Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia acordaron públicamente, la tarde de este lunes, dejar de defender pensiones hasta de ¢7,1 millones en el Poder Judicial.
La Corte Plena decidió abstenerse de participar en el debate que desarrolla la Asamblea Legislativa, la cual estudia un proyecto de ley para recortar las pensiones de lujo en ese poder de la República, en el que hoy las jubilaciones pueden alcanzar los ¢9 millones.
Los diputados discuten un plan que impondría un tope máximo a las pensiones nuevas y exigiría un aporte solidario a las actuales, para financiar el mismo fondo, pues temen que el régimen no sea sostenible y golpee las finanzas del Estado. Hoy, los altos jueces acordaron dejar la definición sobre esos cambios en manos de los legisladores.
"Hago un llamado a la reflexión, a la responsabilidad, para salvaguardar la institucionalidad y dar prioridad a las necesidades del país. Propongo, como lo hice esta mañana, que la posición de la Corte en estos temas sea variada y expresamente comuniquemos que el tope y la contribución solidaria sean discutidos y resueltos en el seno de la Asamblea Legislativa", dijo este lunes Villanueva antes de someter el tema a discusión de los demás magistrados.
Posteriormente agregó ante la prensa: "Me parece que las comparecencias en la Asamblea Legislativa de las dos ultimas semanas deben hacer reflexionar a la Corte sobre la posición que ha tenido. Quiero señalar que tanto para mí como para la Corte, debe estar primero la paz, la tranquilidad y la institución (...). Cuestiones de este tipo, como lo es el tope y la contribución voluntaria no debe ser ningún motivo para poner en riesgo todo el aporte que hemos hecho para una democracia fuerte".
Hace 13 días en el Congreso, la presidenta de la Corte, Zarella Villanueva, defendió un tope equivalente al 75% del salario más alto en el Poder Judicial, unos ¢7,1 millones, mientras que los diputados y los propios gremios proponían un límite equivalente a 12 veces el salario más bajo pagado en la institución, es decir, ¢4,7 millones. Ella habló en nombre de los 22 altos jueces.
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Los magistrados ya no defenderán su propuesta debido a las críticas recibidas tras la comparecencia de Villanueva ante la Comisión Especial de Pensiones del Congreso, donde se discute el proyecto 19.922.
Allí, la magistrada también criticó la posibilidad de que la contribución solidaria, que se impondría a las pensiones de lujo, alcance un 50% del monto que se exceda sobre el tope. En un principio, el aporte que se exigiría es del 20%.
Villanueva dijo que esa media es confiscatoria e inconstitucional, lo que desató críticas de diputados, principalmente de Acción Ciudadana (PAC) y de la Unidad Social Cristiana (PUSC), en el sentido de que la Corte adelantó criterio sobre un tema que la Sala IV deberá dirimir, ante quejas de los pensionados de lujo.
Los diputados Franklin Corella y Gerardo Vargas Rojas, subjefe y jefe de fracción del PAC y del PUSC, coincidieron en esa apreciación.
En criterio de ellos, lo manifestado en el Congreso por la jerarca del Poder Judicial incluye la posición los siete miembros de la Sala Constitucional que, actualmente, estudian seis recursos contra las reducciones a las jubilaciones de lujo de exdiputados y gobierno que fueron aprobadas por el Gobierno y el Congreso, en el 2014 y en el 2016.
Diputados: Corte pudo adelantar criterio en recorte a pensiones
Hace dos años, el Ejecutivo decretó un tope de ¢2,6 millones a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional. La medida está suspendida y recurrida ante la Sala IV.
Este año, en julio, los diputados aprobaron por ley otra reforma a ese mismo régimen, que exige aportes solidarios a las jubilaciones mayores a ¢2,6 millones, los cuales alcanzan hasta un 75% sobre el monto que exceda esa cifra. Tres exdiputados del PUSC, un exministro y un exalto funcionario ya llevaron esa reforma a la Sala Constitucional.
No obstante, Villanueva niega que se haya adelantado criterio, pues alega que en la Sala IV no se está conociendo todavía ninguna acción de inconstitucionalidad o recurso de amparo relacionado con el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial.
