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El Partido Liberal Progresista (PLP) lanzó un nuevo planteamiento sobre el monto del endeudamiento externo que están dispuestos a aprobar al Gobierno mediante una colocación de eurobonos.
Luego de insistir durante meses en que se debían autorizar solo $1.500 millones, por la falta de claridad de la ruta fiscal del Gobierno, ahora la bancada del PLP propone autorizar los $6.000 millones solicitados por el Poder Ejecutivo, siempre que el Gobierno cumpla determinadas metas fiscales.
Así lo plantea un borrador de texto sustitutivo elaborado por el jefe de bancada del PLP, Eli Feinzaig, junto al diputado del mismo partido, Gilberto Campos, miembro de la Comisión de Asuntos Económicos, donde se discute este endeudamiento internacional.
La propuesta pide que se autoricen al Gobierno a colocar $1.500 millones de eurobonos al primer año, y los restantes $4.500 millones distribuidos a lo largo de los siguientes tres años.
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Campos asegura que no existe un cambio de criterio de su partido sobre el monto de eurobonos. Argumentó que, ante la falta de una ruta fiscal clara de parte del Gobierno, el PLP está condicionando una autorización de $6.000 millones a cambio de incrementar el superávit primario y reducir la deuda pública.
La misma posición justificó Feinzaig. “El Gobierno no ha presentado su ruta fiscal tal cual, pero nosotros entendiendo de los problemas que se le pueden generar a la ciudadanía costarricense en caso de que esta negociación se empatane, nos dimos a la tarea de definir esa ruta fiscal y, por tanto, pusimos metas de máximo de endeudamiento que son bastante más exigentes que los compromisos adquiridos por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, dijo el vocero del PLP.
Metas fiscales como condiciones
Entre las metas que el PLP exige está que el Gobierno finalice el 2022 con un superávit primario del 1,2% del producto interno bruto (PIB), un 1,5% para el 2023, un 2% para el 2024, un 2,4% para el 2025 y un 2,6% para el 2026.
El superávit primario es la diferencia entre ingresos y gastos corrientes, sin contar el pago de los intereses de la deuda. En marzo del 2022, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el Gobierno alcanzó un superávit primario del 0,85% del PIB equivalentes a ¢361.762 millones.
Para junio anterior el superávit primario mejoró a 1,3% del PIB, equivalentes a ¢576.970 millones, asegura Hacienda.
El PLP exige que la deuda pública no supere el 68,2% del PIB al finalizar este año y que baje al 68% al terminar el próximo año, a fin de que termine en un 64,6% en el 2026.
Las metas sobre el endeudamiento que plantea el Liberal Progresista no son solo porcentuales, sino que también tienen que ver con el saldo y el pago de intereses. Exige que el saldo del endeudamiento baje cada año de vigencia de la autorización, desde un máximo autorizado de ¢28,9 billones en el 2022, según el texto.
“En ningún caso, el saldo de la deuda total del Gobierno Central, así calculado, podrá superar el del ejercicio anterior”, exige el texto.
El saldo de la deuda pública para finales del mes de junio alcanzó los ¢28,09 billones, indicó Hacienda, mientras que la Contraloría General de la República (CGR) la situó en ¢28,9 billones, el mismo monto que establecería el PLP para finales de año.
La diferencia en las cifras obedece a que el Gobierno negoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en ¢642,7 el tipo de cambio para colonizar la porción de la deuda pública colocada en dólares, precio inferior a los ¢684,76 de la compra oficial registrada por el Banco Central de Costa Rica al 30 de junio del 2022.
Con relación al pago de intereses de la deuda del Gobierno, el PLP exige que esta se ubique en 5,1% del PIB al finalizar el 2022 y que luego baje entre 1 y 0,5 puntos porcentuales en los próximos cuatro años, hasta quedar en 2,4% de la producción al finalizar el 2026.
Feinzaig aseguró que las metas recibieron el visto bueno de Hacienda. “Entienden la importancia de desentrabar esta negociación, así como de asumir un compromiso”, aseguró.
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Cambio de postura
Al rechazar que su partido cambió de criterio sobre el monto, el diputado Campos dijo: “No hay ningún cambio. Nosotros dijimos desde el principio que necesitamos ver una ruta contundente de contención del gasto para poder avanzar a una negociación de ¢6.000 millones. Ante el hecho de que no tuvimos esa propuesta, nosotros nos sentamos a construirla (porque) los vencimientos son en enero”, justificó Campos.
Eli Feinzaig, por su parte, planteó hace dos meses que se debería autorizar una sola emisión de $1.500 millones tomando en cuenta que la inflación en los Estados Unidos casi llegaba al 10% en el mes de julio y que las tasas de colocación eran elevadas.
Feinzaig añadió, en un espacio de control político en el plenario, que solo se autorizarían ¢6.000 millones cuando el Gobierno presentara una reducción del endeudamiento y su costo.
“Cuando el Gobierno nos presente esa ruta podremos hablar de $6.000 millones. De lo contrario, en este momento, nos mantenemos en la posición que anunciamos hace una semana de que hay que aprobar $1.500 millones en este momento porque urge, porque tenemos un vencimiento enorme en el mes de enero y otro en el mes de junio del próximo año, y sentémonos con tiempo a negociar los otros $4.500 millones con métricas claras”, indicó Feizang el 26 de julio en el plenario.
Sin embargo, el gobierno presentó recientemente un proyecto de ley para flexibilizar la regla fiscal que le permitiría aumentar el gasto corriente en ¢140.000 millones el año entrante. Además, el proyecto de presupuesto del 2023 que, si bien crece poco excepto el servicio de la deuda, contempla un aumento de casi ¢20.000 millones para el eventual pago retroactivo de remuneraciones en el Gobierno, de los años 2021 y 2022 que el anterior Congreso eliminó.
