurrido al cobrar la deuda política de las elecciones nacionales del 2010.
Ante los jueces del Tribunal Penal de San José, la Fiscalía le achacó a Sterling ser la persona que orquestó e ideó cobrarle al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) contratos por servicios especiales que en realidad habrían sido brindados de forma gratuita por partidarios, que del todo no se realizaron, o bien, que obedecieron a una labor distinta.
Al solicitar la sanción, la Fiscalía también pidió que se impongan seis meses de prisión preventiva al extesorero del partido de Gobierno, mientras el caso entra en etapa de apelaciones.
En total, fueron 263 acuerdos contractuales, en apariencia "falsos", los que el TSE aprobó y reembolsó al partido, una vez concluido ese proceso electoral.
Por el mismo delito, el Ministerio Público solicitó tres años de prisión, con el beneficio de ejecución condicional de la pena, a Manuel Antonio Bolaños Murillo, quien desde entonces y hasta la fecha, se desempeña como colaborador del PAC, en múltiples tareas.
La sanción solicitada para Sterling fue mayor porque el Ministerio Público le atribuye ser artífice de la supuesta "maniobra" para cobrar facturas "falsas" al TSE, con el objetivo de "inflar" gastos para que el PAC pudiera acceder a un monto mayor de la deuda política.
No obstante, el fiscal Alexander Valverde afirmó que el tesorero logró ejecutar "la maniobra" con la ayuda de Bolaños, a quien calificó como "el instrumento idóneo".
Según Valverde, Bolaños fue el encargado de buscar y contactar a las personas que prestaron los servicios especiales, de manera voluntaria, para que firmaran los documentos con los cuales, posterioremente se le cobró el dinero al TSE.
Su compañera, la fiscala Greysa Barrientos fue enfática en que el colaborador del PAC no era un simple mensajero, como se ha querido ver, sino que él estaba al tanto de que la finalidad era acceder a un monto superior de la contribución estatal.
"Los contratistas refieren que 'Tony' daba una explicación general, que hablaba de los bonos (de deuda política con que se cancelaron esos contratos), respondía preguntas, lo que sugiere un discurso que no es ensayado, inclusive, da cuentas sobre las referencias del TSE. Él llenó los contratos", afirmó Barrientos, con base en lo dicho por algunos testigos.
Agregó que Sterling era el brazo en la estructura del PAC, en el Comité Ejecutivo, donde se toman las decisiones y que Bolaños era el contacto directo con las bases del partido, es decir, con los partidarios.
Del otro lado, los defensores de los imputados aseguraron que las petitorias de la Fiscalía no tienen fundamento y que carecen de objetividad, al tiempo que negaron que alguno de los acusados haya cometido alguna ilegalidad.
"El que haya pedido ocho años se aleja de la objetividad. Don Maynor no ha cometido ningún delito, no ha cometido ningún acto ilícito. De los 150 testigos que desfilaron acá (por el juicio), ni uno solo dice que don Maynor haya hablado con ellos y, es más, la mayoría ni lo conoce. El que se haya pedido prisión preventiva inmediata es una barbaridad, no hay ni un solo peligro procesal que justifique que a don Maynor, eventualmente en una condena, que nosotros descartamos, se le tenga que dejar privado de su libertad", declaró Milton Castro, abogado de Sterling.
Por su parte, Ronny Guevara, defensor de Bolaños y del PAC, agregó: "A mí me parece un absurdo (el castigo pedido para su defendido), porque estamos hablando del mensajero que llevó los contratos que las personas aceptaron firmar y esa documentación con total transparencia se le presentó al TSE, por lo que no hay motivo para condenar a la persona que traslada los documentos".
Reproche mayor. Si bien la Fiscalía, solicitó una pena por una presunta estafa de ¢364 millones, por contratos que se ventilaron en el juicio, la Procuraduría General de la República solicitará un resarcimiento superior a los ¢500 millones.
En la contienda del 2010, la deuda política superó los ¢17.000 millones. Con los votos obtenidos, el PAC podía reclamar ¢3.741 millones; sin embargo, para ello, primero debía comprobar que gastó ese dinero. De lo contrario, el excedente iría a parar, directamente, a una reserva para capacitación y organización.
Al final, el partido político reportó gastos de campaña por ¢4.238 millones, de los cuales poco más de ¢1.100 millones —una cuarta parte— fueron incluidos en esta polémica partida de servicios especiales.
Tras una revisión de la documentación de esa partida, el Tribunal solo reconoció el pago de ¢516 millones. Ese es el monto de la presunta estafa que le atribuye el Ministerio Publico al PAC y, además, es la suma que demanda la Procuraduría General de la República, en vía civil, como abogado del Estado.
El juicio contra el PAC inició el 4 de julio, actualmente se encuentra en la etapa de conclusiones, la antesala para que los jueces Raúl Madrigal, William Serrano y Maribel Bustillo entren a deliberar para después emitir una sentencia final.
Acción Ciudadana es el segundo partido que es juzgado en los Tribunales por delitos electorales. El año pasado el exvicepresidente, el excontador y un exdirigente del Movimiento Libertario fueron condenados por estafar ¢209 millones al TSE con el cobro de cursos ficticios en la deuda política, también del 2010.