Los diputados aprobaron, este jueves, un aumento a las multas y las sanciones que se les aplican a los médicos generales y especialistas por comportamientos antiéticos, faltas administrativas y por mala praxis.
En primer debate, los legisladores avalaron en mayoría una reforma a la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos para actualizar las multas, que en la ley vigente eran de ¢200.
Con el cambio, las sanciones oscilarán entre uno y cinco salarios base de un médico general, es decir, entre ¢900.000 y ¢4,5 millones.
Mientras tanto, las suspensiones del ejercicio de la profesión, por las mismas razones, irán de los ocho días a los seis años.
El proyecto tuvo 38 votos a favor, mientras que cinco legisladores votaron en contra.
Los votos en contra fueron de Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN); Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Zoila Volio, del Partido Integración Nacional (PIN); Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), y José María Villalta, del Frente Amplio.
Además de actualizar multas y la posible suspensión, la reforma establece que el Colegio tiene como finalidad regular y fiscalizar que la Medicina se ejerza conforme “a las normas de la moral, la ética y las mejores prácticas de la ciencia y la tecnología”.
Obligaría a esa entidad a fijar las tarifas “con base en estudios técnicos y de conformidad con los principios de proporcionalidad y razonabilidad”.
Por otra parte, incluye entre los fondos que puede recibir el Colegio de Médicos y Cirujanos, “las subvenciones aprobadas por el Estado o cualquier otra entidad pública y privada, nacional y extranjera”.
Además, le da la potestad a la Asamblea General del Colegio para establecer “cuotas extraordinarias”.
En cuanto a la prescripción por faltas antiéticas, mala praxis y demás, se establece un periodo de cuatro años para dicha prescripción.
Sobre las faltas, debe realizarse un debido proceso en manos del Tribunal de Ética Médica, según el Código de Ética Médica; además, se establece que se sancionará al médico, profesional o tecnólogo autorizado que “realice actos que excedan su competencia profesional o técnica", según lo determine la junta de gobierno del Colegio.
Según el diputado Luis Antonio Aiza, del Partido Liberación Nacional (PLN) y médico de profesión, era muy necesario actualizar una ley de hace 58 años, que planteaba multas tan ridículas como la de ¢200.
La diputada León explicó que sus razones para no votar a favor de la iniciativa tienen que ver, primero, con que no logró modificar el cuórum requerido para que se reúna la asamblea del Colegio de Médicos.
“El cuórum establecido en la ley no es representantivo, está en contra del principio de representantividad. No es posible que un colegio con más de 16.000 afiliados, haga cuórum solo con 30”, dijo León.
Su segundo motivo es que los diputados no aceptaron fijar, además de tarifas mínimas para los servicios médicos, también imponer un techo en esas tarifas.
“Este país debe darle holgura a un profesional para que tenga opción de ajustarse a los segmentos del mercado y darles a las personas el derecho de acceder a servicios de salud de acuerdo con su capacidad adquisitiva”, explicó la legisladora.
Relató que ella se reunió con representantes del Colegio de Médicos, quienes alegaron que fijar un techo en las tarifas “ponía en riesgo la calidad de la salud”. No obstante, la congresista afirmó que perfectamente se puede brindar salud de calidad a costos muchísimo más accesibles.
Con León coincidió Villalta, quien añadió que el proyecto podría darle un “poder excesivo al Colegio de Médicos”, ya no para regular la calidad del ejercicio profesional de la Medicina, sino para reducir la competencia y favorecer a algunos profesionales.
En ese sentido, el frenteamplista criticó que la iniciativa impida que un médico general pueda realizar ciertos procedimientos si no tiene la especialización necesaria para hacerlo, pues adujo que eso impediría que las personas accedan a atención médica en casos específicos.
“Con las tarifas, logramos que se tengan que fijar con base en estudios técnicos, pero muchas veces esto se hace solo pensando en el beneficio económico de los profesionales y no en el interés de los usuarios de los servicios, que sufren cobros abusivos”, dijo el diputado.