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El presidente Luis Guillermo Solís omitió mencionar el caso del cemento chino en su informe final ante los diputados aunque el tema estaba en el texto de su discurso.
En el plenario, este miércoles, Solís evadió los episodios sobre aparente tráfico de influencias y presunto otorgamiento irregular de créditos de la banca pública al importador de cemento, Juan Carlos Bolaños.
Cuestionado por los medios de comunicación sobre la decisión de omitir ese asunto de su informe oral, el mandatario alegó que se trataba de un caso que ya tenía una "amplia cobertura" en la página 62 de la versión larga del documento.
"Era un discurso que ya tenía una suficiente longitud y creo que, al dejar el documento verbal, a la par del otro está igualmente recogido ahí. Está en el acta", alegó.
"La amplia cobertura" que justificó el mandatario sobre el escándalo del cemento son tres párráfos entre las 96 páginas del mensaje a los diputados.
En esos párrafos, dijo que mencionaba "con dolor" los acontecimientos sobre las "presuntas irregularidades" sobre la importación del cemento chino.
"Solo cabe indicar que el Gobierno de la República ha facilitado en toda forma posible las investigaciones que al respecto desarrollan el Ministerio Público y la Fiscalía General, y ha estado en la mejor disposición de colaborar con la Fiscalía en todo lo que esta ha requerido", dice el documento.
El discurso escrito también mencionaba la comparecencia de Solís ante la Comisión Especial Investigadora de los Créditos Bancarios, en agosto del año pasado. Reafirmó que no recibió dádivas y que no participó ni autorizó actividades ilegales orientadas a beneficiar a ningún empresario involucrado en la importación del cemento.
"Asimismo, expliqué detalladamente las razones comerciales que privaron en la decisión del Gobierno de romper el duopolio del cemento en Costa Rica, y me manifesté rotundamente opuesto a los aviesos intentos de algunos medios de comunicación y partidos políticos, de incriminarme en una trama espuria, por medio de titulares tendenciosos carentes de todo fundamento real", dice el discurso escrito
En declaraciones a los medios, Solís insistió en el ese capítulo es "largo" y no solo se habla del "cementazo", sino también de la "transparencia, del mejoramiento de los índices de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), de todo lo que se ha logrado en vía digital de contratos, salarios y prácticas de transparencia".
El importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, descuenta prisión preventiva, pues la Fiscalía General sospecha que cometió cuatro delitos: peculado, tráfico de influencia, denuncia calumniosa y simulación de delito.
A él se le cuestiona por dos líneas de crédito por hasta $30 millones que obtuvo su empresa Sinocem Costa Rica en el Banco de Costa Rica (BCR) para traer al país cemento desde China y por las cuales quedó debiendo $25 millones.
Reformas al sistema financiero
En el documento de 95 páginas que distribuyó Casa Presidencial, el presidente Solís también habló sobre la gestión de la Junta Directiva del BCR y del Banco Nacional (BN) y de las “irregularidades” señaladas por órganos de control.
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), por ejemplo, el año pasado, cuestionaron el quehacer de la cúpula del BCR por el manejo de los préstamos aprobados a Juan Carlos Bolaños.
Sobre ese particular, el gobernante saliente insistió en la necesidad de aprobar, en el seno del Congreso, reformas para modificar la designación de los directivos y mejorar las prácticas de control administrativo en los bancos del Estado.
“Las irregularidades en el gobierno corporativo señaladas por los entes de control en las Juntas Directivas del Banco de Costa Rica y el Banco Nacional fueron enfrentadas de manera enfática y contundente, bajo el absoluto respeto al derecho de defensa de los investigados y al procedimiento administrativo sancionatorio al que obliga la ley".
“Como país, tenemos el desafío de discutir reformas legales que perfeccionen el accionar de las instituciones autónomas y las empresas públicas mejorando, entre otras cosas, el procedimiento para nombrar a las personas miembros de Juntas Directivas y el apego de estas al Gobierno Corporativo definido para la entidad. Mediante decretos y directrices, hemos avanzado en la mejora de las normas de gobierno corporativo de las empresas públicas, pero en el futuro deben considerarse medidas legislativas adecuadas”, expresó el mandatario.
