El presidente Luis Guillermo Solís afirmó estar anuente a que los diputados, el Ministerio Público y la Contraloría "revisen todo lo que tengan que revisar, y que investiguen todo lo que tengan que investigar" en relación con la 'pifia' de 80 metros que el MOPT incluyó adrede en el contrato de construcción de la vía que conectará la Ruta 32 con la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
El error premeditado subió en $14 millones el valor de la vía de 2 kilómetros. Al final, la obra costará $86 millones y no, $72 millones como se pactó, en un principio, con el Consorcio del Atlántico.
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Solís reaccionó con tranquilidad ante el torbellino que vive el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Carlos Villalta, a quien los diputados señalan como el responsable del incremento en el costo de la vía.
"Que revisen todo lo que tengan que revisar y que investiguen todo lo que tengan que investigar. Que todas las observaciones críticas que se tienen que hacer, que se hagan. Don Carlos nunca se han escondido ni de los señores diputados, ni de los medios de comunicación, ni de las instituciones contraloras (...). No hay absolutamente ninguna razón para que esa no siga siendo la actitud del Gobierno", manifestó el gobernante.
Solís justificó que la ruta va en tiempo y que las explicaciones que ha dado Villalta "son de recibo".
El ministro de Obras Públicas alega que el contrato se tuvo que sacar a concurso con ese desfase de 80 metros, porque en esa zona el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) no tramitó los estudios de impacto ambiental necesario. Además, alegó que no se podía gestionar uno nuevo porque eso atrasaría la obra un año e impediría que este lista en enero del 2018.
Si se incumple con ese plazo, el país perdería el descuento de $20 en la tarifa por cada contenedor que se movilice en la nueva terminal, que ofreció la desarrolladora del megapuerto APM Terminals.
Sin embargo, el MOPT conoce de ese desfase desde el inicio de esta administración y aunque transcurrieron dos años antes de que se sacara a concurso la contratación, nunca se tramitó un nuevo estudio ambiental.
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Política electoral
Para el mandatario Solís ocurre que en la discusión que se levantó alrededor de 'error planificado' hay matices de política electoral.
"Yo soy poco dado a andar hablando de corrupción, como lo hacen con frecuencia, hasta no tener los elementos que me permitan afirmar algo de manera contundente. Si esas declaraciones están siendo dadas con fundamento, ya tendremos oportunidad de confirmarlas, en cuyo caso tomaremos las decisiones que haya que tomar", adelantó.
El gobernante reforzó las decisiones que ha tomado su gobierno en torno a la vía para cumplir con los plazos de entrega en tiempo y recalcó que mira a su administración como una libre de actos de corrupción.
"Con mucha tranquilidad estoy de que se podrán explicar todas las diferentes variables de este tema que es complejo y que cuesta explicar por los diferentes momentos por los que ha pasado toda la tramitología referida a la ruta 257", zanjó Solís.
Al mismo tiempo, se opuso a la decisión del ministro Villalta de no investigar la 'pifia premeditada' hasta que se culmine con la construcción de la ruta, en criterio de Solís, el caso se debe de investigar de inmediato para eventualmente sentar responsabilidades.
"Este es un país en el que generalmente las investigaciones no quedan truncas. No tengo en ello ningún miedo. No solamente hay que garantizar que no se cometan actos de corrupción, como se ha visto en esta administración, sino que hay que impedir que haya impunidad si se logran confirmar los actos de corrupción", adujo.
Continuidad de jerarca
Sobre el futuro de Villalta, el mandatorio dijo que toma nota de las solicitudes de los diputados de cesar al jerarca producto del escándalo provocado por la pifia.
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"Pedir la renuncia de los ministros se ha convertido en un deporte nacional en la Asamblea Legislativa. Les convocan como nunca en número a comparecencias, lo cual a mí me parece muy bien. Cada vez que los diputados así lo han querido se ha ido a rendirles cuentas que requieren, tienen todo el derecho de hacer petición. Pero en este momento el señor ministro está cumpliendo con sus tareas de manera adecuada y me parece que sí hubiera una prueba (de corrupción) ya veríamos, pero no la hay, en esa materia no veo ningún cambio inminente", declaró Solís.
Así respondío Solís a la solicitud que le hicieron diputados de cinco fracciones para que Carlos Villalta deje de formar parte de su gobierno.
Se trata de los jefes de fracción de Liberación Nacional (PLN), Maureen Clarke; del Frente Amplio, Edgardo Araya; Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana; Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense; y Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional.
El presidente Solís insistió en que no hay corrupción en este caso, tal como lo afirmó el diputado del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC) Ottón Solís, quien dijo que la pifia planificada era "corrupción pura".
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"Andar gritando acusaciones puede resultar absolutamente prematuro y en esto tenemos una importante tarea que cumplir, que es terminar la ruta 257 y garantizar que la conectividad con la TCM se cumpla en tiempo, para aprovechar los beneficios", enfatizó.