"Ellos (los magistrados de la Sala IV) en su oportunidad si tienen que resolver, analizarán en concreto que dijeron y si tienen que resolverlo y se separarán, en este momento el tema del Fondo de Pensiones del Poder Judicial está en estado de reforma, no existe en este momento, una consulta específica respecto al fondo", expresó la magistrada presidenta de la Corte.
Inhibitorias. La propuesta a acogida por los magistrados fue impulsada por la propia Villanueva y solo contó con una abstención: la de la magistrada de la Sala IV, Nancy Hernández.
Hernández, quien integra el Tribunal constitucional, asegura que ella no expresará su parecer y tampoco resolverá ninguna consulta relacionada con las reformas al régimen de pensiones del Poder Judicial, pues considera que se vería directamente beneficiada o perjudicada.
"Está claro que si llega algún caso de pensiones del Poder Judicial a la Sala Constitucional, presentaré la inhibitoria respectiva, esperando que sea admitida. Sobre el tema, tengo plena confianza en que la Asamblea Legislativa tomará decisiones informadas y respetuosas de la Constitución y la ley respecto al régimen de pensiones del Poder Judicial", expresó la magistrada Hernández en una nota dirigida al legislador Franklin Corella, del PAC.
El presidente de la Sala IV, Ernesto Jinesta, también anunció el viernes que se abstendrá de juzgar cualquier consulta sobre los recortes a las pensiones de lujo que impulsen la Asamblea Legislativa o el Gobierno.
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Tomó esa decisión a raíz del discurso que pronunció el 20 de junio, ante todos los magistrados de la Corte Plena, en el que llamó a oponerse a los intentos de exigir contribuciones solidarias a las jubilaciones del régimen judicial.
"Voy a mantener una actitud activa y combativa, tanto en esta Corte como respaldando a todo el funcionariado judicial, en todas las marchas, reuniones y movimientos de huelga que haya", dijo Jinesta ese día.
Y añadió: "Estamos llamados a decirle a la Asamblea Legislativa que respete nuestra independencia judicial, que nuestras jubilaciones no se tocan, que no pueden ser pauperizadas ni diezmadas".
Incluso, advirtió de que los funcionarios judiciales "pueden ceder ante cualquier tipo de ofrecimiento inadecuado e irregular" si ven reducidas sus pensiones.
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Otro magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz, también se manifestó meses atrás en contra de los recortes a las pensiones de lujo.
En diciembre del 2014, Cruz criticó que exista músculo político para modificar las jubilaciones. Alegó que no existe ese músculo para revisar los altos costos de los alimentos y las medicinas en Costa Rica, los cuales calificó como "los más caros de toda Centroamérica".
"En este país se dice que no se pueden tomar decisiones y que es ingobernable, pero sacan músculo para los jubilados, es decir, para los jubilados sí hay músculo político y múltiples iniciativas”, declaró Cruz, ante sus compañeros de la Corte Plena.
Él no ha manifestado si se inhibirá de conocer los recursos o acciones que ingresen a la Sala IV sobre este tema.
Por su parte, José Manuel Arroyo, de la Sala III, manifestó, la tarde de este lunes, que todos los magistrados tienen la autoridad moral para hablar sobre el tema de pensiones porque pagan puntualmente todos los impuestos y las cotizaciones que les corresponden.
"Creo tener la autoridad en el tema de pensiones de haber aportado durante estos 38 años entre un 9% y un 11% de mi salario conforme fue decidido en un principio, frente a otros regímenes que no pasan del 2% o 3% del aporte personal. De manera que nunca he sentido que me estén regalando nada, ni que yo tenga que excusarme como si estuviese haciendo un acto indebido de el tema de la eventual pensión".
"(...) Creo también la autoridad de hablar desde la posición de quien ha pagado puntualmente todos los impuestos. Aunque hubiera querido, no hubiera podido eludir ni un cinco de impuestos de renta, que es lo que me corresponde como servidor público. Yo no sé si todos los ciudadanos de este país y muchas de las voces que ahora nos critican y hasta nos insultan podrían estar en posición de hacer esta afirmación que estoy haciendo yo, y que sé que vale para todas y todos los aquí presentes (Corte Plena). Tenemos la autoridad moral de haber pagado siempre nuestros impuestos, eso es un hecho que es incontrovertido, que se puede demostrar", declaró Arroyo.