El Ministerio de Educación Pública (MEP) dará un pasó más allá de la vía de diálogo que ha mantenido abierta con los grupos de estudiantes que, la semana anterior, impidieron el ingreso a los centros educativos de alumnos que sí quieren recibir lecciones.

Por lo tanto, este lunes 22 de julio, tomará las medidas necesarias para garantizar el ingreso de los colegiales dispuestos a asistir a clases, confirmó Gabriela Valverde, directora de Participación Estudiantil del Ministerio.

La funcionaria dijo que se mantendrá el protocolo que se ha empleado hasta el momento, cuando han tenido que negociar la apertura de centros de estudios.

En este protocolo intervienen cuatro actores: la Fuerza Pública, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) –por tratarse de menores de edad–, el director del colegio y el director regional del MEP.

No obstante, afirmó, “vamos a dar un paso para que se puedan abrir los centros educativos”.

¿En qué consiste ese paso? “La idea es mantener el protocolo para garantizar la seguridad, pero la semana anterior no habíamos intentado abrir los centros educativos; estábamos negociando. Esta semana, lo que se quiere es buscar otras medidas, dependiendo de la situación que se pretende”, explicó Valverde.

Valverde explicó que el objetivo es garantizar el derecho a la educación de todos los alumnos, así como velar por la seguridad de la comunidad educativa y de los habitantes de los lugares donde se ubican los centros educativos afectados.

“El tema central aquí es que se está violando el derecho a la educación. Con estos cierres en las entradas de los centros educativos hay situaciones de riesgo para toda la gente cercana a la comunidad.

“Se toman acciones por la fuerza para que las personas no ingresen, donde entran docentes, estudiantes, madres, padres, personal administrativo. Todas esas personas están siendo retenidas a la fuerza.

“Ya la situación de invasión y de vandalismo que se está viviendo está afectando la integridad de estudiantes, docentes, familias y de toda la comunidad educativa”, enfatizó la funcionaria.

Hasta el viernes 19 de julio a las 10 a. m., reducidos grupos de jóvenes habían paralizado nueve colegios en todo el país. Cinco en la zona norte, dos en Limón, uno en Sarapiquí y otro en Boca Arenal (región de Grande de Térraba).

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El caso del CTP de Pital

El incidente más reciente ocurrió ese mismo día, cuando 10 estudiantes del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Pital de San Carlos evitaron el ingreso de 1.340 alumnos quienes sí estaban dispuestos a asistir a clases.

Así lo denunció el director de ese centro educativo, Roberto Céspedes Mora, quien tuvo que ingresar a la oficina de la Dirección por un portón trasero, por la fuerza, pues el colegio había estado cerrado durante toda la semana por las manifestaciones.

Las protestas son convocadas por el autodenominado Movimiento Estudiantil de Secundaria (Medse), que emplea argumentos falsos y contradictorios sobre educación dual, baños individuales y pruebas FARO.

De hecho, el líder de ese grupo, un joven de undécimo año llamado Kennett Sánchez Marín, estudia en el CTP de Pital.

Incluso el director del centro educativo dijo que, aunque Sánchez no se ha hecho presente en las protestas, ha enviado a alumnos de años inferiores, como sétimo y octavo, a poner candados en los portones del colegio.

Asimismo, Céspedes denunció que el joven lo ha llamado amenazándolo con “enviarle a la prensa”.

Una persona que se identificó como Kennet Sánchez y que se comunicó con este medio desde el número que La Nación tiene registrado con su nombre rechazó la versión del director del colegio.

Medse cuenta con el apoyo de sindicalistas y, en su sitio de Facebook, difunde contenidos de corte sindical. Por ejemplo, se opone a la aprobación del proyecto de ley en la Asamblea Legislativa sobre empleo público, que pondría tope al crecimiento exponencial, gracias a los pluses, de los salarios de los funcionarios públicos.

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